El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció el supuesto desvío ilegal de más de ¢35.000 millones del Banco Nacional (BNCR) a su asociación solidarista (Asebanacio), entidad a la que acusó de funcionar como una especie de “banco paralelo” para altos funcionarios y clientes empresariales que no cumplían con los requisitos para solicitar fondos crediticios al banco estatal.
El legislador documentó los hechos a través de una investigación propia, fundamentada en denuncias privadas de empleados del Banco. Posteriormente presentó la relación de hechos ante la Fiscalía General de la República (en la vía penal) y a la Contraloría General de la República (para una indagación administrativa).
Específicamente, Villalta denunció que el dinero que el banco habría girado en tractos a la asociación solidarista provenía de las reservas acumuladas por la entidad financiera para el pago de cesantías de la institución hasta el 2011, cuando se fundó Asebanacio.
Según su denuncia, esto se hizo a pesar de tres informes elaborados por la Procuraduría General de la República (PGR), que había advertido sobre la ilegalidad del movimiento por tratarse de reservas que correspondían a fondos públicos y sin autorización legal para su traslado a ningún otro sitio.
Además de esa irregularidad, el legislador pidió revisar la forma en la que ha funcionado Asebanacio desde su fundación, pues -según Villalta- los recursos de su patrimonio sirvieron para girar créditos en condiciones irregulares. Añadió que la solidarista habría terminado funcionando como un “banco paralelo” al que acudieron gerentes y empresas de renombre.
Por ejemplo, mencionó dos créditos, por ¢30 millones y ¢160 millones, otorgados por la asociación al ex-subgerente general Rigoberto Alpízar, a partir del año 2012.
Asimismo, denunció que el expresidente de la asociación solidarista, Óscar Prado, habría recibido más de 40 créditos entre el 2012 y el 2018, que en conjunto habrían sumado desembolsos por unos ¢500 millones.
En cuanto a los montos girados a empresas, las denuncias destacaron créditos a grandes grupos como Hidrotárcoles, Casa Blanca, Sánchez Carvajal, Raasa, Grupo Orosi, Kineret (del grupo Yanber), Constructora Hermanos Brenes, Constructora Brenes y Seguridad Delta.
Otras operaciones crediticias cuestionadas fueron una serie que se otorgó, entre 2015 y 2017, a las empresas del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien habría recibido ¢18.294 millones sin mayores controles, de acuerdo con los señalamientos del legislador. Actualmente, Bolaños enfrenta medidas cautelares y es investigado por la obtención de créditos supuestamente amañados a través de la banca pública.
Según indicó Villalta, la Asociación habría funcionado como una estructura crediticia secundaria del Banco Nacional, una especie de “caja chica” para algunos sectores de mayor interés para las autoridades bancarias, cuyos riesgos de financiamiento eran mayores.
“Todo apunta a que el plan detrás de la creación de Asebanacio en estas condiciones irregulares ha sido crear una especie de banco paralelo que permitiera dar créditos muy riesgosos, irregulares y con poquísimos controles. Todo financiado con recursos públicos y poniendo en peligro recursos de las personas trabajadoras”, apuntó el diputado.
En su denuncia, Villalta resaltó que se trataba de créditos “altamente riesgosos y que con los controles del propio BNCR no habrían podido ser otorgados”.
Doble función
Villalta además indicó que algunos altos mandos del Banco Nacional habrían incumplido la Ley de Asociaciones Solidaristas, 6970, la cual indica que ninguna persona que ostente la condición de representante patronal de una institución (directores, gerentes, auditores, administradores o apoderados) podría acceder a la junta directiva de su asociación solidarista.
En esa línea, indicó que muchos funcionarios del banco habrían “incluido información inexacta en declaraciones juradas para omitir u ocultar sus verdaderos cargos”, entre ellos Óscar Prado, quien fue director del Banco y presidente de Asebanacio entre 2012 y 2017.
La carta también señaló a Rigoberto Alpízar, quien fue subgerente del BNCR y “promovió inicialmente la creación de Asebanacio, incluido el traslado de fondos de prestaciones existentes al 2011”.
Ambos, resaltó Villalta, habrían recibido parte de los primeros créditos otorgados por la Asociación, incluido uno para Alpízar —que superaba el límite de exposición crediticia por asociado— con el objetivo de subsanar un par de deudas suyas antes adquiridas con el BNCR cuya garantía era el fideicomiso de varios inmuebles.
En el caso de Prado, la denuncia señaló que solo quedarían activos cinco de los 40 totales, por más de ¢170 millones, algunos con incumplimientos.
Banco Nacional: “Asebanacio no es un banco paralelo”
Ante las declaraciones de Villalta y sus oficios remitidos a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República, el Banco Nacional aseguró, a través de un comunicado de la Dirección General de Relaciones Institucionales, que la Asociación Solidarista que Asebancio no funciona como un “banco paralelo”.
No obstante, sobre el traslado de fondos en 2011, el BNCR señaló que su Junta Directiva autorizó abrir una investigación externa para ”aclarar la legalidad de dicha decisión”.
Asimismo, la entidad estatal señaló que ha tomado medidas como la realización de cambios en su Código de Conducta desde 2017, con el objetivo de “evitar conflictos de interés entre sus colaboradores y la asociación”. Además, agregó que hace más de un año que el Ministerio Público realiza una investigación, caso por el que la Asociación fue allanada en septiembre de 2018.
En aquel momento, el Poder Judicial indicó que se investiga por el presunto delito de administración fraudulenta a cinco hombres (de apellidos Prado Mendoza, Murillo Boniche, Agüero Alvarado, Jiménez Matarrita y Ureña Monge) y cinco mujeres (Ortega Guevara, Bermejo Barrantes, Escalante Soto, Cordero Hernández y Palacino Castillo), parte de la junta directiva de Asebanacio, de 2011 a 2017.
Otro aspecto sobre el que se manifestaron fue sobre las supuestas intimidaciones a funcionarios denunciados por el diputado Villalta en el Plenario legislativo, donde dijo que una buena parte de sus investigaciones correspondieron a informaciones entregadas por “funcionarios honestos y funcionarios decentes” que ahora estaban siendo “perseguidos” por creencias o sospechas.
Al respecto, el BNCR indicó que “la Junta Directiva General y la Gerencia General del Banco Nacional indicaron que no tolerarán ningún tipo de persecución ni presión contra funcionarios del Conglomerado por ejercer su deber de denuncia”.
