Tres miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) manifestaron su preocupación con respecto a la reducción del canon que pagan los autobuseros, como producto de la reducción que hicieron los diputados al marchamo y de la ley que impulsan en el Plenario para realizar reformas a la institución.
Adicionalmente expresaron su inconformidad ante lo que consideran un trato privilegiado para este sector, al cual se le han establecido prórrogas para el pago del canon por parte del Regulador General, y cuestionan las intenciones de financiar los gastos indirectos que genera la supervisión del área autobusera con los recursos de los cánones que sí han pagado otros servicios como el tren, las asadas o la electricidad.
El directivo Jorge Blanco explicó que con la modificación que establecieron los diputados en la ley del marchamo se rebajó en un 50% el canon de los autobuseros para el año 2021; mientras que el proyecto que está en la Asamblea Legislativa Nº 22.064 para reformar la ley de ARESEP, incluye rebajas del 25% en el canon de este año para el mismo sector.
Hay que recordar que la ARESEP funciona con los ingresos que genera el canon, y cada sector de servicios regulado por la institución debe pagarlo. Con esos recursos se realizan audiencias públicas, estudios de costos y fijación de precios de los servicios.
“Sin el canon no se pueden financiar esas operaciones y pese a ello, los diputados aprobaron una reducción del canon para el 2021 del 50%, claro por influencia de los autobuseros; pero peor aún, con el proyecto para reformar la ARESEP buscan rebajar otro 25% en el canon de este año. Si tomamos en cuenta que para este año debían pagar más de ¢6.500 millones por concepto del canon, sin embargo, sólo han pagado cerca de ¢1.400 millones, alegando que la demanda bajó por la crisis sanitaria”, indicó Blanco.
Por su parte, Ana Lorena León, también directiva de ARESEP comentó a UNIVERSIDAD que como Junta Directiva nunca supieron sobre los alcances de la reforma a la ley, hasta que se publicó que había sido dictaminado por la Comisión de Económicas de la Asamblea Legislativa.
Explicó que hasta ese momento se enteraron de las intenciones de hacer esa rebaja al sector de autobuseros, tomando en cuenta que es el único sector al que se le han hecho disminuciones del canon, pues todos los demás han pagado a tiempo.
Previo a conocer los alcances de esta ley, los representantes de los autobuseros le hicieron varias solicitudes de arreglos de pago y de audiencia a la Junta Directiva, no obstante, indicó León, la legislación establece que al órgano no le compete tomar estas decisiones, sino al Regulador General.
De acuerdo con Sonia Muñoz, miembro de la Junta Directiva de ARESEP, recibieron varias notas en ese sentido, pero aseguró que en efecto, el reglamento de sesiones les prohíbe recibir a los regulados mientras se esté tramitando alguna solicitud.
“Para tomar una decisión sobre un sector en particular es necesario escuchar a todas las partes, y si hubiéramos cedido en esas solicitudes de audiencia, sería como darles una ventaja y al final lo que la ARESEP debe hacer es velar por el usuario”, indicó Muñoz.
Un sector privilegiado
Inicialmente los autobuseros tenían que pagar de canon anual ¢1.350.000 por cada bus; pero para el presupuesto del 2021 (debido a las medidas de contención) se redujo en un 40%, dejándolo en ¢800.000.
Con el cambio que hicieron los diputados al marchamo, donde se les redujo en un 50%, significaría que el monto a pagar por autobús es de ¢400.000, pero si se aprueba la ley con rebaja del otro 25%, en total pagarían únicamente ¢200.000; lo que significaría que sería insostenible la operación de ARESEP con respecto a la regulación de este sector.
“Tenemos una preocupación muy grande como miembros de Junta Directiva de que esto implique el despido de muchos trabajadores, esas acciones implican desfinanciar a la entidad y, por ende, no podrá cumplir con sus funciones de fiscalizar los servicios que reciben los usuarios”, añadió León.
Pero esas modificaciones serían únicamente para los autobuseros y los demás servicios que regula la ARESEP no serían incluidos ni en la ley, ni en ninguna otra iniciativa, lo que implicaría un trato desigual con los demás sectores.
