País

Dirigente sindical alerta de posible conflicto de interés de actores financieros de la Caja sobre salario inembargable

El Sifupcr dijo que algunas asociaciones solidaristas y cooperativas de ahorro y crédito probablemente verían efectos e impactos negativos en sus ingresos si se empezara a respetar el salario mínimo inembargable.

El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (Sifupcr) alertó que debido a que un alto porcentaje de trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene deudas con cooperativas y asociaciones solidaristas de ahorro y crédito dentro de la institución, podría haber un conflicto de interés de los representantes de estos sectores en la Junta Directiva de la Caja, con respecto al salario mínimo inembargable.

Actualmente la Junta Directiva de la Caja analiza la aplicación del salario mínimo inembargable para trabajadores de la institución, después de que el presidente Rodrigo Chaves le ordenara al presidente de la CCSS, Álvaro Ramos, investigar por qué no se está aplicando esta disposición.

El concepto de “salario mínimo inembargable” significa que no es posible aplicar rebajos (por embargos judiciales, deudas de operaciones crediticias, cuotas de afiliación, entre otros) por debajo del salario mínimo establecido, excepto los que corresponden a pensiones alimentarias.

Sin embargo, la CCSS continúa haciendo rebajos más allá del salario mínimo en los pagos de salarios de sus trabajadores, a pesar de que el Código de Trabajo y el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tienen disposiciones para respetar el salario mínimo. La Caja afirma que se basa en un criterio de su Dirección Jurídica.

Juan Carlos Durán, dirigente del Sifupcr, dijo a UNIVERSIDAD que un alto porcentaje de trabajadores de la Caja tienen importantes niveles de endeudamiento con actores financieros dentro de la Caja como la Asociación Solidarista de la Caja, Coopecaja, Fondo Mutual, el Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo de la CCSS (FRAP), asociaciones solidaristas locales en algunos hospitales y cooperativas.

“El criterio de la Dirección Jurídica parece proteger las deducciones de organizaciones asociativas con fines de lucro y otras que son actores financieros dentro de la CCSS, que probablemente vean efectos e impactos negativos en sus ingresos o verían aumentos en sus carteras de morosidad”, explicó Durán.

“Como dirigente sindical creo que hay un posible conflicto de interés porque los niveles de endeudamiento de los trabajadores de la Caja colusionan con las mismas representaciones sectoriales del sector solidarista y cooperativista que hay en la Junta Directiva de la Caja, y esto posiblemente esté sesgando o parcializando los criterios de la Junta Directiva”, dijo Durán.

La Junta Directiva de la Caja está compuesta por el presidente ejecutivo de la CCSS, dos representantes del Estado, tres representantes del sector patronal, uno de los trabajadores, uno del sector solidarista y uno del sector cooperativo.

“La propia Junta Directiva podría apartarse del criterio de la Dirección Jurídica porque la Dirección Jurídica es un órgano asesor y pedir un criterio a la Procuraduría General de la República. Si no lo ha hecho es porque probablemente estén jugando esos intereses”, consideró Durán.

“La Junta Directiva y la opinión de la Dirección Jurídica no pueden estar por encima de un convenio de la OIT”, destacó el trabajador.

Durán también afirmó que se requiere que la propia administración interna de la Caja abra una investigación interna contra los funcionarios que han emitido criterios contrarios a lo que dice el ordenamiento jurídico con respecto al salario inembargable.

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