La violencia afecta a todas las mujeres, a las indígenas, afro, rurales, de la ciudad, amas de casa, profesionales, adultas, adolescentes, niñas y se presenta de diferentes maneras (sexual, física, económica, emocional o psicológica, simbólica), configurándose como uno de los mayores obstáculos en la construcción de la igualdad de género en nuestro país.
Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una de las principales problemáticas que amenazan la seguridad es el crimen o delincuencia “común”, que representa alrededor del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y supone un obstáculo sustancial para el desarrollo.
Si se observa directamente la violencia contra las mujeres, se encuentra que solamente el homicidio femenino supone el 0,31% del PIB en América Latina y el 0,12% en el mundo, esto sin contar el resto de costos asociados a la violencia específica que vivimos las mujeres.
La seguridad ciudadana debe ser entendida como una “pacto de convivencia” en el que se tomen en cuenta las necesidades y subjetividades de todas las personas. Por esto es vital que las mujeres reivindiquemos el derecho a definir la seguridad ciudadana desde nuestras necesidades y expectativas; debemos trascender esa lógica de seguridad patriarcal que nos visualiza como niñas indefensas que deben ser protegidas o como mujeres provocadoras que se merecen la violencia de la que fueron víctimas y no como ciudadanas plenas con derecho a vivir libres de temor.
Cuando se trata de analizar las características de la violencia estas no son fáciles de delimitar pues muchos factores se encuentran entremezclados, pero se dificulta aún más, si se pretende realizar desde las necesidades de las mujeres.
Las cifras oficiales, aun las que se encuentren desagregadas por sexo, plantean la variable género como una más entre otras y no como un indicador de los problemas de seguridad a los que nos enfrentamos las mujeres.
Con la información disponible en el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz, el INAMU y el CIEP de la Universidad de Costa Rica, se puede decir que:
- Las mujeres opinan, en mayor medida que los hombres, que el tema de la inseguridad ciudadana es el principal problema del país y se sienten también más inseguras.
- Cuando se trata de crímenes sexuales (violación, intento de violación, abuso sexual, entre otros) son las mujeres, quienes en más de un 90%, son víctimas de este tipo de delitos. Y si se revisan las condenas, en la misma o mayor proporción son los hombres los condenados.
- La violencia contra las mujeres en espacios públicos es alta, la población femenina sufre a diario miradas insinuantes, expresiones o “piropos”, chistes sexistas, comentarios sobre su cuerpo o manera de vestir y en el peor de los casos, que significa abuso sexual, caricias no deseadas. Conductas que han sido normalizadas por la sociedad costarricense a pesar de ser actos violentos contra las mujeres.
- Existe un aumento del narcotráfico vinculado con el crimen organizado y de la delincuencia ligada a ese fenómeno. En este punto, existe una diferencia clara de género pues los hombres, en general, son los que mantienen el control del tráfico y los negocios y las mujeres participan más en la venta de droga “al menudeo”, como “mulas” o en el trasiego para sus parejas, principalmente a las cárceles.
- Las denuncias por hechos violentos, en el caso de las mujeres, está estrechamente ligada a contextos de violencia en el ámbito privado, a lo interno de sus casas. Son las mujeres las principales víctimas de la violencia doméstica y no como se ha querido colocar en la agenda pública que es un problema compartido por igual por ambos sexos. Más del 77% de las víctimas atendidas por violencia doméstica son mujeres y, si se analiza el porcentaje de hombres por rango de edad y relación víctima-victimario, queda claramente evidenciado que los hombres adultos en muy baja proporción son atendidos por este tipo de delito.
- Una de las expresiones máximas de la violencia contra las mujeres es el femicidio, que refiere al asesinato de mujeres por razones asociadas a su género. En el año 2016 y 2017 se dieron 26 casos y en lo que llevamos del 2018, ya vamos por 11 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas.
Es determinante que las políticas de seguridad ciudadana con perspectiva de género y una vocación hacia la prevención, consideren, en primer lugar, la forma en que la violencia impacta de manera diferente a mujeres y hombres. Para ello, nosotras, las mujeres, debemos visibilizar nuestros intereses, necesidades y demandas específicas, actuar sobre las relaciones de poder desiguales y la discriminación estructural que obstaculiza nuestro acceso efectivo a la seguridad.
La seguridad debe abordarse desde una visión integral, que trascienda las estadísticas policiales o judiciales. El verdadero estado de la seguridad tiene relación directa con el espacio que recorremos hombres y mujeres, el uso que se le da a las ciudades, a los sitios públicos donde se convive y que está estrechamente ligado con un asunto de derechos humanos: el vivir con tranquilidad, poder disfrutar sanamente de espacios de recreación, contar con lugares debidamente iluminados, estar sin miedo en nuestras casas, lugares de trabajo, escuelas, entre otros.
Una verdadera política de seguridad ciudadana desde y para las mujeres, aunque suene repetitivo, tiene que visibilizar nuestras necesidades específicas en el tema.
Con esto lo que se busca es una convivencia pacífica, donde las mujeres nos sintamos seguras en cualquier lugar (sin limitaciones, sin prejuicios, sin coacción), la construcción de una sociedad donde la justicia sea pronta y cumplida y en la que no se vea a las mujeres como víctimas-vulnerables o como provocadoras, sino como ciudadanas plenas, que se nos respeta el derecho a sentirnos seguras, sin temor en todos los niveles (casa, colegios, escuelas, trabajo, calle), que se entienda y se viva la seguridad como un bien público, lo que tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de las mujeres y los hombres.
