Con la fundación de la II República y la consecuente abolición del ejército, nuestro país tomó la senda por apostar en la educación, constituyéndose en pilar fundamental de nuestro sistema público. Un sistema de educación, que con el aporte de los costarricenses, ha hecho posible una cobertura universal e incluyente.
La educación ha sido la herramienta para lograr la integración socioeconómica que ha sostenido nuestro país; sin embargo, en tiempos actuales se ha marcado una desigualdad educativa, y aunque nuestro país ha tenido avances notables, las exigencias del mercado han venido a ensanchar la brecha entre ricos y pobres.
El país debe asumir el reto de la educación dual, no solo para paliar la desconexión que ha existido entre el sistema educativo y el sistema productivo (excluyendo los Colegios Vocacionales y programas que ha venido desarrollando el Instituto Nacional de Aprendizaje), sino para que la educación contribuya y siga siendo el motor a la formación de una ciudadanía informada, humanista y con memoria histórica. Lo anterior tiene relevancia especial si se pone en el contexto socioeconómico actual, el de la reactivación económica.
Es necesario que se orienten políticas educativas para enfrentar la exclusión estudiantil, mejorar la infraestructura y así aspirar a una mayor equidad en las oportunidades educativas. Esto, consecuentemente, podría tener efectos positivos que vayan a mejorar la deseada reactivación económica; lo que implica una necesaria conexión entre la política económica y la educativa.
El acceso a una educación más integral y completa, nos guste o no, sigue siendo un privilegio de las clases altas, la polarización entre escuelas privadas y escuelas públicas, es reflejo de una sociedad jerarquizada, lo cual, repercute negativamente en el mercado laboral y por ende en la economía del país.
Pese a los cambios dados por la globalización y la demanda del mercado, no se debe desvirtuar la concepción de educación como un bien público, heredado por ese Estado Social que ha distinguido a Costa Rica frente a las demás naciones de la región, y lo ha convertido en una insignia para el desarrollo. Es así como hay que apostar y fortalecer la calidad de la educación, el acceso universal y evitar la exclusión, ya que en la educación donde se desarrollan las destrezas necesarias para el acceso al mundo laboral y el mercado económico.
Ese acceso debe ir aparejado con mecanismos que le den seguridad a las personas en su relación de trabajo, donde sus derechos sean respetados, y la contraparte se satisfaga por el servicio brindado. Es urgente para el país reactivar la economía, ya que los niveles de desempleo, pobreza e informalidad van en aumento. Posiblemente la última reforma sufrida en materia de educación logre un mayor dinamismo económico, y será el tiempo el que nos indique la necesidad de optar por una regulación más garantista para el estudiantado, por lo que el Estado debe asumir ese reto evolutivo y transformador. Se debe encontrar un punto de convergencia donde las grandes transformaciones reconozcan la primacía de la realidad.
Estudiar en una universidad privada, muy al contrario de la idea que se tiene, no es únicamente para personas de altos recursos económicos. Esa población está integrada por jóvenes que se encuentran inmersos en el ámbito laboral y requieren financiar sus estudios. Estamos hablando de trabajadores, padres de familia, amas de casa, entre otros; quienes por diversas razones, no han tenido la oportunidad de estudiar en una institución pública de educación superior.
Para activar la economía y mejorar la inserción laboral, se hace pertinente la necesidad de que la fijación de tarifas en los centros educativos universitarios privados se basen en criterios técnicos, para que dicho acceso sea más asequible y permita una inserción en el campo del trabajo más rápida para los profesionales. Es una necesidad de primer orden para el país, lo que coadyuvaría enormemente en su desarrollo. Es así como las universidades privadas también deben colaborar con la democratización y universalización de la educación universitaria, recordemos que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental.
En otro orden de ideas, el artículo 78 de nuestra Carta Magna dispone que el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) es el monto que el Estado debe destinar para financiar la Educación Pública en todos sus niveles. Sin embargo, dicho precepto no se cumple, lo que constituye que el Estado se encuentre en un incumplimiento constitucional, y para hacer efectiva dicha disposición es necesario garantizar que los nuevos ingresos que obtenga el Estado mediante las reformas tributarias del último año (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Ley del Impuesto al Valor Agregado), sean destinados prioritariamente a financiar los programas de educación pública. Es indispensable fortalecer el financiamiento de la educación, si realmente queremos democratizar y fortalecer su universalización.
El fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles, debe ser un objetivo del más alto interés para lograr la reactivación económica de nuestro país. Es importante tomar en consideración la capacidad de adaptación del sistema educativo frente a los cambios científicos y tecnológicos, así como la implementación de medios didácticos modernos.
Los centros educativos deben preparar al estudiantado tomando en cuenta los puestos con mayor demanda laboral, los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial, y las necesidades inmediatas del país. Así las cosas, la adopción de estas medidas, logrando modernizar la legislación vigente, es vital para que el país camine hacia el desarrollo, siempre guardando el respeto al marco del Estado Social de Derecho. Universalizar y masificar el acceso a la educación es un interés fundamental que produce beneficios para toda la colectividad, lo cual beneficia a la economía nacional y a la sociedad en su conjunto.
Como lo diría Emmanuel Kant: “Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él”.