“La valoración que se ha hecho entorno a este tema es que los autobuseros sufrieron con una baja en la demanda de los servicios, producto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas de restricción, no obstante, los taxistas también se vieron afectados, o el servicio del ferrocarril. La pandemia afectó a todos los sectores, pero todos, excepto los autobuseros, han pagado su canon a tiempo y en su totalidad. La ética de un Regulador pasa por no expresar opinión a favor, ni en contra de ningún grupo regulado, debe renunciar”, señaló José Blanco.
Sobre este particular, el Regulador General, Roberto Jiménez Gómez indicó que habían presentado de previo una propuesta para disminuir el presupuesto y que los sectores regulados no pagaran hasta el 2021, pero asegura que la Junta Directiva eludió la responsabilidad e indicó que le correspondía a él, como Regulador, asumir esa decisión.
“Era una situación crítica nacional, lamentablemente dijeron que me correspondía a mí la decisión y no le huimos a la toma de decisiones. Ahora sí hicimos arreglos de pago y establecimos otras condiciones porque había una problemática seria del sector de autobuseros para pagar al día, y estamos haciendo las gestiones de cobro; lo cierto es que el proyecto de ley sí nos afecta mucho, sobre todo el de los marchamos”, explicó Jiménez.
El canon establecido para todos los servicios, entre ellos los autobuseros es financiado por los usuarios, en la tarifa que pagan las personas al utilizar el servicio de bus está incluido ese cobro, y aunque la demanda se redujo en estos meses, el directivo fue enfático en que ni siquiera eso porcentaje que sí pagaron los usuarios ha sido cancelado.
“Dado el hecho de que la ley del marchamo no fue consultada a la Autoridad Reguladora y que podría ser inconstitucional, los miembros de la Junta hemos preguntado al Regulador General cuáles son las acciones legales que se van a emprender para defender los intereses institucionales, pero a la fecha no tenemos claridad”, agregó Sonia Muñoz.
“Trabajamos en un plan de contingencia”
Roberto Jiménez Gómez, Regulador General explicó a UNIVERSIDAD que el ajuste realizado al marchamo los tomó por sorpresa, porque ese 50% que se redujo a los autobuseros implica una reducción del 21% del presupuesto total de la ARESEP.
Detalló que están a la espera de un informe de la afectación que sufriría la institución y trabajan en un plan de contingencia, pues esa reducción implica ¢2.411 millones menos de ingresos para el 2021.
“Estaríamos planteando a nivel legal una acción de inconstitucionalidad con el fin de defender los recursos de la entidad, pero esto podría llevar algún tiempo, por lo cual estamos tomando medidas para paliar los efectos de estas reducciones y no despedir al personal”, argumentó el jerarca.
Adicionalmente hay una fuerte crítica de los miembros de la Junta Directiva, quienes cuestionan las intenciones de financiar los costos indirectos de operación de ARESEP para el sector autobusero con los recursos que generan otros servicios.
Sostienen que cada actividad que realiza la ARESEP, desde el funcionamiento de las intendencias de agua, energía y transportes, así como los gastos indirectos en la parte operativa que implica la atención al usuario, estrategias, evaluaciones y otras, son financiadas con el canon que paga cada sector.
Cada canon debe financiar las actividades dirigidas a su sector, añadió Jorge Blanco, por lo que no se pueden desviar fondos a otra área, dado que eso violaría el principio de servicio al costo que ha regido desde 1928, y esperar que los ingresos de otros cánones financien al de transporte, específicamente de autobuseros es violar dicho principio regulatorio.
La ARESEP tiene un tema pendiente, que es el pago que debe realizar a unas empresas autobuseras por unos juicios que perdió en el pasado, y los directivos aseguran que eso debe salir de los ingresos del canon.
Pese a ello, el Regulador General indicó que ya tres abogados hicieron un análisis sobre este tema, manifestando que se trata de una sola institución y que debe verse de esa manera; aunque está de acuerdo en que se deben llevar contabilidades por aparte de cada actividad regulada y que existe el principio de servicio al costo; hay otros principios que deben ser prioritarios como la solidaridad y equidad.
“Estamos en una situación de crisis y somos una institución única e integrada, debemos vernos como una operación de servicios regulados”, concluyó Jiménez.
