Pablo Sauma, especialista en el estudio de la pobreza en el país, analizó los resultados más recientes de los cambios en los índices de pobreza extrema.
Desde hace 25 años, la pobreza no baja. ¿La política social es un fracaso?
—Lo de éxito o fracaso depende del cristal con que se mire, porque se puede ver como un éxito que la incidencia de la pobreza en Costa Rica no haya aumentado en todos esos años, cuando la realidad de muchos países latinoamericanos ha sido la contraria (como mejor ejemplo, Argentina).
La pobreza por insuficiencia de ingresos se ve afectada tanto por la situación económica, como por los factores sociales y demográficos. Además, dentro de las políticas sociales deben diferenciarse las asistenciales -que brindan ayudas a las familias pobres para que solucionen carencias específicas, incluyendo las ayudas monetarias- de las que promocionan el desarrollo humano -especialmente la educación y la salud-.
Las políticas asistenciales inciden sobre la pobreza en el corto plazo, mientras que las políticas promocionales tienen impacto en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la educación, cuando los niños y las niñas que hoy asisten a la escuela se incorporen al mercado de trabajo con un adecuado nivel educativo que les garantice mejores ingresos.
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Comparativamente con el resto de América Latina, la inversión social que realiza el país es muy importante. ¿Por qué, a pesar de esto, sectores afirman que el modelo costarricense es “neoliberal”?
—Creo que el término “neoliberal” es generalmente mal utilizado, pues con el mismo se pretende desacreditar cualquier acción que privilegie el mercado, cuando en realidad, vivimos en un país en que el mercado y el Estado juegan roles relevantes y ambos requieren un constante proceso de revisión y ajuste, pues ninguno de los dos hace todo bien.
Un caso relevante es el de la educación pública. El incremento en el gasto público en educación en las últimas décadas ha sido enorme; sin embargo, los resultados obtenidos a lo largo de esos años no han sido para nada satisfactorios, entre otros, porque prevalecen los problemas de infraestructura en los centros educativos. Menos del 50% de los niños y las niñas que a lo largo de esos años ingresaron a primer grado lograron culminar satisfactoriamente la educación secundaria -en los países desarrollados este porcentaje generalmente es superior al 80%-; y la calidad de la educación se ha deteriorado, como lo ponen en evidencia los resultados de las pruebas PISA (siglas en inglés de Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes).
¿Fallan los programas, las instituciones o ambos?
—Fallan los dos, pero, primero, las instituciones, que no rinden cuentas sobre su eficacia y eficiencia y no evalúan sus programas de cara a realizar las acciones correctivas necesarias para lograr los resultados esperados.
Parte de la solución está dada hace mucho tiempo; sin embargo, los avances son muy lentos. Se requiere que cada uno de los programas tenga muy claramente definido su objetivo, la población meta a quien va dirigido y los criterios de selección de beneficiarios.
Debe terminar de constituirse el registro único de beneficiarios y deben realizarse evaluaciones de cada uno de los programas de forma transparente, brindando información confiable y oportuna sobre el número y características de los beneficiarios -obviamente manteniendo la confidencialidad en la información que así lo requiere-, así como sobre el costo de los programas y su composición -diferenciando costos administrativos de otros costos-.
