- Diálogos sobre el Bienestar, Tercer Fascículo – FLACSO Costa Rica
Solución integral para el problema fiscal
Durante los últimos nueve años se ha mantenido un nivel de déficit fiscal históricamente alto que ha llevado al país a una situación de endeudamiento insostenible. Esto representa una amenaza a la estabilidad económica y, de no atenderse, podría conducir a una crisis con consecuencias especialmente dañinas para las personas de menores ingresos, vía más inflación y mayor desempleo. El problema es muy serio pues desde el 2009, el gobierno tiene déficit primario, es decir, tiene un faltante aun sin contemplar el pago de intereses.
Si bien es cierto esta situación tiene diversas causas estructurales acumuladas a lo largo de décadas, también es cierto que las últimas tres administraciones no han ejecutado una política de gasto consistente con la gravedad del problema.
La delicada situación fiscal amerita una solución que cumpla con dos objetivos: ser sostenible en el tiempo y balanceada en términos de las medidas de gasto y de ingreso para restituir el equilibrio fiscal. Nuestras propuestas van en esa dirección:
Primero, el Partido Unidad ha promovido y apoyado el proyecto de ley N 20179 con el fin de establecer una regla fiscal a nivel constitucional que garantice la estabilidad fiscal ante gobiernos irresponsables. De acuerdo con el proyecto mencionado, cuando un Gobierno presente un presupuesto con gastos corrientes mayores a los ingresos corrientes o cuando la deuda del Gobierno Central alcance un 50% del PIB, requerirá de mayoría absoluta para su aprobación. En caso de no lograrse esa mayoría, se entenderá como aprobado el presupuesto del año anterior. Permite, además, recortar cualquier rubro del gasto, incluidos los compromisos de gastos previstos por leyes ordinarias, para restituir el equilibrio presupuestario.
Segundo, limitar el crecimiento de las transferencias, nótese que no se disminuirían sino que se controlaría su crecimiento, mediante: (a) Los mecanismos ya mencionados en la regla fiscal constitucional, (b) El apoyo al proyecto de ley para el Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central (expediente N 20179), para que sea la Asamblea Legislativa, y no la Contraloría General de la República, quien apruebe los presupuestos de los órganos desconcentrados del Estado, (c) La asignación del presupuesto de las transferencias con base en la evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos, (d) La promoción de la autosuficiencia de los entes desconcentrados que cuentan con ingresos propios.
Tercero, ordenar los salarios públicos y evaluar el desempeño de los funcionarios. Para ello, se propone: (a) Limitar el crecimiento de las plazas a no más del 1,5% y no reponer más del 20% del personal que se retira. (b) Restringir el otorgamiento futuro de los llamados pluses para que se apliquen solo en casos estrictamente necesarios, pero sin afectar derechos adquiridos. (c) Proponer legislación para limitar anualidades que superen el 2,5%, (d) Evaluar el desempeño de funcionarios de acuerdo al cumplimiento de metas institucionales y aplicar los mecanismos de incentivos (anualidades y otros) en función de dicho cumplimiento.
Cuarto, en este contexto de medidas de ordenamiento del gasto público y responsabilidad fiscal, y poniendo como requisito esencial la regla fiscal a nivel constitucional, discutir la transformación del impuesto sobre las ventas en un impuesto sobre el valor agregado pero sin aumentar la actual tasa del 13%. Esta transformación consiste en ampliar la base del actual impuesto sobre las ventas a todos los servicios y no solamente a los bienes y a algunos servicios como se aplica actualmente. Esta medida permitirá, además, tener un mejor control cruzado con el impuesto sobre la renta de las actividades de servicios, lo cual contribuirá a cobrar mejor los tributos ya existentes, reduciendo la elusión o evasión fiscal.
Todo lo anterior constituye una visión integral de cómo alcanzar y, en especial, mantener la estabilidad económica: articula los esfuerzos para mejorar la recaudación y, sobre todo, para controlar el crecimiento del gasto público, anclándolos con la instauración de un mecanismo que le garantice a los costarricenses que cualquier esfuerzo por mejorar la situación fiscal tendrá un efecto duradero, como es la regla fiscal a nivel constitucional.
*Información suministrada por los Partidos Políticos a FLACSO sede Costa Rica
