Niñez y adolescencia, personas sin mayoría de edad que poseen particulares vulnerabilidades y a las que les asiste el instituto de derecho denominado interés superior del menor.
Señala Declaración Universal sobre los Derechos del Niño (1959): “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que se pueda desarrollar física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, el interés superior del menor será la consideración primordial”.
También se consagra en nuestra Constitución Política en los artículos 51 y 53, en la Convención sobre los Derechos del Niño que reconoce derechos a cualquier niño o niña sin distinción de raza o nacionalidad (art. 2); su derecho a ser cuidado por sus padres (art. 7); el derecho a un “nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” reconociéndose, por un lado, a los padres como los responsables primordiales de brindarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y por otro, el deber del Estado de promover “medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho” (art. 27); y en caso de una persona menor, impedida física o mentalmente se le reconoce el derecho a disfrutar de una vida plena, decente y digna que le permitan bastarse a sí mismo (art. 23).
El principio de interés superior del menor es un instituto de una importancia tal, que implica que su derecho prevalece frente a otros derechos, aun siendo legítimos, el interés jurídico del primero predomina sobre los intereses de los otros, es superior y objetivo y está por encima de los intereses subjetivos de instituciones estatales, progenitores e incluso los propios menores afectados.
La problemática de la niñez y la adolescencia se relaciona al menos con las siguientes variables y principios de derecho: oportunidades, servicios, vida plena y dignidad. Al ser una población especialmente protegida por el Estado, la responsabilidad de velar por sus derechos recae en este, en padres, madres y en las personas mayores de edad en general. Pero sin duda es el Estado, quien debe garantizar las condiciones para que la comunidad en general y sus instituciones, puedan satisfacer sus propias necesidades y cuidar y proteger a las personas menores de edad, hijos e hijas de la patria.
El mayor problema de nuestra niñez son los abusos sexuales y físicos de los que son víctimas; mientras que el de las personas jóvenes son el abandono escolar, embarazo adolescente y la falsa idea de triunfo por impulso de un emprendimiento individual.
Retos
- Niñez: Disminuir la violencia hacia esta población y especialmente hacia las niñas, víctimas de violaciones y embarazos perpetrados, la gran mayoría, por personas cercanas y mayores de edad. Esta protección implica el desarrollo de una política de prevención y educación que asegure el mandato constitucional de protección a la persona menor. La gran paradoja es que quienes tienen el deber de proteger a menores, son quienes les violentan y cuando el Estado los acoge, emerge un PANI carente de presupuesto, con insuficiente infraestructura para tratar dignamente a la población institucionalizada, con un tedioso y largo proceso de adopción y con una grave ausencia de seguimiento a nuestros niños y niñas dadas en adopción en el extranjero ¿Cómo están? Los hijos e hijas de la patria al cumplir 18 años son expulsados del PANI, que fue su casa, sin ninguna protección. Esto significa que hay un ejercicio estructural de violencia del Estado y de la sociedad hacia las personas menores de edad.
- Adolescencia: Política de retención y acceso en secundaria. El 50% aproximadamente de adolescentes matriculados en secundaria abandonan el colegio. ¿Por qué en Costa Rica, a pesar de sus condiciones positivas en infraestructura y financiamiento hay un alto índice de exclusión secundaria? La pobreza, la necesidad de trabajar, el cuido de enfermos y los embarazos son parte de las causas, según la III Encuesta Nacional de Juventudes 2018. El Estado de la Educación en 2017, señaló que la dinámica en el aula secundaria debe ser más atractiva y participativa, con un personal docente más dinámico y con mejor formación y que el sistema de evaluación es otra amenaza. Sin duda, el MEP debe cuidar con lupa la calidad de la formación en las universidades porque de ellos (los jóvenes) depende nuestro futuro. El hogar, la escuela, el colegio, el PANI son lugares violentos que habitan nuestras personas menores de edad y no los protegen, igual que la casa de alquiler en mal estado.
- Gobierno: Detener la evasión fiscal de las grandes empresas, calculada en un 8% del PIB. Se debe invertir en educación, niñez y juventud, promover una economía social solidaria y emprendimientos económicos colectivos con mayor probabilidad de éxito. La red de actores sociales protectores de la persona menor se mece en el estancamiento de la economía, la desigual distribución de la riqueza, la exclusión, las diferentes oportunidades entre sectores, entre lo rural, lo urbano y el acceso discriminado a la educación.
El Estado debe dignificar y proteger a las universidades públicas por ser parte activa del desarrollo nacional, como lo hizo el Estado Francés luego de la Revolución Francesa. El papel de las universidades es hacer investigación, docencia y extensión; además de generar conocimiento científico y tecnológico para la toma de decisiones y el desarrollo económico nacional, la integración y movilidad social.
Asimismo se debe dar la formación académica y técnica que brinde a la comunidad costarricense profesionales con conocimiento, de excelencia y con desarrollo de pensamiento complejo para que, entre otras cosas, se identifiquen y resuelvan problemas de las diferentes disciplinas. Finalmente, la extensión universitaria articula el conocimiento científico desarrollado en la investigación con las comunidades, promoviendo condiciones mentales y valores que permitan una mejor integración de las personas al desarrollo de sus comunidades y al desarrollo nacional.