Diálogos sobre el Bienestar


Costa Rica ¿multiénica y pluricultural?

La Administración Solís Rivera asumió como una de las prioridades el diálogo ciudadano con sectores y poblaciones para la atención del conflicto y la co-creación de política pública, dando un seguimiento específico a las realidades de los pueblos indígenas.

Históricamente se ha construido un relato equivocado que pretende forzar a los pueblos indígenas para que adopten prácticas y estilos de vida ajenos a su cosmovisión, alegando que no cuentan con las capacidades para organizarse, dialogar o incidir en la toma de decisiones. Este mito integrador ha sido la excusa perfecta para que el Estado incumpla de manera sistemática su obligación de garantizar los derechos humanos de esta población, a través de la elaboración e implementación de políticas públicas ajenas a las realidades y diversidades culturales de los territorios.

La Administración Solís Rivera asumió como una de las prioridades el diálogo ciudadano con sectores y poblaciones para la atención del conflicto y la co-creación de política pública, dando un seguimiento específico a las realidades de los pueblos indígenas. Se asume desde el Viceministerio en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano la visita a cada uno de los territorios, lo que permite identificar la urgencia de diálogo intercultural y de consultas previas a las poblaciones indígenas en materia de salud, educación, vivienda, empleo, acceso al agua, gobernanza, tenencia de la tierra y autonomía indígena.

Los primeros meses de gobierno, la gestión estuvo enfocada en atender el conflicto de tierras en el cantón de Buenos Aires, específicamente en Salitre. Si bien, un conflicto de cincuenta años no se pudo resolver en cuatro, se logró avanzar gracias al trabajo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) que por primera vez asumió su responsabilidad técnica de cumplir con la Ley Indígena, la cual le otorga a esta institución la tarea de identificar quiénes deben salir del territorio al no ser personas indígenas.

Cuando este conflicto fue asumido de forma más directa por dicha entidad y con el liderazgo de la entonces Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, se permitió que el Viceministerio de Diálogo pudiera asumir como prioridad la co-creación del Mecanismo General de Consulta para Pueblos Indígenas.

En el año 2015 se oficializó la reforma al artículo primero de nuestra Constitución Política que reconoce a Costa Rica como multiétnica y pluricultural, obligando al Estado a emprender una serie de acciones afirmativas que permitieran garantizar la inclusión real de todas las poblaciones.

En este contexto, iniciamos un proceso de diálogo con los 24 territorios indígenas del país, 23 años después de que la Asamblea Legislativa ratificara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales que resguarda el derecho a que se les consulte de manera libre, previa e informada sobre las políticas públicas, leyes o proyectos que se implementen en sus territorios o que afecten su cultura y cosmovisión.

En los primeros talleres, las personas indígenas tenían una alta resistencia al diálogo, lo cual era de esperar luego de décadas de exclusión estatal. Nos manifestaban sus frustraciones ante la histórica imposición de las instituciones públicas en la forma en que tenían que vestir, hablar, parir, organizarse, construir sus casas y enfrentar procesos judiciales ajenos a su cosmovisión.

La co-creación del Mecanismo General de Consulta para Pueblos Indígenas implicó dos años de arduo trabajo en los que desarrollamos más de 120 visitas territoriales con la participación de más de cinco mil personas indígenas, actividades con mujeres y jóvenes, y dos encuentros nacionales con delegados de los 8 pueblos indígenas.

Todos estos esfuerzos nos permitieron al día de hoy, contar con un decreto que regula este mecanismo para 22 de los 24 territorios, articular un grupo de funcionarios comprometidos con esta población y empoderar liderazgos indígenas que ahora cuentan con capacidades instaladas para enfrentar un proceso de consulta y exigir el respeto pleno de sus derechos humanos.

Además, se implementaron una serie de acciones afirmativas que vale la pena mencionar: las actividades eran abiertas a todas las personas indígenas de cada territorio, se realizaron convocatorias casa a casa, se realizó la traducción de todos los documentos y se difundieron por audio y por escrito, se facilitó el cuido de los niños en los encuentros nacionales para que las mujeres pudieran participar en cada etapa, se promovió la participación de mayores y jóvenes en las delegaciones indígenas.

Tanto la Defensoría de los Habitantes como el Sistema de Naciones Unidas fueron garantes del cumplimiento de los estándares internacionales y dieron acompañamiento técnico a los pueblos que así lo requirieron.

El proceso no fue perfecto; sin embargo la manera en que se llevó a cabo nos convirtió en el primer país de América Latina en incorporar la recomendación de la Relatoría Especial para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que garantiza “la consulta de la consulta”.

Costa Rica cuenta ahora con una herramienta única en su tipo, que establece con transparencia la forma en la que se organiza el Estado para atender las consultas, define con claridad cada paso y resguarda los derechos de estas poblaciones. Hay que reconocer que el éxito de esta iniciativa recae en los líderes que participaron en las negociaciones y lograron los acuerdos entre los diferentes bloques territoriales.

Este decreto no va a resolver todos los problemas ni va a saldar todas las deudas que la institucionalidad costarricense tiene con las personas indígenas, pero es el inicio para reducir brechas que permitan consolidar esa República multiétnica y pluricultural que establece nuestra Constitución Política. Además, es una llamado a los otros Poderes del Estado a replicar esta práctica en aras de demostrar la buena fe en su relación con los pueblos.

La Administración Alvarado Quesada, tiene sin duda, la gran responsabilidad de superar lo logrado por el Gobierno anterior. Esto implica mantener un diálogo de alto nivel con los liderazgos indígenas, invertir en capacitación de funcionarios y funcionarias públicas para la adecuada implementación del Mecanismo, llevar a cabo las consultas pendientes en materia de administración de acueductos, caminos, normativa de vivienda y educación, protocolos de salud; y el reto más complejo de todos, la implementación del protocolo de recuperación de tierras del INDER.

La principal lección aprendida es que, sólo con humildad, empatía y escucha activa se logrará una gestión pública intercultural que le permita a la institucionalidad cumplir a cabalidad sus responsabilidades en una República multiétnica y pluricultural.

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