No se puede negar que, para un sector importante de la población costarricense, el consumo de drogas se convierte en una opción atractiva con la capacidad de provocar sensatas emociones de placer. Sin embargo, la edad de inicio y la ausencia de control hacen que el uso desmedido lo convierta en un problema individual, familiar y comunitario.
Según el Informe de Situación Nacional sobre Drogas y Actividades Conexas Costa Rica 2016, el inicio del uso de drogas se ubica en la adolescencia temprana, junto al consumo de alcohol y de marihuana, en primer y segundo lugar respectivamente. Esta situación genera que la prematuridad del caso acentúe la dificultad de un desarrollo personal y socioeconómico óptimos.
De esta manera, las drogas se asocian a indicadores sociales como la pobreza, la violencia, la enfermedad, la exclusión social, el narcotráfico, la inseguridad, los accidentes de tránsito y la muerte, entre otros. No discriminan a ningún estrato de la sociedad, convirtiéndolas en un problema de salud pública merecedor de ser atendido desde diferentes aristas e involucrando a todos los sectores del Estado y así entonces, prevalezca el abordaje integral en defensa de los derechos humanos.
En este sentido, Costa Rica ha buscado mantenerse a la delantera respecto a otros países en la formulación de políticas, planes y programas que lleven el propósito de disminuir el impacto de las sustancias psicoactivas en el bienestar de las personas. Su desarrollo se ha visto influenciado por las transformaciones sociales de las últimas décadas que inició con la idea de la penalización, evolucionando hasta la idea de la descriminalización; estrategia que se establece en la Ley 8.204.
Es importante señalar que a partir de la Ley 8.289, se le adjudica esta gestión al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). No obstante, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) ha sido el ente encargado de elaborar el Plan Nacional sobre Drogas, muy enfocado en la reducción de la oferta y de la demanda. También, se ha concientizado la protección de grupos etarios vulnerables a partir de las leyes 5.395, 7.739, 8.093 y 8.261.
Además, desde mi punto de vista, un hecho de gran importancia fue la creación de la política nacional de Salud Mental, ya que estimula la promoción desde principios esenciales como la universalidad, la equidad, la solidaridad y el género, por citar algunos de sus ejes de acción. Su marco de implementación se justifica en la Atención Primaria de Salud renovada, como estrategia integral de asistencia sanitaria accesible para todos los habitantes, la cual busca garantizar los mayores niveles de salud.
En el país, la intervención se brinda desde instituciones gubernamentales y no gubernamentales, siendo la abstinencia la principal línea de tratamiento. Sin embargo, a pesar del predominio del paradigma biomédico, se ha incursionado en el enfoque de reducción del daño. No se debe condenar ni una ni otra, al contrario, se deben comprender como insumos que podrían complementarse para atender este problema.
La institucionalidad del Estado promulga la integración de acciones desde la prevención (universal, selectiva e indicada), el tratamiento y la rehabilitación psicosocial; de ellas, se deben procurar los recursos adecuados para garantizar la recuperación según el trabajo conjunto de diferentes actores. Lamentablemente, la etapa de implementación ha caminado a paso lento. Empero, esto no depende solamente del gobierno sino también de quien desee aportar en esta lucha diaria.
La respuesta del sistema de salud se ha visto reflejada en diferentes áreas. Con pena no podría escribir sobre todas, pero elijo algunas. Señalo en primer lugar, la creación de los Equipos Interdisciplinarios de Salud Mental (EISAM), cuyas cualidades se centran en el abordaje de los trastornos mentales como por ejemplo el consumo de sustancias. La intervención de los EISAM se realiza desde diferentes enfoques según las necesidades identificadas y se dirige a personas, familias y grupos.
En segundo lugar, PROCCERTRAD-CR apoyado en una iniciativa de la CICAD-OEA, es un programa de formación que se dirige a la homologación de criterios, las consejerías, la reducción del daño y la capacitación. Mantiene una oferta anual de cursos dirigidos a quienes se desenvuelven en el tratamiento de las drogas. De este programa recibí mi formación en consejerías de adicción a drogas.
Y, en tercer lugar, las actividades de acción social impulsadas por la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, el TC687, del cual soy profesor responsable, utiliza una metodología de participación social basada en el enfoque de habilidades para la vida en diferentes centros educativos. Este busca ampliar los factores protectores fortaleciendo el empoderamiento en áreas cognitivas, emocionales y sociales que prevengan el consumo de drogas.
Es relevante comprender que el manejo desde la prevención inicia cuando se rompen los lazos del prejuicio y del estigma. Se ha documentado que el apoyo social le brinda a las personas consumidoras y dependientes sentimientos de pertenencia, devolviéndoles la motivación necesaria para trazar metas que mejoren su calidad de vida.
El acceso a los diferentes servicios conjugado con el acercamiento de la comunidad, les hace extensiva la invitación al cambio, al devolverles la propiedad de seres humanos. Esto se ha logrado a partir del trabajo de voluntariado que se desarrolla en diferentes cantones de todas las provincias como por ejemplo la propuesta “Chepe se baña”.
Además, existe la evidencia de que el apoyo educativo sobre alimentación variada y balanceada, el ejercicio, la buena higiene personal, el manejo del estrés, los chequeos médicos periódicos y la sexualidad, vuelven a las personas más sanas y felices. Por último, debe existir un compromiso de toda la población para crear una conciencia de responsabilidad social que promueva la justicia y la inclusión de cada persona.
Recuerda que nuestro sistema de valores nos vuelve más proactivos y capaces de superar cualquier barrera. ¡Por mí mismo, por las demás personas y por el país!