La eventual ratificación del llamado Acuerdo de Escazú yace sobre los hombros, otra vez, de la fracción mayoritaria de la Asamblea Legislativa. No obstante, el jefe de los liberacionistas, Luis Fernando Chacón, asegura que la fracción todavía valora su voto para el segundo debate del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
“Estamos analizando los criterios en contra del Acuerdo del Escazú y a favor. Hay una posición dividida, a lo interno del Partido Liberación Nacional. Estamos haciendo un estudio detallado. Hay compañeros que quieren meter cláusulas interpretativas”, afirmó Chacón ante consulta de UNIVERSIDAD.
Y es que los votos de los 16 liberacionistas, nuevamente, son importantes para determinar el futuro de un acuerdo que se negoció en Costa Rica y que, en otras partes del continente, consiguió apenas la justa cantidad de país con ratificación para su vigor.
Los criterios en contra fueron nutridos, según explicó la subjefa del PLN, Karine Niño, por un voto salvado de la magistrada Nancy Hernández, dentro de la consulta constitucional que se hizo al proyecto de ley.
Con este panorama, tenso por presiones del sector privado, ahora también los legisladores repiten dudas engendradas por empresarios y sus asesores legales.
Así, este miércoles, un día antes de que el Acuerdo entrara en vigor, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que sus nueve votos “estarán en contra del expediente del Acuerdo (21.245) por contener roces constitucionales y varias contradicciones con la legislación nacional, mismas que han sido señaladas por diferentes sectores”.
En un breve video que también se distribuyó en redes sociales, el futuro jefe del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, afirma que el Acuerdo de Escazú “va a ponerle palos a la carreta de la producción y va en contra del sector productivo”. Le llamó un “tema de moda” y prometió su archivo.
Acuerdo de Escazú entra en vigor sin el país que le dio nombre
Tras haber sido aprobado en primer debate en 2020, una consulta constitucional devolvió el proceso a cero y el tratado espera ser convocado en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, las cuales se extienden hasta julio.
De acuerdo con la diputada Niño, el silencio del Poder Ejecutivo provoca estos malentendidos.
“Le tiro toda la responsabilidad al Ejecutivo y a su fracción porque el PAC no ha peleado por el tema vehemente. Qué casualidad que lo hacen ahora y le echan la culpa a otros”, aseguró Niño en entrevista sobre declaraciones que hizo la oficialista Paola Vega sobre un presunto cabildeo en el que involucró a Antonio Álvarez Desanti.
La diputada del PAC culpó al PLN y al Ejecutivo de los desaires que se han hecho al Acuerdo de Escazú, en medio de la votación de otro acuerdo —el de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Niño mantiene que hace falta un trabajo de hablar con los empresarios “artículo por artículo” para que comprendan con claridad el tema.
“Yo lo resumiría así: este Acuerdo representa un compromiso de América Latina y el Caribe con un desarrollo más igualitario, más justo y más sostenible. Pero es un compromiso político porque los acuerdos de derecho internacional se basan en un derecho blando. Puedo entender las preocupaciones de otros países que no tienen legislación, pero ya nosotros la tenemos, en su mayoría”, dijo la diputada.
Niño enumera que el país ya cuenta con leyes que garantizan la participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en temas ambientales, y que se han tomado acciones para fortaler las capacidades del Estado para proteger a la población en materia ambiental.
Subjefa PLN dice que hubo compromiso de Canciller
Sin embargo, Niño coincide con Vega en la responsabilidad que tiene el Ejecutivo y, particularmente señala al canciller Rodolfo Solano.
“Estuve en una reunión en la que el Canciller me dijo que es importante el tema, que es un mensaje a nivel internacional. Él se comprometió a llamar a los sectores, a hablar con los presidentes de las cámaras, a hacer mesas técnicas y no hicieron absolutamente nada. Es un proyecto del Ejecutivo y es quien tiene la obligación de generar tranquilidad”, dijo Niño.
“A mí me preocupa que el Ejecutivo se haya quedado callado y no haya venido a aclarar las preocupaciones que tengan los sectores y esto vaya a tener un efecto en el área económica. Crea dudas, inconsistencias. Hay mucha incertidumbre y el Ejecutivo no ha hecho absolutamente nada”, añadió.
Sobre sus apoyos, UNIVERSIDAD también consultó a la fracción de Restauración Nacional. De los 7 votos de esta fracción, únicamente el puntarenense Melvin Núñez anunció su voto negativo. La jefa de fracción, Xiomara Rodríguez, aún tiene pendiente comunicarse con la prensa sobre el tema.
A la incertidumbre sobre los apoyos desde las diputaciones, además, se suma que el congreso continúa indefinido sobre cuándo y cómo continuará con sus labores ordinarias por nuevos brotes de COVID-19.
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