El viceministro de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Luis Daniel Soto Castro, omitió justificar por qué firmó el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) pese a que dos informes elaborados por la Unidad de Reforma Institucional del Área de Modernización del Estado de ese ministerio recomendaron no aprobarlo.
El decreto 41996-Mideplan, publicado el 17 de febrero por el presidente de la República, Carlos Alvarado; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro Soto, en su calidad de ministro a.í., indicaba que se contaba con el aval de Mideplan para la reorganización administrativa, como dicta la normativa vigente.
No obstante, en el expediente se observa que durante el 2019 la propuesta fue rechazada en dos ocasiones con informes realizados por Jorge Ortega Vindas, jefe de la Unidad de Reforma Institucional de Mideplan. Ortega señaló falta de claridad sobre el tipo de datos que analizarían los asesores presidenciales y duplicidad de funciones con otras entidades, entre otras razones.
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“La normativa vigente establece que cualquier modificación al esquema organizacional —es decir, creación, supresión o fusión de unidades organizacionales de una institución pública— debe pasar por el análisis, revisión y aprobación del Mideplan”.
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El funcionario de Mideplan solicitó entonces a Casa Presidencial subsanar varias de las omisiones en las peticiones presentadas; sin embargo, esa información nunca se incorporó al expediente, ni consta ninguna resolución del jerarca de Mideplan sobre por qué aprobó el decreto.
Ortega explicó a UNIVERSIDAD que la decisión final sobre una propuesta de reorganización administrativa recae en la jerarquía de Mideplan, quien puede apoyarse en la recomendación técnica o separarse de ella. Sin embargo, si decide apartarse de ese criterio técnico, debe elaborar una “justificación razonada”, indicó Ortega.
Esa motivación por parte de Soto es la que no existe dentro del expediente. De hecho, Mideplan finalmente nunca aprobó el decreto, según confirmó la institución ante consulta de este medio.
No obstante, al cierre de esta edición, el viceministro mantenía silencio sobre sus razones para avalar un decreto sin el respaldo del ministerio que representa.
UNIVERSIDAD le envió varias consultas, pero por medio de la oficina de prensa de Mideplan argumentó que se abstendría de dar declaraciones debido a la investigación penal realizada por la Fiscalía.
Él fue llamado a comparecer este miércoles en la comisión legislativa que investigará este caso. Mientras, la Fiscalía realiza una pesquisa penal en la que figura el presidente Alvarado el ministro Morales, el viceministro Soto y un grupo de asesores.
En octubre del 2019, cuando se firmó el decreto, Soto fungía como ministro porque la titular, Pilar Garrido, se encontraba en París, representado a Costa Rica como coordinadora del Comité de Gobierno Corporativo ante a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó Mideplan.
El decreto fue anulado el 21 de febrero luego de cuestionamientos porque permitía a asesores del presidente acceso a información “confidencial” de la ciudadanía.
¿Necesaria aprobación de Mideplan?
El lunes, en comparecencia ante los legisladores, el ministro de la Presidencia Víctor Morales dijo que las opiniones que vertió Mideplan “no eran de acatamiento obligatorio para efectos de su validez” y que por eso llevaba la firma del ministro a.í. de Planificación.
Sin embargo, el jefe de la Unidad de Reforma Institucional de Mideplan, Jorge Ortega, brindó un criterio diferente a este medio.
“La normativa vigente, Ley 5525, Ley 7668, Decretos Ejecutivos 26893-MP-PLAN y 37735-PLAN, entre otros, establecen que cualquier modificación al esquema organizacional —es decir, creación, supresión o fusión de unidades organizacionales de una institución pública— debe pasar por el análisis, revisión y aprobación del Mideplan”, indicó vía correo electrónico.
Ortega argumentó que ese aval se fundamenta en que “la actuación eficiente y oportuna de la administración pública requiere una entidad técnico-jurídica supra institucional que regule su estructuración funcional” y que la ley de Planificación Nacional propicia una “coherencia en la gestión administrativa”.
El funcionario citó normativa legal y reglamentaria, así como criterios de la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República que otorgan a Mideplan la potestad de aprobar las reorganizaciones administrativas.
“Conforme a las normas vigentes, la aprobación final para la creación de estructura en el sector público es potestad de Mideplan, siendo que una institución pública debe esperar a que este ministerio resuelva y apruebe su propuesta de reorganización, previo a implementarla. En caso de que la propuesta sea rechazada por Mideplan, se puede solicitar una revocatoria de la resolución, aportando nuevos elementos. Pero, si la resolución final queda en firme, deberá acatarse lo dispuesto por este Ministerio, bajo el principio de legalidad, so pena de nulidad absoluta, siendo que no debería quedar al arbitrio de un jerarca si acoge o no la resolución en mención”, indicó.
Los criterios en contra
La primera solicitud que hizo Presidencia a Mideplan era para la creación de una Dirección de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial.
En ese primer análisis, el jefe de la Unidad de Reforma Institucional concluyó que “el decreto no es claro respecto del tipo de datos que le correspondería analizar a esta Dirección, como es el caso de Mideplan, INEC, Micitt, DIS, entre otras”, se lee en un correo enviado por Ortega a la directora del despacho del Mideplan, Ivania García, quien a su vez se comunicaba con Felly Salas, directora del despacho del presidente de la República.
El análisis también arrojó que no se contaba con un estudio técnico que justificara la creación de esa estructura.
Tras reuniones de funcionarios de Mideplan con personeros de Casa Presidencial, se acordó que estos últimos trabajarían en los requerimientos solicitados.
En julio de ese año, el entonces ministro de la presidencia, Rodolfo Piza, presentó a Mideplan la propuesta de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial, esta vez con un informe técnico.
Nuevamente, el funcionario Ortega recomendó no aprobar la reorganización, hasta que no se revisaran y aclararan observaciones técnicas, por ejemplo, relacionadas con que algunas de las funciones ya eran competencia del Consejo de Gobierno.
También se señaló que la propuesta era omisa en indicar la cantidad de recurso humano “ni queda claro si el despacho presidencial prescindirá de dichas plazas o desarrollarán la labor como recargo, lo cual en principio no se considera conveniente y son aspectos que deberán aclararse”.
El Ministerio de la Presidencia no envió más información, por lo que “Mideplan no continuó con el análisis de la propuesta de reorganización presentada, por lo que esta se tiene por no resuelta y no aprobada”, informó Ortega.
Colaboró con esta información la periodista Fabiola Pomareda.