Vecinos de Quepos piden renuncia de Contralora

Grupo acusa a la Contraloría de complicidad con la impunidad, al no hacer cumplir correctivos anticorrupción en Municipalidad.

Decenas de vecinas y vecinos de Quepos presentaron la semana anterior una solicitud para que renuncie la Contralora General de la República (CGR), Marta Acosta, pues consideran que la funcionaria incumple con sus funciones de fiscalización y defensa de la hacienda pública.

Los firmantes del pliego se muestran disconformes con la respuesta dada por la CGR a solicitudes de investigación que han reiterado, sobre supuestos actos de corrupción en la municipalidad de Quepos.

Esta es una zona cuya economía se ha favorecido con el atractivo turístico de las famosas playas de Manuel Antonio, en el litoral del Pacífico central, provincia de Puntarenas.

El pedido de renuncia a la Contralora lo fundamentan al considerar que dicho órgano ha dejado de cumplir con lo que le encomiendan la Constitución Política, su propia ley constitutiva, la ley de control interno y otras normativas, de vigilar y defender el erario público.

Esto lo relacionan con denuncias interpuestas desde el 2012 sobre graves irregularidades y presuntos delitos en la Municipalidad de Quepos, muchos de los cuales fueron corroborados en varios informes del ente contralor, y que son objeto de una investigación penal del Ministerio Público.

Sin embargo, tres años después la gran mayoría siguen sin corregirse, y no se han sentado responsabilidades sobre los funcionarios culpables, quienes siguen en sus puestos.

Mariela Azofeifa, jefa de de prensa de la CGR, indicó que están en proceso de revisar los expedientes y que en enero podrá dar mayores explicaciones sobre cada caso denunciado.

Los denunciantes en el escrito mencionan, entro otros, el informe DFOE-SM-206-2006 de la CGR, referente a las ocupaciones ilegales de las playas del cantón, las cuales siguen invadidas y explotadas comercialmente, incluso en la zona pública de los 50 metros, como ocurre en Manuel Antonio, sin que a la Municipalidad le importe.

Mientras tanto pasa el tiempo, las disposiciones de la Contraloría no se cumplen y los delitos podrían prescribir, por lo que la Contraloría se convierte en “cómplice” de la corrupción y la impunidad, afirman.

El órgano contralor no puede aducir que hay una investigación en el Ministerio Público y  que por eso no puede investigar, ya que la ley le da poder para investigar y sancionar administrativamente, y si fuera el caso podría pedir al Ministerio Público copia de un expediente secuestrado, señaló por su parte Enrique Soto, miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Quepos y quien apoya la solicitud.

Los denunciantes aducen que la renuncia la piden con el único interés de que a la CGR llegue una persona independiente de los intereses de los políticos, comprometida con la defensa de los intereses nacionales y la lucha contra la corrupción, en beneficio del bienestar y los intereses nacionales.

Azofeifa informó que están estudiando el documento para dar respuesta formal a los interesados, por lo que no puede adelantar criterio.

Sin embargo, en relación con el quehacer de la CGR en materia de fiscalización y atención de denuncias, señaló que las acciones de fiscalización que se emiten desde el ente contralor, tales como auditorías y atención de denuncias, son desarrolladas por área técnicas de fiscalización dentro del ente contralor.

Esta aclaración es relevante en tanto los resultados de todas las acciones de control son ejercidas desde equipos de trabajo integrados por grupos de funcionarios que emiten sus criterios con absoluta independencia, basados en apego a la normativa vigente, y con objetividad frente a los hallazgos en las investigaciones, añadió.

“Si una denuncia planteada ante la Contraloría General no tiene los resultados deseados por parte de un denunciante, es comprensible que manifiesta su molestia al respecto, de eso estamos conscientes en la institución. Sin embargo, no toda acción u omisión que se denuncia puede dar necesariamente paso a la apertura de un procedimiento administrativo, que requiere de inicio de elementos probatorios que lo sustenten y de norma específica a aplicar.”

Sin referirse al caso puntual de Quepos, es importante recalcar que las potestades sancionatorias de la CGR estuvieron suspendidas por tres años ante acciones planteadas en la Sala Constitucional y fueron restablecidas hasta abril de este año. Esta situación ha implicado que hasta mayo de este año reiniciaron su curso procedimientos administrativos que estaban suspendidos del dictado de su acto final, apuntó entre otras consideraciones Azofeifa.


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