El oficialista Welmer Ramos solicitó al Presidente de la República, Carlos Alvarado, que evite la firma de un decreto que eliminaría los aportes que realizan los generadores distribuidos al Sistema Eléctrico Nacional. En una carta del pasado 1 de julio, Ramos advierte que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) apoya un reglamento que “promueve que los usuarios de mayor poder adquisitivo (residencial, comercial e industrial) instalen su propia generación de electricidad y dejen de aportar a los costos fijos que tiene el Sistema Eléctrico Nacional, pero que sigan conectados a la red de distribución recibiendo beneficios”.
La pérdida de estos aportes recaería en el resto de los usuarios, señala.
La carta, firmada en conjunto con su compañero del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Ramón Carranza, asegura que el futuro decreto eliminará alrededor de ¢7.358 millones que aportan al sistema eléctrico los generadores de energía distribuida, es decir, quienes producen energía de autoconsumo, a partir de fuentes renovables, como la solar, por ejemplo.
No obstante, la energía de las fuentes renovables que se produce durante el día no es posible almacenarla. Según las actuales disposiciones, los generadores distribuidos continúan conectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), donde se inyectan los “excedentes” de la energía que no se utiliza. Actualmente, un “abonado-usuario” puede seguir utilizando la energía del SEN durante las noches porque se le reconoce, a su favor, hasta un 49% del total de la energía que produce para autoconsumo.
Ramos asegura que los generadores dejarán de pagar los costos fijos que todos los demás usuarios pagan por generación y distribución. Los generadores de energía distribuida “continuarán usando el Sistema Eléctrico Nacional para realizar neteos de energía ruinosos para las empresas distribuidoras de electricidad y en consecuencia para los demás usuarios”.
De acuerdo con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el “neteo” ocurre precisamente cuando se inyectan los excedentes de energía para usarlos, posteriormente, “en el mismo punto de interconexión dentro de un período anual”.
“Una instalación de Generación Distribuida de 50 kW solar puede generar 87.600 kWh al año, eso implica que esa instalación dejará de pagar al Sistema Eléctrico Nacional aproximadamente 6.132.000 colones sobre los costos fijos antes mencionados, lo cual implica que esos costos se trasladan a los restantes usuarios. En Costa Rica ya hay instalados 60.000 kW de generación distribuida, por lo que al día de hoy, esas instalaciones dejan de contribuir al modelo solidario con ¢7.358.400.000”, dice la carta de Ramos.
“Según datos de la ARESEP el 83% de los costos de generación de electricidad son costos fijos. Cada usuario cuando paga en promedio unos 97 colones por cada kWh está pagando aproximadamente 70 colones para cubrir los costos fijos de generación y distribución”, afirma la carta.
Ramos advierte que el Reglamento del MINAE provocaría que “los Generadores Distribuidos puedan generar electricidad indiscriminadamente sin consumirla (…) y poder retirarla a lo largo de un año en cualquier momento, sin importar el precio real de la energía al momento en que se entrega y al momento en que se retira”.
“Me preocupa de sobre manera, que como Presidente de la República lo estén induciendo a firmar un Decreto que genera un beneficio indebido e ilegal a favor de un grupo pequeño de usuarios de alto poder adquisitivo y a costas de todos los demás usuarios del Sistema Eléctrico Nacional”, afirma Ramos.
Puede leer la carta completa a continuación:
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