Casi un millón de paquetes de comida entregados por el Estado a familias necesitadas durante la pandemia de COVID19 se reparten de manera descoordinada entre varias instituciones y sin posibilidad de asegurar que se estén aprovechando al máximo los recursos destinados para ello.
Esto concluye la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría especial sobre la repartición de víveres en 15 cantones de los 82 que tiene el país, cuyo informe distribuyó este jueves a la prensa.
Se trata de un programa para el que se han destinado al menos c12.000 millones, con una población beneficiaria formada por familias en aislamiento sanitario, vulnerables o que perdieron sus ingresos en esta pandemia, además de hogares cuyos menores asistían a comedores escolares.
“Pese a las bondades que ofrece la coordinación de acciones – particularmente en un contexto de emergencia- se determinó que los actores involucrados en la entrega de víveres ha definido cada uno elementos de los componentes de estrategia y asignación de manera individual, dando respuestas diferentes que carecen de coordinación entre los actores”, se lee en el documento.
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Las instituciones involucradas son la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las comisiones municipales de emergencias en cada cantón, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y los Centros de Cuido y de Desarrollo Infantil (Cecudis), estos últimos financiados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
“La definición de distintas estrategias y asignación de recursos, de forma separada, para la entrega de víveres en atención de la emergencia, demuestra la ausencia de un objetivo común para esa actividad que propicie la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, además presenta un panorama donde las acciones fueron ejecutadas sin una priorización coordinada de los esfuerzos en el marco de la emergencia”, indica la CGR.
Además de esos aspectos, una coordinación óptima “permitiría integrar las acciones conforme a las necesidades de la población y maximizar el uso de los recursos públicos, con el fin de que se pueda beneficiar a la mayor cantidad de afectados posibles”.
Por ejemplo, distintas instituciones fijaron cuántos y cuáles criterios de selección debían cumplir las familias para ser beneficiarios. Mientras en el cantón Grecia había 14 requisitos, en Turrialba solo tres y no necesariamente corresponden a los que se aplican en Grecia. Puede tratarse de personas inmigrantes, con trabajo informal o independiente, etc.
“Dichas acciones presentan un riesgo, pues existe la posibilidad de que en un cantón se excluyan personas que en otro cantón si están siendo atendidas o por el contrario estar beneficiando personas con criterios mínimos”, agrega el documento.
La auditoría recomienda que las instituciones y comités recopilen información sobre los resultados para analizarla de manera que se pueda detectar desviaciones y tomar decisiones para el cumplir los objetivos en el marco de la emergencia sanitaria.
