Las infracciones a la Ley contra la Violencia Doméstica y a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, constituyen la segunda causa a nivel nacional de detenciones realizadas por la Fuerza Pública, sólo superada por el decomiso de drogas.
Así lo explicó Daniel Calderón, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública, ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa durante una audiencia realizada el miércoles.
El funcionario precisó que a la fecha, durante este 2022 se ha detenido a 8.436 personas detenidas, mientras que el total del año pasado fe de 8.950. “Claramente hay un incremento, todavía queda muchísimo tiempo para cerrar el año”, lamentó.
En lo que respecta a femicidios, Calderón informó que el año 2021 cerró con 18 casos, nueve tipificados en aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, y otros nueve “por femicidio ampliado”, es decir, tomando en cuenta una definición de ese crimen más amplia que la contenida en la ley, que se limita a los cometidos por la pareja o expareja de la víctima.
Sin embargo, apuntó que aún quedan 27 casos del año pasado que están bajo revisión de las autoridades judiciales, lo cual podría engrosar la estadística.
Añadió que en lo que va del 2022, ya se han contabilizado siete casos de femicidio, pero que otros 12 “podrían convertirse en femicidios una vez la valoración de autoridades judiciales”.
Por ello, Calderón insistió a lo largo de toda la audiencia que la falta de recursos incide negativamente en la atención y seguimiento de casos de violencia doméstica y contra la mujer que la Fuerza Púbica lleva a cabo en todo el país, en especial en las zonas costeras turísticas, agitadas por recientes casos de violaciones.
Además detalló que durante el 2021 la policía entregó más de 34 mil notificaciones por violencia doméstica y 27 mil medidas de protección, lo cual calificó como una “situación de alarma” y riesgo para las víctimas.
Según dijo, la atención de este tipo de casos “demanda una cantidad importante de recursos de la policía, porque tiene una complejidad alta”, ya que implica “no sólo la atención de la emergencia, sino e apoyo a la víctima para trasladarse, y hacer diligencias posteriores como desalojo del ofensor del domicilio”.
Ante esa situación, Calderón también reveló impacto negativo de la regla fiscal, que según dijo incidió en que la Fuerza Pública “perdió en dos años 915 puestos de policía por el tema presupuestario, una afectación importante”.
Ante preguntas de las diputadas, dijo que ese recorte de personal “nos limita el crecimiento y cobertura en todo el país” e informó que ya se han tenido conversaciones en la Presidencia de la República “a ver si nos permiten al menos reponer esos puestos que perdimos”.
Mientras tanto, se han tomado medidas administrativas como una mayor restricción a la portación de armas a las personas que tienen antecedentes por casos de violencia.
Cantones priorizados
La comisionada Hannia Cubillo, directora nacional de Programas Preventivos, quien acompañó a Calderón, informó que la policía ha priorizado su trabajo en 14 cantones que han mostrado mayor incidencia y gravedad.
Se trata de Talamanca, La Cruz, Liberia, Los Chiles, San Carlos, Heredia, Alajuela, Puntarenas, Garabito, Dota, Corredores y Gofito.
La diputada liberacionista Katherine Moreira Brown inquirió qué medidas se ha tomado en cuanto al tema de idioma, por ejemplo para atender emergencias por violencia doméstica en territorios indígenas de os pueblos bribri o cabécar, a lo cual Calderón reconoció que “realmente ahí tenemos una tarea pendiente” y añadió que “lo que sí hemos hecho, que no es suficiente, es que oficiales de policía que se han capacitado y que vienen de esas zonas, se han asignado ahí”.
Por otra parte la diputada frenteamplista Rocío Alfaro, comentó que un grupo de mujeres del territorio indígena de Alto Pacuare le informó que, cuando se denuncia, la notificación no es entregada por la policía directamente al presunto agresor, sino que “la dejan en las escuelas”, con lo cual “exponen a niños y a niñas”. Por ello preguntó si esa situación se da en otros territorios indígenas y subrayó que tal práctica genera “situaciones extremadamente riesgosas para las denunciantes”.
Ante ello Calderón afirmo que “reconocemos que queda mucho trabajo por hacer en cuanto a sensibilización del personal policial, todos los años se retoma el tema”, aspecto que fue constante durante toda su intervención. Añadió que “se requiere mayor inversión en recursos para una mejor atención a la víctima”, pues “la revictimización tiene que ver con todo, incluso con la forma en la que trasladamos una víctima a la delegación y que cuente ahí con un espacio seguro”.
Anució que investigará el caso de Alto Pacuare, pues “hay una circular judicial que dice que esas notificaciones las tiene que hacer la policía. No es aceptable que sea la víctima que lo haga bajo ningún punto de vista”.
