Costa Rica enfrenta grandes retos en la actualidad, la integración entre nacionales y la población migrante y solicitante de la condición de refugio son algunos de ellos. La estructura institucional de Costa Rica debe responder a esta situación implementando políticas públicas en respeto de los derechos humanos de las personas migrantes en el país.
Costa Rica es Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el estatuto de los refugiados, 1951 y del protocolo de la Convención sobre el estatuto de los refugiados, 1967. La ratificación de esta obliga al Estado costarricense a ejecutar todas las acciones y articulado de esta convención.
Costa Rica también es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; la Convención contra el racismo y la xenofobia y toda forma de discriminación; la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer; el Pacto internacional de derechos civiles y políticos; el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales; el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; el Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar el delito de la trata de personas especialmente mujeres y niños; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Con la experiencia vivida durante más de 30 años de trabajo con población migrante, refugiada, solicitante de refugio y desplazados forzados, se ha trabajado con base al marco jurídico internacional y Nacional de los Derechos Humanos antes mencionado, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional concretamente basado en el concepto de persona migrante o refugiada. “¿Riesgos para Costa Rica?”. Definitivamente.
Existe un gran riesgo de generar violencia, xenofobia y guetos de personas estigmatizadas y despreciadas, por ello se debe crear e implementar políticas públicas que eduquen a la niñez y adolescencia costarricense para generar mayor integración, y a su vez crear estrategias que permitan coadyuvar en el desarrollo social y económico, por ejemplo en las mayores opciones laborales. La migración ordenada, en forma digna y en respeto de los derechos de las personas migrantes, colaborará a la productividad del país y evitará explosiones de violencia xenófoba, como ha ocurrido en algunos países desarrollados y en los últimos días en el territorio nacional.
Es importante recordar que Costa Rica tiene un alto índice de ratificación de Convenciones y Tratados del sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, referidos a derechos sociales, políticos, culturales y ambientales. Lo que significa que, Costa Rica está obligada a tener leyes nacionales que garanticen los derechos que el Estado costarricense ha ratificado en estos tratados y convenciones; es decir, la ley nacional debe reconocer los mismos derechos, si no lo hace, es causa de inconstitucionalidad de la ley nacional.
Si hablamos de poblaciones específicas, las primeras problemáticas que encuentran los colombianos, venezolanos y nicaragüenses cuando llegan a Costa Rica, son la regularidad migratoria , la búsqueda de trabajo y las dos categorías migratorias, una es si son solicitantes de refugio y la otra si son migrantes que desean trabajar en el país.
En el caso de los colombianos solicitantes de la condición de refugiado, se realiza el procedimiento a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es un trámite cobijado por el derecho internacional humanitario y hay un tiempo de espera para la resolución final, para saber si es aceptado o no como refugiado.
En el caso de ser rechazada la solicitud, puede optar a otra categoría migratoria, ya que un demandante de la condición de refugiado no puede ser devuelto a su país de origen a causa de los peligros que puede tener aún, (derecho a la no devolución). También existen categorías migratorias a las que puede optar una persona para permanecer regularmente en Costa Rica, o reasentarse en un tercer país, esto según las características y especificidades de cada caso en particular.
Los venezolanos, han llegado en gran cantidad al país solicitando protección internacional, debido a la crisis y la violencia en Venezuela, la falta de medicinas, de alimentos y la falta de trabajo, una serie de situaciones que han hecho que ciudadanos venezolanos soliciten refugio.
Por otra parte, el caso de los nicaragüenses es particular, en relación a la presencia histórica en Costa Rica de trabajadores migrantes. Sin embargo, a partir de mayo del 2018, a raíz de situaciones de violencia, represión, tortura, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, han llegado al país muchos nicaragüenses jóvenes, estudiantes universitarios, entre muchas otras personas. Existen alrededor de 8000 personas solicitantes de la condición de refugiados , según información de éste semanario (Mojica, Y. (8 de agosto del 2018). “Mi cabeza tiene precio en Nicaragua, huir a Costa Rica para sobrevivir”. Semanario Universidad, ppm 3)
Ante el contexto actual, Costa Rica implementa medidas para la integración, por ejemplo, un programa especial que busca protección y trabajo, ejecutado a partir del 10 de agosto. (Intégrate al empleo, ACNUR, MTSS, 2018). Las acciones tomadas por el gobierno desgraciadamente no han tenido un impacto real en las personas solicitantes de refugio o migrantes recién llegados, esto debido a que no están siendo contratadas a pesar de tener un carné de solicitante de refugio.
En los últimos días de agosto, Costa Rica ha presenciado una ola de violencia xenófoba, nunca antes vista en el país. Grupos fascistas con esvásticas tatuadas en su pecho y el águila imperial de la bandera alemana y altamente xenófobos y violentos agrupados en “barras bravas” similares a las del fútbol, trataron de agredir a los nicaragüenses que se encontraban en la Avenida Segunda y propiamente en el parque de La Merced. Estaban muy bien organizados, preparados desde hace unos días a esta convocatoria racista, a través de las redes sociales.
Ellos utilizaron videos engañosos, acusando a personas nicaragüenses de quemar la bandera costarricense, cuando estos hechos se trataban de una manifestación realizada en un concierto de Punk que se llevó a cabo en Sabanilla de Montes de Oca en el año 2016.
La creciente xenofobia y actos racistas, no colaboran a la integración económica y social de las personas migrantes, todo lo contrario, se hacen más vulnerables a partir del odio que sienten hacia ellos. Los nicaragüenses particularmente sienten miedo tanto en su país como en Costa Rica.
El Gobierno de Costa Rica debe tomar acciones frente a estos hechos que alejan al país de sus compromisos y obligaciones internacionales en el marco de NNUU, la Unión Europea y el Sistema Interamericano.
Es prioritario que el gobierno y la comunidad internacional realicen programas de integración y desarrollo integral para ser ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada, la academia y las instituciones del Estado concernidas con la población objeto de este Foro. De esta forma se evitará la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes o solicitantes de la condición de refugio y se logrará el objetivo de generar un espacio permanente de deliberación orientado a identificar los nexos entre el crecimiento económico y el desarrollo social.
