El director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero, defendió la tarde de este miércoles el cobro de comisiones por parte de las operadoras de pensiones, pese a que estas con su accionar generen pérdidas a sus afiliados y aunque -incluso en ese escenario- mantengan sus utilidades.
Montero compareció ante la comisión legislativa de Asuntos Sociales, que discute los proyectos 23.202 que permitiría que se capitalicen las utilidades netas de las operadoras de los fondos de pensiones en favor de sus afiliados (en sus propias cuentas y en relación con lo acumulado individualmente) y el 23.353 que prohibiría que esas entidades cobren comisión de administración durante los meses en que los rendimientos tengan pérdidas.
Ambos proyectos son impulsados por legisladores liberacionistas (el primero por Gilbert Jiménez y el segundo por Francisco Nicolás) y responden a la preocupación que ha generado la caída en los rendimientos (y por ende en los montos acumulados) de los Regímenes de Pensión Complementaria que administran varias operadoras en el país.
Montero, quien años atrás fuera Superintendente General de Valores, comenzó diciendo que el interés de su organización siempre era “el beneficio al consumidor”.
A pesar de eso y de que ambos proyectos resultarían en más recursos para las personas afiliadas a los regímenes, el jerarca dijo “complicaban la existencia del consumidor”, que se estaría “castigando” a las operadoras por sus rendimientos y comparó las comisiones de las entidades con el pago a un médico o a un abogado, a quienes se les paga independientemente del resultado.
Por ejemplo, dijo, “hoy en día el afiliado tiene que juzgar la calidad de la gestión de cada operadora y eso se hace básicamente en cuanto a la relación riesgo, beneficio, si a eso tiene ahora que agregar el análisis del desempeño operativo y financiero de la operadora, porque eso es al final lo que explica las utilidades, no vemos cómo los consumidores van a poder aplicar con éxito esta segunda prueba y entonces ahí le estamos complicando más la existencia”.
Finalmente dijo sobre la inversión de los fondos en temas como obra pública en vez de operaciones riesgosas en el exterior que “es muy poquito lo que las personas van a recibir” y a cambio “hemos visto suficiente complicación para los pobres afiliados”.
Gilbert Jiménez, así como Melina Ajoy Palma (del PUSC) se quejaron de las comisiones actuales y la base de cálculo pues consideran que son excesivas, especialmente en el panorama de rendimientos negativos que se viene dando desde hace más de un año.
Jiménez pidió a Montero referirse al hecho de que los afiliados no solamente están perdiendo recursos a causa de los rendimientos negativos, sino que las operadoras continúan cobrando comisiones por gastos operativos y sobre el acumulado, además de generarse utilidades cada año. El compareciente dijo según los reportes que su organización ha consultado lo que se cobra en el país “es de las comisiones más bajas a nivel mundial” y afirmó que hay un “problema de educación financiera” de los consumidores.
Jiménez reclamó que cualquier beneficio en favor de los afiliados debería verse con buenos ojos, sobre todo porque las pensiones son “de hambre” mientras los recursos que cobran las operadoras terminan siendo usados para burocracia y para pagar salarios exorbitantes, como el de la superintendenta Rocío Aguilar, quien según dijo, recibe cerca de ₡9 millones por mes.
Montero finalizó diciendo “la operación de un portafolio es un negocio que tiene sus propias complicaciones” y que recortar las utilidades de los administradores era “muy peligroso para el consumidor”.
“No exagero al decirles los mercados financieros del mundo están trastornados desde la crisis del 2008 (…) no hay manera de que ningún mercado financiero del planeta funcione hoy en día con mediana sensatez”, concluyó.
