El Ministerio de Obras Públicas y Transportes solicitó a la Asamblea autorizar movimientos presupuestarios para inyectarle ¢12. 215. 948. 850 más este año a la ampliación de la carretera Braulio Carrillo (Ruta 32).
Esta petición es parte del proyecto de ley 22.685, el sétimo presupuesto extraordinario para el ejercicio económico del 2021, en el que el MOPT pidió además financiamiento para fiscalización de obras, tareas operativas del Conavi y dinero para diseñar y arrancar con el paso a desnivel propuesto para construirse a la altura de La Galera, en Curridabat.
El ministro del ramo, Rodolfo Méndez Mata, asistió este jueves 23 de setiembre a una audiencia con la Comisión de Asuntos Hacendarios, que se encuentra discutiendo los expedientes del sétimo y octavo presupuestos extraordinarios solicitados por el ejecutivo.
El jerarca explicó que para este año el presupuesto ordinario aprobado es insuficiente, por lo que en varias ocasiones se pidieron montos supletorios que no fueron aprobados. Por lo tanto, la entidad se abocó a reorganizar sus propios recursos para proveer recursos para obras prioritarias, como la de la Ruta 32.
Así, explicó, en este caso no se está pidiendo dinero extra sino que se está solicitando la autorización de uso de superavits institucionales para estos rubros.
Segun información publicada en este Semanario el pasado jueves 16 de setiembre, la empresa constructora que desarrolla las obras en dicha ruta, CHEC, tuvo atrasos de ejecución en el 2019, por lo que quedó un remanente específico que fue solicitado por el MOPT durante el trámite de un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa.
Durante el trámite de ese presupuesto, el ministro Méndez Mata, con ayuda del exasesor presidencial Camilo Saldarriaga, y la diputada oficialista Laura Guido, tramitaron una moción para trasladar desde la caja única un total de ¢22.500 millones de superávit. Así, con la aprobación legislativa, ¢2.700 millones de superávit específico del CONAVI fueron desviados de la Ruta 32.
Anticipando cuestionamientos por parte de los legisladores y legisladoras, Méndez Mata informó que en el expediente que se tramita ahora no hay ningún pago a empresa alguna, exceptuando a CHEC.
Además este lunes en la Asamblea Legislativa se dio a conocer que la empresa penalmente investigada Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Cacisa S.A. asumió parte del diseño de “obras complementarias” de la Ruta 32 “sin mediar un concurso público”.
Cacisa aparece señalada en el expediente 19-000025-128-PE por manipular datos y muestras de asfalto de un informe para contradecir el criterio técnico que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) hizo sobre el asfalto colocado en el tramo de Garantías Sociales entre 2019 y 2020, labor de la empresa Meco.
En la comparecencia de principio de semana, Méndez Mata dijo que el movimiento se hizo porque “los términos del contrato lo permiten”.