El movimiento Rescate Nacional anunció este jueves una pausa en las manifestaciones y bloqueos que lleva a cabo en las calles desde el 30 de setiembre.
La decisión se tomó durante la asamblea de representantes regionales y sectoriales del movimiento y, según el dirigente Célimo Guido, se hará para que el presidente Carlos Alvarado se acerque a dialogar con el grupo.
“Hemos tomado la decisión de hacer una pausa en cuanto a los puntos de encuentro ciudadano, para invitar al presidente de la República y decirle que hemos puesto de nuestra parte, que él ha dicho una y otra vez que, si no hay movimientos en la calle, él negocia. Esperamos que esta vez no mienta y cumpla su palabra”, dijo.
Guido indicó que esta medida se mantendrá hasta el miércoles 21 de octubre y que después de esa fecha “el presidente Alvarado será el único responsable de lo que pase”.
“Señor presidente, usted cumpla lo suyo, de lo contrario queda en plena libertad este movimiento nacional de levantar este país de nuevo y con más fuerza, buscando un país más solidario, y usted será el único responsable de lo que pase, como responsable será si sigue agrediendo a hombres, mujeres y niños en cualquier parte del territorio nacional”, afirmó.
Ejecutivo presenta denuncia penal
Por su parte, el Poder Ejecutivo presentó esta mañana una denuncia penal contra los líderes de Rescate Nacional, José Miguel Corrales y Célimo Guido, por “bloqueó vías del país y actos de vandalismo desde el 30 de septiembre”.
La denuncia fue firmada por los ministros de la Presidencia, Marcelo Prieto, de Seguridad Pública, Michael Soto, y la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar.
“Los denunciantes apuntan que los acusados incidieron en los bloqueos y la violencia, al punto de que han validado actos de amotinamiento, atentado contra funcionarios públicos por medio de ataques con objetos contundentes y hasta incendios provocados con el fin de atentar con la integridad de cuerpos policiales para que estos no cumplan con su función de resguardar el libre tránsito y la protección de la ciudadanía”, indicó Casa Presidencial, mediante un comunicado de prensa.
El documento pide que los denunciados sean considerados responsables de los delitos de “asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio o explosión y responsabilidad de los promotores y directores, los cuales atentan contra la tranquilidad pública, poderes públicos, la autoridad pública y la seguridad común”.
