Mediante una carta fechada el pasado martes, varias personas a título personal, así como representantes de diversas organizaciones solicitaron al presidente Carlos Alvarado que vete la Ley para el cumplimiento de los derechos y el desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).
De acuerdo a un comunicado difundido este jueves, el texto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en segundo debate el pasado 14 de enero, “no responde a la realidad y necesidades de las personas con autismo”, según expresó la MSc. Karen Rodríguez, quien ha fungido como docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la UCR y participado en la elaboración de textos y manuales al respecto, además de ser madre de una persona dentro del TEA.
Un criterio coincidente expresó Jess Márquez, de la organización Colective Transcendentes, pues dijo que “solictamos al Presidente que vete la ley con base en que fue desarrollada sin convocar a las personas con autismo y sin seguir criterios nacionales e internacionales de leyes y tratados que ya existen, por lo tanto termina siendo una ley obsoleta que realmente no responde a las necesidades de las personas autistas como yo”.
Como se dijo, la carta enviada al presidente Alvarado es firmada por personas dentro del TEA a título personal, así como por representantes de las organizaciones Mariposa Azul Heredia, Fundación TEA, Proyecto Inclusión Comunitaria Armando Sueños, la Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) y la mencionada Colective Transcendentes.
En esa misiva se desarrolla siete argumentos para fundamentar la petición. Entre ellos cabe destacar que la misma definición de TEA utilizada en la ley “hace hincapié en el modelo médico rehabilitador utilizando el término “afecciones” confundiendo la discapacidad con enfermedad”.
Al respecto, se señala que las definiciones de TEA deben ser construidas desde el llamado modelo social de la discapacidad y un enfoque de derechos humanos “que no enfatizan en las deficiencias de la persona sino en sus fortalezas y capacidades”. Por ello, las personas firmantes consideran que es “fundamental” revisar la literatura científica pertinente y actualizada para no incluir al TEA como una enfermedad. “Esta definición errada va en contra de lo estipulado en el Manual de Apoyo para las familias de personas con Trastorno del Espectro del Autismo, amparado por la UNESCO y distribuido por el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec)”.
Tras apuntar que recomendaciones técnicas fundamentadas en legislación nacional y mecanismos internacionales sobre derechos de personas con discapacidad, no fueron tomadas en cuenta por la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, con gravedad la carta señala que en el proyecto no existe una definición de “situación de dependencia”, con lo cual se remite a “antiguas nomenclaturas ya superadas por el estado actual del conocimiento”.
Añade al respecto que el término “personas cuidadoras” utilizado en el proyecto “remite a la época de la implementación de la curatela”, una figura legal que sirvió como “principal herramienta de control y sustitución de voluntad de las personas con discapacidad”, y que fue derogado mediante la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad.
Por otra parte, también se señaló que la mayoría de los artículos del proyecto ya están contemplados en la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, por lo que “legislar derechos que ya están contemplados en otro cuerpo normativo, evidencia una duplicación de normativa y por lo tanto grave falta de eficiencia estatal”.
Otro punto importante es que la iniciativa de ley “se contrapone a los principios generales” de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ratificada por Costa Rica-, como el respeto de la dignidad inherente, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas dentro del TEA.
Finalmente, solicitan una reunión con Catalina Montero, presidenta de la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Legislativa, y con el propio Carlos Alvarado, para que reciban a personas con TEA y representantes de las organizaciones posterior al eventual veto, para realizar “un diálogo y una construcción colectiva, de espíritu democrático, que permita desarrollar un proyecto de ley más acorde con la intención original.
