Costa Rica cuenta con la visita Tomoya Obokata, quien es Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud de las Naciones Unidas (ONU), quien llegó en un momento de mucha convulsión social y denuncia de violación de derechos humanos de personas trabajadoras.
Precisamente, hace pocos días salió a la luz pública un video en el cual se evidenciaba una golpiza contra dos trabajadoras de una tienda de la cadena SYR y esto motivó no sólo a la denuncia pública, sino a la acción de diversas instituciones.
El operativo fue realizado por cuerpos policiales, el Instituto Nacional de Seguros (INS), los ministerios de Hacienda y Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social, a fin de verificar que estas tiendas tuvieran todo en regla.
Por su parte, el viceministro del área laboral, Wálter Villalobos, confirmó que han encontrado incumplimientos que van desde el no pago de horas extras, contratación de menores de edad, no otorgamiento de descansos y del pago mínimo obligatorio que la ley contempla.
Uno de los dueños de la tienda se dio a la fuga en medio del operativo y se generó una alerta policial, que dio como resultado su detención el pasado 21 de noviembre.
En un encuentro que tuvo el Relator de Naciones Unidas con dirigentes de diversas organizaciones sindicales se denunció esta situación, pero también se planteó una serie de violaciones a los derechos humanos y modernas formas de esclavitud que suceden en el país en plantaciones bananeras, con choferes de autobús, servicio doméstico, en el personal de grandes supermercados, tiendas, vigilancia privada donde están ocurriendo todos los días violaciones, además de la esclavitud financiera que experimentan las personas trabajadoras, según detalló Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Por su parte, Maikol Hernández, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentrag), quien participó en este encuentro, indicó que como gremial de este sector, hicieron énfasis en el tema de los enclaves agroindustriales y la forma en que operan estas empresas pues violentan los derechos humanos de las personas trabajadoras, afectan incluso a las comunidades e impiden la libertad sindical.
“Le contamos cómo las empresas desarrollan sus políticas empresariales en materia de salud, uso de agroquímicos, establecimiento de salarios, de violación al derecho de asociación, de la negociación colectiva, sistemas de contratación irregulares y los mecanismos que han diseñado para violentar los derechos humanos de los trabajadores”, indicó Hernández.
Fue enfático en que hablaron ampliamente sobre la problemática que experimentan las personas trabajadoras de estos cultivos en materia de salarios, a través de mecanismos que violentan su dignidad y de exponerlas a través del sistema de pago por destajo, impuestos por las empresas, con ausencia de controles del Estado y que obedece a sus intereses, definiendo ritmos e intensidad de las labores y así fijan los precios.
Asimismo, abordaron el manejo que usan las compañías para evitar que los trabajadores se afilien a sindicatos y que puedan defender sus derechos, así como la debilidad en los procesos de inspección de trabajo.
Migrantes a la deriva laboral
Otro tema que fue discutido con Tomoya Obokata, fue el de los trabajadores migrantes en la agroindustria y los trabajadores indígenas y situaciones que se presentan en algunos lugares del país que incluyen trabajo infantil.
“En este caso fuimos claros en que los trabajadores migrantes llevan la peor parte, porque están invisibilizados, son contratados de forma irregular, no se les paga salario mínimo, no se les cubre con seguridad social, no tienen póliza y están a la deriva. Y son las mismas empresas multinacionales, por medio de contratistas o pequeños productores, las que hacen las contrataciones de estos trabajadores migrantes, sobre todo los nicaragüenses en la zona de Upala, en San Carlos, las cañeras, piñeras y naranjales, donde también se presentan trabajo infantil migrante”, añadió el representante de la Fentrag.
