Poco antes de las 10 p. m. de este lunes los funcionarios de la morgue judicial, en San Joaquín de Heredia, reanudaron la realización de autopsias luego de que formaron parte de una huelga indefinida en el Poder Judicial que inició el miércoles 19 de julio. Hasta la noche del lunes, en la morgue se encontraban 35 cadáveres acumulados.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, indicó que la reanudación de funciones “fue fruto de resultado de la conversación de la dirección del OIJ con la jefatura de Medicina Legal y de la voluntad de los mismos funcionarios de Patología para cumplir con el mandamiento de la Sala Constitucional y con compromiso ético y moral”.
Horas antes, la Fiscalía General de la República había ordenado abrir una investigación a los empleados de la morgue que se negaran a realizar labores necesarias para practicar las autopsias.
Esto luego de que un fallo de la Sala Constitucional -a raíz de un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría de los Habitantes- ordenó a Espinoza tomar las acciones necesarias para que se realizaran esos procedimientos. No obstante, varios empleados se negaban a cumplir la directriz. Incluso, este martes algunos no se habían reincorporado.
Espinoza informó de que a la 1 a.m. se habían realizado seis autopsias. Añadió que los cuerpos serán entregados a partir de las 8 a. m. de este martes, previa coordinación con los familiares, quiénes serán contactados por funcionarios judiciales.
El jerarca del OIJ comunicó que la tarde del lunes solicitó a la Fuerza Pública dar seguridad a las instalaciones de Medicina Legal pues al parecer algunas personas estaban “rondando”. “Probablemente por el interés de retirar alguno de los cuerpos”, manifestó.
Aseguró que no hubo una “toma” de edificio y que los funcionarios están trabajando por su propia voluntad. El ministro de Seguridad Pública había comunicado en su cuenta en Twitter que la Fuerza Pública estaba “tomando control” del lugar por solicitud del magistrado Celso Gamboa, quien justificó que hizo tal petición “como ciudadano”.
La huelga de los empleados judiciales fue declarada por los representantes de la Asociación de Jueces, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, el Sindicato de Jueces y Juezas, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores, la Asociación Nacional de Profesionales y el sindicato de la Defensa Pública.
Estos reprochan que la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa rechazara retomar el proyecto de ley que reforma el Fondo de Pensiones del Poder Judicial y que había sido redactado por los gremios. En su lugar, en la corriente legislativa se mantiene un plan propuesto por Supen.
Los gremios están en desacuerdo con el plan de la Supen porque aumenta la edad de retiro a 65 años, el tiempo de labor a 35 años y la asignación sería del 72% del promedio salarial de los últimos 30 años. Consideran que esas condiciones serían “ruinosas” para los trabajadores.
Según los representantes sindicales, el plan de ley que ellos habían planteado ya había sido discutido con las todas las fracciones legislativas hace un año. Su propuesta incluye una jubilación a los 60 años para las mujeres y 62 años para los hombres.
