Los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa tuvieron fuertes intercambios con Ulises Álvarez, jerarca de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por la ausencia de controles claros para el manejo de los residuos sólidos, particularmente con denuncias recibidas sobre el Parque de Tecnología Ambiental Aczarri (en Aserrí), cuya evolución inquietó a los legisladores.
Los diputados cuestionaron por la responsabilidad en el aumento de las toneladas vertidas en ese relleno sanitario, que según los representantes de la Setena eran originalmente de 600 a 700 por día, pero que informes de los legisladores ubica entre 2 mil y 3 mil por día, por el aumento de las municipalidades que requieren utilizar este relleno para enviar sus desechos.
Adicionalmente, se cuestionó por el funcionamiento de una ampliación dentro de este relleno, denominada celda única, que empezó a funcionar desde el 2019, sin tener los permisos de funcionamiento, así como la paralización de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima) que registraba más de un año sin funcionar.
Álvarez, secretario técnico de Setena, asistió acompañado del asesor Osvaldo Chavarría, e indicó que precisamente hoy se volvió a convocar a la Comima (entidad de seguimiento ambiental, en la que participan representantes de Setena, la Municipalidad, el desarrollador del relleno y la comunidad), porque el anterior representante de Setena había renunciado, y su reemplazo estuvo varios meses en un juicio en Crucitas.
Esto generó la reacción del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, quien cuestionó que la excusa fuera válida para generar la paralización de un órgano de seguimiento, en momentos en que la comunidad se muestra inquieta por el manejo del relleno.
Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional, criticó el funcionamiento de la ampliación (celda única) desde el 2019, a pesar de no tener los permisos de construcción. La indicación de Álvarez fue que ese era un tema de responsabilidad municipal.
Álvarez destacó que se debe considerar que el tema del manejo de los desechos sólidos tiene alrededor de 30 años sin resolverse, y con sectores que se oponen a cualquier intento de mejoría.
“No se oponen a un relleno sanitario, me los encuentro en otras audiencias, en otras propuestas, porque hay otras opciones, hay propuestas de gasificadoras, de incineradoras, recicladoras, pero hay quienes se oponen a cualquier intento de avanzar en el tema de los tratamientos de los residuos sólidos”, dijo Álvarez.
Mencionó que la Setena tiene alrededor de 100 expedientes abiertos sobre proyectos de esta materia, “algunos con viabilidad, otros sin ella, en algunos no se avanzó”, y ofreció remitir esta información en los próximos días a la Asamblea, ya que, aseguró, algunos expedientes solo se encuentran en formato físico.
Sin embargo, esto no evitó las críticas, por la falta de información oportuna sobre el caso de Aczarrí, y el seguimiento de las denuncias en este tema. En específico, se solicitó a los representantes de Setena por la responsabilidad en el aumento de las toneladas que se podían verter y su impacto en la vida útil de este relleno, pero no hubo una información al respecto.
Esto motivó a la diputada Katia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, a calificar el manejo de los residuos como “un desastre” en el país. “Nadie se responsabiliza de ver el tema como un todo, el Ministerio de Salud no asume la rectoría, las municipalidades dicen que no les compete la responsabilidad, Setena no asume y no hay un enfoque integral”, expresó.
Cambronero también cuestionó que el manejo de los desechos sólidos se estuviera haciendo como un negocio para unos pocos, en lugar de una situación pública que cada vez se desborda y ante la cual las responsabilidades lucen difusas.
En ese sentido, Robles denunció que en una comunicación de Chavarría con el mismo Álvarez, se indicó que Óscar Guzmán, gerente técnico de EBI, indicó que el cierre técnico del relleno sanitario de la Uruca, dependía de la aprobación del relleno sanitario de Turrúcares de Alajuela, que también sería operado por la empresa EBI. Robles criticó que se estuviera condicionando el cierre de un relleno a la operación de un proyecto en manos de la misma empresa.
Los diputados también habían convocado a la exministra de Salud Jocelyn Chacón para la audiencia, pero Jiménez indicó que se excusó por motivos de salud, por lo que su asistencia se reprogramará.
