La tutela y defensa de los derechos humanos de las mujeres en el país se acompaña de un importante cuerpo normativo de carácter nacional e internacional, que resulta insuficiente para garantizar a las mujeres igualdad de condiciones y oportunidades para un ejercicio ciudadano pleno y efectivo.
Esta realidad ha dejado entrever la persistencia de brechas de desigualdad que requieren un salto cualitativo hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Recientemente, en materia de igualdad se han logrado avances sustantivos que pretenden impactar positivamente en la calidad de vida de las mujeres.
Entre ellos destacan la aprobación de la Ley N° 9343 denominada “Reforma Procesal Laboral” que entró en vigor en 2017 y que establece explícitamente en su artículo 404 la prohibición de la discriminación laboral por razones de género; la aprobación de un régimen especial de aseguramiento para trabajadoras domésticas que laboran jornadas parciales, que busca garantizar condiciones más justas orientadas a la formalización de este oficio.
En materia de paridad, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante Resolución N° 3603-E8-2016 define como mecanismo de la paridad, la obligatoriedad del encabezamiento de mujeres en todas las nóminas de elección popular, cuyo resultado fue el logro del 45,6% de representación de mujeres en la Asamblea Legislativa en las recientes elecciones nacionales.
Bajo la Rectoría del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), también se impulsó la formulación de dos políticas de Estado con una ruta estratégica para avanzar hacia una cultura de igualdad, más justa y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU establecidos para el año 2030, específicamente en cumplimiento del objetivo cinco referente a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
La Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (Planovi 2017-2032), apunta a la erradicación de la violencia contra las mujeres a través de la promoción de masculinidades positivas en población infantil y adolescente; la atención de la violencia simbólica y el acoso callejero; y el fortalecimiento de los mecanismos de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluido el riesgo de femicidio, entre otras acciones.
Por su parte, la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres (PIEG 2018-2030), busca impulsar la igualdad y la inclusión de las mujeres en su diversidad en el desarrollo del país, a través del acceso de la población en general a una cultura de derechos para la igualdad, y a una justa distribución del tiempo, la riqueza y el poder, que a largo plazo pueda verse reflejada en la reducción de brechas e inequidades de género. Lo anterior, pretende ejecutarse en el nivel nacional y regional, considerando las diversidades y necesidades particulares de las mujeres.
Este panorama, nos pone frente al gran reto de materializar estas políticas en acciones interinstitucionales concretas, que garanticen a las mujeres un ejercicio de sus derechos libre de toda forma de discriminación y violencia.
Esta puesta en marcha requiere de alianzas entre instancias estatales y no estatales que se reconozcan como responsables y partícipes de la construcción una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas que habitan nuestro país, lo que necesariamente implica regionalizar acciones y servicios para lograr el mayor alcance posible.
Lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, requiere impactar en los nudos críticos de discriminación que enfrentan las mujeres, a razón de cerrar brechas y abrir espacios de participación y desarrollo para ellas, bajo las mismas condiciones y oportunidades que gozan los hombres.
En ese sentido, se considera prioritario continuar promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres, a través de más y mejores opciones de empleo formal de calidad y de la potencialización de sus capacidades empresariales y personales para el logro de la autonomía económica.
Lo anterior requiere también del impulso de la corresponsabilidad social de los ciudadanos, que involucre a otros actores clave (los hombres, la comunidad, la empresa privada, y el Estado como tal) en las tareas de cuido que han recaído históricamente en manos de las mujeres.
A su vez, es fundamental la ampliación y diversificación de los servicios institucionales, principalmente en materia de violencia contra las mujeres, para la atención y prevención de la violencia en todos los niveles y especialmente en las poblaciones más vulnerables del país.
De la mano de estas acciones, es apremiante avanzar hacia un cambio cultural que sume los logros alcanzados en materia de normativa para la igualdad, que dé cuenta de nuevas formas de pensar y actué bajo convivencias más pacíficas, democráticas y respetuosas de los derechos humanos de todas las personas.
