La Asamblea Legislativa tramita tres proyectos de ley que comparten el mismo objetivo general, impulsar la minería industrial metálica en el país en contradicción con la vigente prohibición sobre la explotación de minerales a cielo abierto.
Se trata de dos proyectos emanados de Liberación Nacional (PLN) y uno de la Unidad Social Cristiana (PUSC). Los del PLN son el N.º 21.584 Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica, presentado por Jorge Fonseca y María José Corrales; y el proyecto N.º 21.396 que hace reformas al Código de Minería y fue planteado por la guanacasteca Aida Montiel. El del PUSC lo presentó María Inés Solís, escuetamente titulado “Ley de Minería Crucitas” y es el N.º 22.007.
En compás de espera está el proyecto “Ley para el fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares”, impulsado por el oficialista Welmer Ramos y que busca dar más posibilidades a la explotación artesanal de pequeña escala en ese cantón durante un tiempo, porque fue enviado a consulta constitucional por un grupo de diputados encabezado por el liberacionista Fonseca, luego de que había sido aprobado en primer debate.
Este martes, se esperaba que la Comisión de Guanacaste, presidida por la misma Montiel, dictaminara el proyecto que ella presentó, lo que no sucedió debido a que sus compañeros de Comisión le pidieron aún no tramitarlo a la espera de la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de Abangares, según confirmó a UNIVERSIDAD.
La propuesta presentada por Fonseca y Corrales avanza en la Comisión de Asuntos Sociales, que también el martes 10 de noviembre sesionó y recibió en audiencia a la ministra de Ambiente Andrea Meza y a representantes de la Escuela de Biología de la UCR, del Colegio de Geólogos y de la Dirección de Geología y Minas.
El proyecto de María Inés Solís podría salir dictaminado de la Comisión de Alajuela, donde es tramitado, el próximo lunes 16.
El ambientalista Mauricio Álvarez, coordinador del programa Kioscos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR, coincidió con lo expuesto por la ministra de Ambiente, quien llamó la atención del trámite de tres proyectos a la vez, porque “implica un desgaste”.
Álvarez dice que “lo están intentando por tres lados distintos para ver cuál pega” y argumenta que los dos proyectos que siguen con luz verde son “básicamente lo mismo”.
“Aparentemente están desgastando a las fuerzas que pudieran estar opuestas y que hasta ahora se reactivan”, aunque observó que también puede tratarse de una “competencia entre diputados por ver cuál va primero”.
Los proyectos coinciden en permitir la minería a cielo abierto “usando el caso de Crucitas como el interés final, lo demás es añadido para negociar. Está claro que el interés principal es reactivar Crucitas”, agregó.
Ofensiva
El proyecto de los liberacionistas Fonseca y Corrales establece que personas jurídicas pueden ser concesionarias para la explotación del subsuelo y que permisos y concesiones para exploración, explotación y beneficiado en túneles se pueden dar a una “mediana escala”, que define con un tope de explotación de 210.000 toneladas métricas al mes en un área de hasta 2.000 hectáreas.
Además, permite que en el cantón de San Carlos se otorguen concesiones para la explotación “bajo la modalidad superficial (cantera abierta)”, es decir, a cielo abierto.
La propuesta de la socialcristiana María Inés Solís reactiva la minería en esa zona “bajo la modalidad subterránea y superficial”, y aunque prohíbe el uso de mercurio, no dice nada sobre el cianuro. Autoriza permisos y concesiones a personas físicas y jurídicas, es decir, abre la actividad a todo tipo de empresas.
Mientras que la iniciativa de Montiel propone abrir el otorgamiento de concesiones en las zonas de reserva minera del Estado (Abangares, Golfito y Osa) a personas físicas particulares, cuando en la actualidad se limita a cooperativas dedicadas a la actividad de pequeña escala para subsistencia familiar. Además, permite que las concesiones, otorgadas por 25 años, sean renovadas por diez años más.
Coincidencia
Montiel negó que el trámite casi simultáneo de los tres proyectos sea una estrategia coordinada.
“El promotor” de la consulta ante la Sala fue Jorge Fonseca, dijo, quien en su momento “fue a la Comisión (de Guanacaste) a tratar de arreglar el proyecto (de Abangares), y no lo dejaron.Como no se lo arreglaron quedó molesto. El Departamento de Servicios Técnicos determinó que el proyecto es inconstitucional, entonces Jorge, por bravo que estaba, presentó (la consulta), es lo que creo por ahí”.
Fonseca respondió que “no obedece a una estrategia común, lo que es común es el interés de todos los diputados de que salga algo que nos permita evitar el desastre ambiental en Crucitas y que los costarricenses puedan aprovechar sus recursos naturales”.
Negó que impulsara la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de Abangares por una molestia personal, y más bien criticó ese proyecto porque, según dijo, no plantea una solución definitiva al problema de los coligalleros de ese cantón.
“Presenté la consulta, detectando las carencias, inconstitucionalidades y procesos incorrectos en la formación de la ley”.
Fonseca ponderó que las diferentes zonas del país tienen características particulares que requieren soluciones particulares, como Abangares y Crucitas.
“Si en nuestro proyecto no hemos podido conceptualizar correctamente los términos y formas, lo que necesito es que los órganos técnicos del Estado me digan cómo corregir eso”.
Posiciones ideológicas
Desde las filas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos dijo que el proyecto que impulsó promueve “una minería donde la mayor riqueza que se genere se quede en el cantón y en manos de muchísimos coligalleros”.
Así, consideró que los proyectos en discusión van en sentido contrario, pues abren la actividad a sociedades anónimas y por la cantidad de material que permitirían extraer.
Ramos apuntó que “soy del pensamiento de que el país debe implementar modelos mucho más participativos y sociales, de menos impacto ambiental, generando mucho más valor agregado y que la riqueza quede distribuida en el país. No estoy jamás de acuerdo con cielo abierto”.
Paola Vega, del PAC y presidenta de la Comisión de Ambiente, coincidió en que se está ante un esfuerzo político común del PUSC y el PLN.
“Hay una clara intención de instaurar un modelo que no es el utilizado en Costa Rica, el modelo extractivista, han aprovechado la pandemia y crisis económica para colocar un discurso de que ante la crisis el ambiente no importa”.
Añadió que se trata de “intereses de empresarios unidos a políticos que han ocupado puestos importantes en anteriores gobiernos” y aseveró que en este momento “avanzan a golpe de tambor, a contrapelo de posiciones académicas científicas y ciudadanas”.
A finales de agosto, Vega declaró a UNIVERSIDAD que podría considerar apoyar el proyecto de Corrales y Fonseca si se le hacían algunos cambios. Consultada de nuevo, dijo que “si se mantiene la prohibición expresa de minería metálica a cielo abierto, podríamos valorar regular minería artesanal”. Puntualizó entonces que si esta propuesta sigue tal como está, no lo apoyaría.
