Viceministro de Mideplan se convierte en tercera baja por caso UPAD

Luis Daniel Soto firmó el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

El viceministro de Planificación (Mideplan), Luis Daniel Soto Castro, presentó este martes la renuncia a su cargo, mientras afronta una investigación penal por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Soto se convirtió así en la tercera baja del Gobierno de Carlos Alvarado por el caso de UPAD. Esta misma tarde renunció el viceministro de Ingresos, Juan Alfaro, quien indicó que su nombre se usó sin su consentimiento para pedir datos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Además, anteriormente presentó su renuncia el asesor legal de presidencia, Luis Eduardo Salazar, quien colaboró en la redacción del decreto que dio vida a la UPAD.

La renuncia de Soto fue confirmada por la jerarca de Mideplan, Pilar Garrido.

El viceministro firmó el decreto que creó la UPAD, junto con el presidente Alvarado y su ministro de la Presidencia, Víctor Morales.

Dicho decreto fue cuestionado por permitir a un grupo de asesores presidenciales acceso a datos confidenciales, a pesar de que esto está limitado por la Constitución Política y la ley.

Además, el decreto requería el aval de Mideplan, el cual nunca se otorgó. Por el contrario, la Unidad de Reforma Institucional de Mideplan recomendó en dos ocasiones no aprobar la creación de la UPAD.

Soto afronta una investigación penal por los delitos de prevaricato y violación de datos personales.

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Soto se convirtió así en la tercera baja del Gobierno de Carlos Alvarado por el caso de UPAD. Esta misma tarde renunció el viceministro de Ingresos, Juan Alfaro, quien indicó que su nombre se usó sin su consentimiento para pedir datos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Además, anteriormente presentó su renuncia el asesor legal de presidencia, Luis Eduardo Salazar, quien colaboró en la redacción del decreto que dio vida a la UPAD.

La renuncia de Soto fue confirmada por la jerarca de Mideplan, Pilar Garrido.

El viceministro firmó el decreto que creó la UPAD, junto con el presidente Alvarado y su ministro de la Presidencia, Víctor Morales.

Dicho decreto fue cuestionado por permitir a un grupo de asesores presidenciales acceso a datos confidenciales, a pesar de que esto está limitado por la Constitución Política y la ley.

Además, el decreto requería el aval de Mideplan, el cual nunca se otorgó. Por el contrario, la Unidad de Reforma Institucional de Mideplan recomendó en dos ocasiones no aprobar la creación de la UPAD.

Soto afronta una investigación penal por los delitos de prevaricato y violación de datos personales.

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