Diálogos sobre el Bienestar


Conapdis: entre la prestación de servicios y la rectoría

De acuerdo con el Censo del 2011, más del 10% de los habitantes de Costa Rica tiene alguna discapacidad

En Costa Rica habitan 450 mil personas con discapacidad; es decir, más del 10% de los habitantes, según el último censo. Si se suman los integrantes de sus familias, son alrededor de un millón cuatrocientas personas que conviven diariamente en la exclusión y la discriminación.

Las interrogantes que se plantea responder en este artículo son: ¿cuál ha sido la evolución histórica del ente rector en discapacidad en Costa Rica para promover, proteger y cumplir con los derechos de las personas con discapacidad, ¿cuáles son los avances, retrocesos y cómo se resuelven?

Para responder a esas preguntas, hay que tener en cuenta un encuadre teórico, conceptual y normativo, sin perder de perspectiva que estos responden a un modelo ideológico y económico. Porque “las políticas públicas expresan la capacidad del Estado para articular intereses de diversos actores sociales. Estos constituyen clases, fracciones de clases, organizaciones y grupos que se definen a partir de capacidad para identificar objetivos, diseñar un curso de acción y contar con relativa autonomía para implementarlos (Oszlak y O Donnel, 1984; Acuña, et al. 2010).

El punto de partida para indagar sobre el objeto que nos ocupa inicia en el año 1973 con el surgimiento del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), hasta llegar al año 2015 con la transformación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el cual es el resultado de las luchas y contradicciones del Estado y de las organizaciones sociales de personas con discapacidad y sus familias.

En algunos análisis de la política social de discapacidad, se trata de abstraer las intencionalidades del modelo económico, de excluir a las personas con discapacidad al mundo del trabajo, lo cual representa un sesgo para comprender las desigualdades y la respuesta del Estado en determinado contexto histórico, político y económico.

Para realizar este recorrido histórico es pertinente identificar los siguientes tres períodos y señalar las rupturas históricas en la política social en discapacidad, y argumentar que, si bien hay un fortalecimiento, aún son muchos los retos, desafíos e incluso los riesgos para buscar la equidad.

  1. Génesis y configuración del ente rector

Costa Rica es uno de los primeros países en América Latina que plantea la creación de un ente rector para atender a las personas con discapacidad. En el año 1973 mediante la Ley 5347 se crea el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, encargado de orientar la política general en materia de Rehabilitación y Educación Especial para personas físicas o mentalmente disminuidas, en todos los sectores del país (Ley 5347).

Ese modo de conceptualizar la discapacidad va a orientar precisamente la intervención del Estado, asociado con el desarrollo Estado de Bienestar y el surgimiento de muchas instituciones del sector social en Costa Rica para esa época. La primera diferencia se encuentra en que mientras se hablaba de acceso universal a la educación y a la salud, para las personas con discapacidad se proponían políticas de exclusión, porque se consideraron como “personas anormales”. Por eso debían apartarse de los bienes y servicios que se entregaban a población en general, y con eso se crearon sistemas paralelos.

Su creación marcó un avance en la implementación de planes, programas, proyectos e intervenciones para cumplir con el mandato que el Estado y las demandas sociales le encomendaron en ese momento histórico. Por ejemplo, mediante decreto ejecutivo 19101: el primer Plan Nacional de Prevención de la Deficiencia y de la Discapacidad y de la Rehabilitación Integral.

      2. Descentralización de las intervenciones estatales

Otro hito que marca una ruptura en el quehacer del ente rector fue la promulgación de la Ley N°7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad (1996), que señala responsabilidades a diferentes instituciones (muchas continúan sin cumplir) y que coloca en la agenda pública las necesidades de las personas con discapacidad, aunque sin llegar a problematizarlas.

Asimismo, se conceptualiza la intervención estatal desde la mirada de ofrecer oportunidades a las personas con discapacidad y se plantea como una estrategia realizar los ajustes en el entorno para que también alcancen su máximo desarrollo y autonomía.

Este concepto implicó un cambio importante en la política social en discapacidad a finales del año 2000, cuando el ente rector promovió la emisión de la Directriz Ejecutiva N°27 que crea las comisiones en materia de discapacidad en cada institución pública. Con esto se buscó posicionar aún más la corresponsabilidad de todo el entramado institucional en la respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.

En este período, el ente rector entró a un debate entre la prestación de servicios y la rectoría, pero este contexto de discusión estuvo influenciado por las políticas de globalización, la restricción del gasto público y la focalización de la política social. Para el Conapdis se priorizó la atención de programas para atender la pobreza, como una forma de paliar las desigualdades generadas. Incluso se le designó la atención de las personas con discapacidad en situación de abandono, lo cual implicó colocar la gestión institucional con un énfasis diferente a de la rectoría.

     3. Autoridad social en discapacidad

La aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad representa un nuevo hito en el quehacer del ente rector. La normativa establece deberes colectivos e individuales, pero no genera los cambios por sí misma. Además, plantea o señala responsabilidades y la necesidad de articular procedimientos, presupuestos y dispositivos institucionales.

De ahí que se replantea el papel del ente rector y se promulga la Ley N°9303; es decir, la creación del Consejo Nacional de las personas con discapacidad, lo cual da un viraje a su constitución para responder a las nuevas necesidades de las personas con discapacidad e incorporar en su Junta Directiva la representación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y al Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt).

Por otro lado, le otorga mayores potestades para el proceso de fiscalización y vigilancia en el cumplimiento de los derechos, a través del establecimiento el criterio vinculante como una herramienta que obliga a emprender acciones o subsanar omisiones que violenten los derechos fundamentales, y genera responsabilidades en caso de incumplimiento.

Actualmente, el Conapdis tiene uno de los mayores desafíos: la gestión y evaluación de la Política en Discapacidad (Ponadis); esa construcción debe hacerse en estrecha vinculación con las personas con discapacidad y sus organizaciones, y lograr la intersectorialidad para avanzar en el modelo social.

La atención de la discapacidad históricamente ha sido como un péndulo que se balancea. Es decir, avanza y retrocede, porque coexisten modelos y prácticas que facilitan los procesos de transformación y en otros momentos implica volver atrás. Es este contexto, es que el Conapdis asume el desafío de hacer un viraje en su accionar para lograr colocar acciones estratégicas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas públicas de los diferentes sectores.

El mayor desafío es asumir la potestad de vigilancia y fiscalización para que el resto de las instituciones públicas asuman la responsabilidad y se conviertan en una autoridad social en discapacidad.