Diálogos sobre el Bienestar


¿Dónde poner el énfasis cuando hablamos de reactivación económica?

El Gobierno debe impulsar la reactivación económica a partir de la inversión en infraestructura.

Desde el año anterior el Gobierno ha venido planteando acciones para lograr la reactivación económica. Primero, en setiembre de 2018 se propuso una serie de tareas que buscaban ese objetivo y recientemente, en junio, se relanza dicho plan; siendo evidente que la propuesta del año anterior no estaba dando los resultados esperados, por lo que ha sido necesario hacerle un remozamiento. 

Posiblemente, en este momento se está planteando la necesidad de lanzar un tercer plan, sobre todo, luego de la revisión del Programa Macroeconómico que hiciera el Banco Central, planteando un menor nivel de crecimiento del PIB respecto de lo pronosticado al inicio del año.

Dicha instancia baja la previsión del crecimiento en julio de 2019, donde el PIB crecería 2.2% sobre el 3.2% que se pensó anteriormente. Aunado a lo anterior, el déficit fiscal podría llegar a crecer al 6.3% del PIB.

Podría pensarse que reactivación es solo lograr que la economía nuevamente empiece a crecer a niveles por encima de lo que se ha venido dando en los últimos años; sin embargo, vano sería ese esfuerzo si no se logra revertir el crecimiento en las tasas de desempleo, por lo que no se trata de crecimiento por el crecimiento mismo, sino que deberían focalizarse los esfuerzos en aquellas actividades que son generadoras de empleo para sectores laborales con competencias que, las áreas más dinámicas de la economía en los últimos años no han sido capaces de absorber, como es el caso de las zonas francas.

En ese contexto es donde debemos analizar el tema de la reactivación:

El papel del Estado. Podría pensarse que con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9.635), la posibilidad de implementar una política fiscal expansiva se está limitando, ya que lo que se busca, más bien, es reducir el impacto del gasto en la demanda agregada y recaudar más recursos para hacerle frente a la deuda que aqueja al Gobierno, no para gastar más. 

El Estado no solo cuenta con la política fiscal para incentivar la actividad económica, sino que tiene a mano la política monetaria como un medio para aumentar la capacidad de gasto y de inversión de los agentes económicos (topes de cartera, tasas de interés, reducción costos de intermediación). También tiene una cartera de proyectos de infraestructura que, con las acciones adecuadas, puede impulsar la reactivación.

Adicionalmente, el Gobierno tiene la gran tarea de recuperar la confianza de los agentes económicos para asegurarse que las decisiones económicas de inversión y más gasto no se sigan posponiendo.  Esto implica hacer creíble la política de reducción del gasto público, ya que, frente a las presiones de los sindicatos y ciertos grupos de poder, siempre aparece la tentación de ceder y empezar a excluir a instituciones y sectores de normas como la regla fiscal o las reglas de los incentivos salariales.  

Si bien, la autonomía es un pilar del Estado de derecho creado desde 1949 y es un dinamizador de la economía y la sociedad, esta autonomía no puede estar por encima del interés público, que deriva de racionalizar el gasto y devolver las instituciones a los ciudadanos, ya que estas no se crearon para beneficio de quienes trabajan en ellas, sino, para impactar positivamente a la ciudadanía que las sostiene y a quien se deben en la prestación del servicio público.

El papel del sector privado. Inútil será cualquier esfuerzo del Estado por crear condiciones facilitadoras para promover un crecimiento en la producción, si el sector privado no pone su parte. La primera manifestación de los sectores privados organizados es proponer planes de acción con ocho o diez medidas que se consideran las más importantes para poner la economía a crecer a un ritmo más acelerado.

Empero, dichas medidas siempre se enfocan desde el lado del sector público, como la tan llevada y traída simplificación de trámites, el incremento en la eficiencia en la prestación de servicios públicos y otras que, si bien son necesarias, y siempre forman parte del libreto de mejora del Estado, no tienen en sus propuestas los compromisos que asumen las empresas con la necesidad de generar más empleos, disminuir la informalidad, promover nuevas inversiones y otras acciones. 

Esto responde a la lógica de que quienes generamos empleo y producción somos el sector privado, quienes pagamos impuestos y sostenemos a las instituciones somos el sector privado, pero ello, no nos exime de aportar también una cuota para tener y crear confianza.

Las actividades económicas a potenciar. Es necesaria la focalización o el direccionamiento de la reactivación hacia aquellas actividades que generan mayor nivel de empleo para mano de obra que no es necesariamente calificada.  En este sentido, de acuerdo con el BID, en un estudio que relaciona la inversión en infraestructura con la productividad laboral, es en esta área donde se pueden concentrar los esfuerzos para activar la economía y el empleo.

Según el estudio del BID (Informe Macroeconómico para América Latina y el Caribe, 2019), analizando el impacto de la inversión en los sectores de transporte, construcción y electricidad, gas y agua, se determina una correlación positiva en el aumento en la productividad de la agricultura, manufactura y servicios, obteniéndose las siguientes estimaciones:

 

Elaboración propia con datos del Informe Macroeconómico para América Latina y el Caribe del BID, 2019

Concluye dicho informe que: ”sumando los resultados en todos los sectores, se establece que las inversiones en el sector de electricidad, gas y agua incrementan la productividad en la agricultura, la minería y las manufacturas. Las inversiones en transporte son particularmente pertinentes para el aumento de la productividad en los sectores de la agricultura y los servicios. Y las inversiones en la construcción son relevantes para el aumento de la productividad en todos los sectores económicos.” 

Con esta evidencia empírica, es posible afirmar que la reactivación debe pasar por el impulso a la inversión en infraestructura. Claro, es posible que se piense que con la cantidad de créditos para infraestructura que están sin ejecutar o a medio ejecutar, o promoviendo las concesiones o Alianzas Público-Privadas, es muy sencillo tomar ventaja de la conclusión del estudio del BID, lo cual puede ser real en el mediano plazo.  Sin embargo, la realidad que enfrentamos con niveles de desempleo que casi llegan al 13% y un crecimiento en la producción de menos del 1,6% en lo que va del año, no admiten únicamente soluciones de mediano plazo.

Echar mano de la infraestructura para reactivar la economía, obliga a identificar proyectos que puedan iniciarse en el corto plazo. Teniendo claros dichos proyectos, parece urgente intervenir las instancias responsables de su gestión, para dar el salto que se requiere para su arranque. Un ejemplo de estos puede ser el plan de construcción de escuelas y colegios, que están dispersos en todo el territorio nacional, lo que tiene un radio de impacto mucho más amplio. 

Dada su incapacidad de gestión, es recomendable intervenir las instancias responsables para poder impulsar un desarrollo rápido, tal es el caso de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) y el Fideicomiso a cargo del Banco Nacional. Los proyectos de carreteras, como Barranca-Limonal y las obras impostergables de la General Cañas y Bernardo Soto exigen una coordinación interinstitucional para permitir su inicio a la brevedad.  No podemos tardar años para dar inicio a obras necesarias y cuyo impacto en la economía se puede percibir en el corto plazo.

Lo anterior permite impulsar la reactivación en áreas en que está probado su impacto positivo en el crecimiento económico y en la mejora en las tasas de empleo, sin afectar la política fiscal de racionalización del gasto y la deuda.

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