El vicepresidente Stephan Brunner realizó una acalorada defensa de la póliza de seguros para los jerarcas del Gobierno, de la que asumió la paternidad total ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
«Yo puse el tema sobre el tapete», dijo Brunner ante los diputados, al indicarles que desde el 2022 planteó la idea ante sus colegas del Gabinete de Rodrigo Chaves, de quien indicó que al principio no compartía la propuesta, pero posteriormente si la avaló.
Se trata de una póliza de seguros que tendría un costo para el Estado de aproximadamente medio millón de dólares, para cubrir al presidente Chaves, los vicepresidentes, ministros y viceministros por demandas en su contra, y que incluiría desde el pago de los abogados a temas como extradición, daños de imagen y acción civil resarcitoria. La Contraloría cuestionó la posibilidad de esta contratación, y el ministro de Hacienda Nogui Acosta anunció que se realizaría una consulta a la Procuraduría sobre su legalidad.
Según el vicepresidente, tuvo conversaciones con la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) de ese entonces, Mónica Araya, para buscar una alternativa a lo que calificó como la obligación del patrono, en este caso el Estado, de dotar a sus empleados de las condiciones para cumplir bien su trabajo. Los diputados acordaron convocar a Araya para una audiencia posterior.
La postura de Brunner fue cuestionada por los diputados, quienes alegan que según la legislación, corresponde a los jerarcas asumir de su propio bolsillo el costo de seguros, e incluso Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN) , quien aseguró que no existía asidero legal para la contratación que el Gobierno quería realizar, pero que puso en suspenso luego de que trascendiera por la prensa.
Brunner aseguró que existía un asidero legal, en referencia a que el Estado está facultado para contratar las pólizas que requiera para realizar sus funciones.
Esto fue refutado por Ruiz, quien alegó que esta disposición general no implicaba una autorización legal, y calificó la insistencia de Brunner de que el Estado debía dar las condiciones de seguridad para los jerarcas como una justificación o exposición de motivos, y no una autorización legal expresa. «ustedes están interpretando la ley, la ley no los autoriza para contratar esta póliza, no tiene asidero legal», dijo.
También Francisco Nicolás, del PLN, consultó a Brunner sobre un informe de la Procuraduría que habría autorizado la contratación, pero la respuesta de Brunner sobre la autorización para contratar seguros que fueran necesarios, la utilizó para cuestionar que se utilizara un informe genérico, para justificar una póliza que deberían asumir los jerarcas de su propio bolsillo.
Brunner también insistió ante los diputados que la póliza no fue la única opción, sino que se exploró la posibilidad de que la Procuraduría asumiera la defensa de los jerarcas ante las denuncias, o que las direcciones jurídicas del Estado asumieran esos procesos, pero que los descartaron porque requerirían reformas legales. «La única opción que no requería de reforma legal era la póliza», dijo el vicepresidente.
Ante las críticas de los diputados de oposición en el sentido de que esta contratación no correspondía al interés público, Brunner insistió enfáticamente en que era de interés público que los funcionarios no fueran amenazados por la posibilidad de denuncias que afectarían su patrimonio, ante las cuales el Estado «da un paso par el lado». Aseguró que en su experiencia en la Comisión para la promoción de la Competencia (Coprocom) tuvo la experiencia con una empresa que debían sancionar y que los denunció.
Brunner también insistió en que la póliza no cubriría las denuncias que ya se han presentado, y que en caso de que el funcionario sea condenado, debería devolver los recursos.
Sin embargo, admitió que no hubo un acuerdo formal sobre la contratación de la póliza, y aunque aseguró que los jerarcas estuvieron de acuerdo, tuvo que reconocer que no hubo una votación o consulta individual. «Es un acuerdo general», dijo. Tampoco pudo precisar quién dio la orden a Nogui Acosta de que separara los recursos para la póliza e iniciara el trámite.
