Las tres directoras de la Juna Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que fueron suspendidas por el Consejo de Gobierno rechazan que sus nombramientos hayan sido ilegales y calificaron el anuncio realizado por el presidente Rodrigo Chaves como una decisión sin sustento jurídico.
UNIVERSIDAD localizó a Marianella Feoli, vicepresidenta que fue destituida en el Consejo de Gobierno del pasado 1 de junio, junto con Sandra Rojas Araya y Carla Murillo Solano. Las tres habían sido designadas en el 2019, pero este miércoles se comunicó que según un reporte de la Audioría Inerna del ICE, sus nombramientos supuestamente no cumplían con los requisitos establecidos por la ley del ICE.
Feoli manifestó que no recibió ninguna comunicación previa del proceso por parte del Consejo Directivo del ICE o del Consejo de Gobierno. “El día de ayer me enteré de la situación por medio de la prensa nacional, que el Consejo de Gobierno decidió suspenderme temporalmente de mi nombramiento”, indicó.
Feoli aseguró que en este momento no hay ningún proceso interno en el ICE en relación con esta suspensión.
“Es importante aclarar que el nombramiento si cumple con todos los requisitos, y así se demostró en todas las instancias respectivas. Por lo tanto, sí se tomarán las acciones pertinentes para aclarar y demostrar que no hay ningún incumplimiento, y que este proceso de suspensión no tiene sustento legal”, manifestó.
En ese sentido, junto con Rojas y Araya, suscribieron un comunicado en el que reafirman esta posición, y recalcan que la decisión del Gobierno rompe con la paridad del principio de género (destituyeron a las tres mujeres directivas y dejaron a los cuatro hombres, y nombraron temporalmente dos mujeres y un hombre, lo que deja la participación femenina en un 28%. La jurisprudencia de la Sala Constitucional exige al menos un 42% en este caso).
Aseguraron que mantienen la esperanza de que se respeten los pesos y contrapesos que deben existir en el Consejo Directivo del ICE “e impidan que se tomen decisiones sin la debida discusión”.
Un proceso acelerado
Aunque los nombramientos se realizaron en el 2019, la polémica por el posible incumplimiento tomó intensidad en los últimos meses.
Comunicados del sindicato ASDEICE llamaron la atención sobre el tema en febrero. César López, vocero de ASDEICE, indicó que en febrero elevaron el caso ante las autoridades del ICE, retomando un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (C-3577-2021) de diciembre del 2021, sobre la imposibilidad de modificar los requisitos para los cargos directivos establecidos en la ley del ICE. Las autoridades del ICE respondieron que se trataba un pronunciamiento general, que no se refería a ningún caso concreto, y alegaron que tanto Feoli como Rojas cumplieron con los requisitos para el cargo.
Ante esta situación, el Frente Interno de Trabajadores (FIT) envió un oficio a la Auditoría interna el 10 de marzo, solicitando que se investigara el caso de Rojas. “Desde ASDEICE, pensamos que el tiempo nos da la razón, que los nombramientos eran improcedentes y ahora vamos a enfocarnos en las consecuencias que pudo haber generado estas designaciones, en la legalidad de sus actos”, declaró López.
Todo esto está en medio de un proceso delicado dentro del ICE: el plazo de seis meses dado por el presidente Rodrigo Chaves para que el presidente ejecutivo Marco Acuña logre que se concrete la devolución de frecuencias del espectro radiográfico para promover una licitación para la tecnología 5-G. Ahora, el debate interno del tema en la institución tendrá otro foco de interferencia.
