Una académica y dos estudiantes de posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentaron un recurso de amparo con el fin de obtener los nombres “los nombres y números de identificación” de los dueños de bonos de deuda pública. El recurso fue presentado la mañana de este lunes a la Sala Constitucional, según informó Esperanza Tasis, investigadora y docente de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Aquí la duda es quiénes son los tenedores, cuáles son las platas que son de origen público. La Nación dijo que son los operadores de pensiones, o sea, con las platas de las pensiones están obteniendo ganancias privadas. El Banco Central dice que dada la existencia de un mercado secundario (en el los bonos emitidos en ventanilla de Gobierno se venden a terceros), esa tenencia puede variar en cualquier momento”, aseguró la académica en entrevista.
De acuerdo con Tasis, este trámite fue colectivo, con aportes de la estudiante de la maestría en Sociología, Rocío Chamorro; y César Gómez, quien cursa la maestría en Filosofía. El trío investiga el crecimiento en los intereses que paga Gobierno en deuda interna, desde el 2016.
El recurso de amparo cita un crecimiento del 145% entre los intereses que se pagaron en el 2019 y el 2020. De acuerdo con un reportaje de UNIVERSIDAD de septiembre pasado, el 76% de la deuda que tiene el país es interna, una presión que limita el margen fiscal de Gobierno.
“Es una variación en la que obviamente estamos ante la quiebra del Estado y no se puede asumir el servicio de deuda. A mi juicio, se convierte en un problema público en el que ya no se podría alegar ninguna ley”, afirmó Tasies.
Los accionantes del recurso de amparo solicitaron las identidades de los tenedores de deuda pública ante Banco Central (en julio del 2016 y octubre del 2018) y ante el Ministerio de Hacienda (octubre del 2020). Los demandados del recurso son, precisamente, los jerarcas de ambas instituciones: Rodrigo Cubero, presidente del BCCR; y Elián Villegas, ministro de Hacienda.
En sus respuestas a los demandantes, el Banco Central justificó que el dato de los tenedores está cubierto por el secreto bancario, así como “la Ley Reguladora del Mercado de Valores (Ley 7732) y en los diferentes reglamentos emitidos por Sugeval y Banco Central, entre ellos: Reglamento de Anotación en Cuenta, Reglamento de Custodia, Reglamento del Sistema de Pagos y Reglamento de Compensación y Liquidación”.
El recurso incluye la respuesta de Hacienda con la justificación de un voto de la propia Sala Constitucional “RES N°2008-013658 del 05 de setiembre del 2008, la información sobre los inversionistas participantes no es de acceso a ningún participante del mercado, incluyendo al Ministerio de Hacienda”.
“La Constitución Política dice que la protección de un dato no puede estar por encima del interés público, ahora el interés público es que quebraron el Estado”, asegura Tasies.
La académica también reclama que la información pública sostiene que el mayor tenedor de deuda es el propio sector público. Tasies asegura que se necesita una auditoria de la deuda pública del país y, posteriormente, buscará respaldo de la UCR para crear un proyecto de investigación en dicha línea.
“Si el Estado fuera el dueño, como tratan de hacer entender, ¿por qué el Estado se quebraría a sí mismo? ¿Por qué el Estado cobraría uno de los intereses más caros del mundo como publicó UNIVERSIDAD?”, se preguntó en la entrevista con este semanario.
Tasies se refirió a un informe reciente de Bank of America, interpretado por UNIVERSIDAD en setiembre. Ese informe asegura que Costa Rica está dentro del decil más alto de intereses de deuda del mundo. El país ocupa el decimoquinto lugar de la lista, superado solamente por Jamaica y por Brasil en el continente americano.
5,2% del PIB son intereses de deuda que suman a voraz saldo del 80,5% del PIB para el 2021
Un informe de Bank of America afirma que los intereses de Costa Rica son de los más altos del mundo y advierte vulnerabilidad a impagos.
UNIVERSIDAD también tramitó este año solicitudes de información sobre la identidad de los tenedores de deuda pública.
En abril pasado, estos trámites se realizaron frente al BCCR y Hacienda. Al igual que en las respuestas a los accionantes del recurso de amparo, BCCR argumentó una lista de normativa regulatoria del secreto bancario, incluyendo el artículo 24 de la Constitución Política. Hacienda justificó la confidencialidad en sus bases de datos “por el principio del secreto bursátil”.
Puede ver un resumen del endeudamiento del país a setiembre, en esta infografía:
