En tiempos de crisis fiscal, la protección de los servicios de salud parece una tarea compleja por la cantidad creciente de personas que necesitan atención, la complejidad de los servicios médicos contemporáneos y el incremento acelerado de gastos en años previos. De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (2017), las remuneraciones siguen siendo la partida más importante en el servicio de salud pública, representando el 59,3% del presupuesto total de gastos.
El incremento en 3,8% de esta partida, con respecto al monto ajustado para el 2016, es producto básicamente de la inclusión de la previsión de aumentos de salarios por un 4% y por el impacto de la creación de 315 plazas en el 2016.
Sin embargo, la crisis de la Caja no se produjo solamente por el alto gasto en salarios, sino que es el resultado de múltiples variables que van desde el orden financiero, hasta el problema estructural del empleo, los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico, así como problemas de tipo administrativo y tributario insuficiente.
Así se desprende del informe de investigación “Orígenes políticos y económicos de la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social” presentado por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).
Este estudio señala la tendencia creciente hacia la informalización del empleo, pues si se toma el porcentaje de personas en condición de informalidad (cercana al 45% de la fuerza de trabajo) y se le suma el porcentaje de población en condiciones de desempleo (alrededor del 10%), esto da como resultado que cerca del 55% de la fuerza de trabajo no contribuye a la seguridad social.
Asimismo, el informe destaca las deudas históricas que el Estado costarricense ha contraído con la CCSS.
El investigador del estudio Andrej Badilla señaló que “los gobiernos de turno aproximadamente desde 1970 hasta la actualidad han utilizado a la CCSS para financiar el déficit de gobierno. En el desarrollismo tardío la estrategia era financiar las necesidades de recursos del Estado, particularmente debido a las crisis del petróleo y de la deuda externa, mientras que durante el Proyecto Histórico Neoliberal la estrategia contiene una doble intencionalidad: por una parte financiar el déficit de los gobiernos de turno y por otra, un debilitamiento sistemático de las instituciones aún vigentes del Estado de bienestar”.
Esto quiere decir, que el país de enfrenta a un problema de carácter estructural y recurrente en los últimos 50 años.
La crisis de la Caja se traduce en un rezago en construcciones nuevas, equipamiento de clínicas y hospitales, insuficiencia de médicos especialistas. A esto se suma, las listas de espera que lejos de disminuir, aumentan en los centros médicos.
Ante esta crisis, se deben fortalecer acciones que permitan a la población costarricense contar con un sistema sanitario capaz de responder a las crecientes necesidades en materia de salud.
Desde esta perspectiva, se requiere generar conciencia en el plano individual y social, para los retos que deberá enfrentar la sociedad costarricense y que puedan ser determinantes sobre su salud.
Para abordar los desafíos que enfrenta Costa Rica en relación al derecho a la salud en tiempos de crisis fiscal, Diálogos sobre el Bienestar convocó a seis expertos.
La profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), Karen Vargas, señala que el desafío “país” en estos tiempos es garantizar el derecho a la salud con nuevas estrategias para su abordaje, comprendiendo el contexto económico y financiero que enfrentará a futuro el sistema sanitario.
El exdecano de la Facultad de Medicina de la UCR, Luis Bernardo Villalobos, acota que es necesario que el país comprenda que las particularidades del sistema nacional de salud requieren no solo finanzas seguras y suficientes para proveer servicios oportunos y de calidad, sino además, basar la acción del sistema de salud en los cuidados de promoción de la salud y prevención de las enfermedades desde antes que las personas nazcan.
Por su parte, el economista, Pablo Sauma, destaca que el principal reto al que enfrentan los administradores del seguro social de la CCSS, radica en lograr su sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo; tomando como punto de partida que se debe garantizar a toda la población, la atención de sus principales problemas de salud de forma oportuna y con servicios de calidad.
Finalmente, las politólogas Adriana Fernández, Ximena Alvarenga y Diana Fernández, señalan que cada vez son más las personas con capacidad de pago que acuden a centros médicos privados para recibir atención. De acuerdo con las investigadoras, este acceso crea una sociedad más desigual, donde se crean diferenciaciones en el acceso a un servicio indispensable, como lo es la salud.