País Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda:

“Va a ser un camino largo, pero va a ser un camino de consolidación”

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, asegura que es el momento de reformar el país, un “paciente” que requiere intervenciones profundas para garantizar su “contrato social”.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, tiene claro cómo quiere llevar adelante su trabajo. Por un lado, ha decidido iniciar sus gestiones dando confianza a los mercados internacionales y a los diputados; mientras que, por el otro, no ha tenido reservas para expresar que sus recientes medidas para contener el gasto público son apenas el inicio de “un largo camino” de reforma.

Ya prometió a los diputados una reestructuración laboral para 2019 y otra institucional para 2020, pues “Costa Rica ha hecho grandes reformas en el plano económico, pero nunca avanzó con una reforma del Estado”. La excontralora no sólo dice “creer” en los cambios profundos, sino que también los califica como “su compromiso”. Afirma que “posiblemente por eso la vida le dio la oportunidad de volver a trabajar sobre esas líneas, ahora desde otra función”.

Esa función, la de Ministra de Hacienda, la asume en medio de una crisis fiscal, un contexto que observa con esperanza pues “si bien en Costa Rica resolver las cosas siempre nos toma mucho tiempo, al final siempre buscamos soluciones que permitan garantizar lo que llamamos «el contrato social»”.

Apenas 20 horas después de abandonar la Asamblea Legislativa, donde presentó a los diputados sus propuestas para contener el gasto en una doble comparecencia de ocho horas 25 minutos, Aguilar atendió a la prensa nacional e internacional, un encuentro distendido en el sexto piso de Hacienda, donde explicó buena parte de sus intenciones como jerarca. A continuación, sus principales observaciones sobre puntos concretos:

Las medidas de contención. “Este conjunto de medidas, más que la reforma, lo que genera es que modifican la trayectoria de la deuda. Hoy, Costa Rica, sin estas medidas, sin este proyecto, termina en el año 2022 —sin que pase alguna— otra cosa con una deuda por encima del 70% (del PIB). Con estas medidas no es que logramos bajar el 50% actual, pero bajamos la trayectoria en al menos unos ocho puntos, quedando en 62%. Eso, sobre todo, nos permite mejorar la confianza para volver a los mercados internacionales.

El siguiente reto es continuar con procesos de reordenamiento del gasto y de una mayor eficiencia en el gasto, junto con reformas estructurales como las que ya anunciamos y que vendrán en el camino, para no buscar un 62% de deuda, sino ya irlo bajando. Esto es la primera fase de un proceso de consolidación, así que más allá de la cuantía de estas medidas, llámese por el lado del ingreso o del gasto, lo importante es que iniciamos un camino que va a ser un camino largo, pero va a ser un camino a la consolidación”.

Impacto de las medidas de contención. “El cambio, por ejemplo, en la forma en que se determinan las anualidades genera ¢650.000 millones en un plazo de diez años y arranca el primer año con unos ¢14.000 millones, pero va subiendo con un efecto creciente. Posiblemente representando un 1,28% del PIB en los cuatro años.

Por otro lado, mantener los salarios prácticamente estáticos hasta que puedan adaptarse las reformas actualizando un monto fijo es una decisión de grandísimo impacto también, sobre todo porque nos permite que una serie de pluses que estaban denominados de manera porcentual respecto al salario base no tengan los incrementos que han tenido.

Otra medida importante es el presupuesto previsto para el año 2019. Ya se han girado directrices a las entidades para que no crezcamos en plazas salvo con una orden judicial o alguna cosa por el estilo. Además, el presupuesto se va a mantener en términos nominales respecto al 2018, excepto en aquellas partidas que son intereses, pensiones, transferencias por cuotas patronales, etc.. Esa es posiblemente una de las medidas más importantes”.

¿Por qué tocar las remuneraciones? “Si nosotros mantenemos el nivel de funcionarios con los beneficios que actualmente tienen, habría que recortar los programas sociales, o bien, si no los queremos recortar pero sí mantener los beneficios, habría que tener menos empleados.

Me parece que es una fórmula que en buena medida refleja la manera en que en Costa Rica siempre buscamos resolver las cosas, que si bien siempre nos toma mucho tiempo, al final siempre buscamos soluciones que permitan garantizar eso que llamamos «el contrato social» y que no vayan a ser caóticas”.

Proyecto fiscal y el Legislativo. “Me parece que el Congreso asumirá esto con responsabilidad y por eso se tomaron el tiempo para oírme la cantidad de horas que me oyeron. Además, existe una alta probabilidad de que vaya a ser aprobada la moción y aunque eso no quiere decir que tengamos el proyecto, es un paso más”.

Confianza internacional. “No es lo mismo lo que usted puede lograr en los mercados internacionales con estas decisiones, que llegar con la nota que tenemos y con las perspectivas negativas. Por eso, esta es la primera paz y obviamente el interés es volver a los mercados internacionales, o sólo por un tema de costo sino de no estrujamiento sobre el mercado local”.

Legalidad de las medidas. “En el caso particular de la anualidad, en el año 2008, siendo yo Contralora General de la República, tomamos esa decisión Hace diez pasamos las anualidades de un porcentaje a un monto fijo, así que aquí no se hace un gran descubrimiento, sino que esto ya lo habíamos puesto en práctica. Aquel movimiento fue recurrido por la Asociación de Profesionales, lo cual tienen derecho a hacerlo, pero fue llevado a los Tribunales e incluso llegó a Casación, donde se confirmó. Eso no quiere decir que no puedan ser medidas recurridas, ni que sea una medida que esté blindada de cambios de criterio, pero sobre eso hay precedentes.

También se hizo en el caso de los puntos por carrera profesional. Ya la Contraloría, en este momento, no siempre se guía con el valor del Servicio Civil; mientras que el tema de un monto fijo para el salario ya se había puesto en administraciones anteriores. Doña Laura Chinchilla lo hizo en uno o dos semestres, lo que quiere decir que ya pasó por ese tamiz, aunque no es garantía de que no vaya a ser recurrida de nuevo y que se resuelva distinto”.

¿Y los destinos específicos o constitucionales? “Ese es el punto quizás más importante. El expediente 20.580 (Plan Fiscal) tenía un capítulo en donde se establecía la facultad de que se pudiera dejar de cumplir la obligación derivada de la ley en casos donde no alcance la plata, siempre y cuando no se reduzca el monto nominal ya percibido. Lo que se requiere es que se reincorpore eso de nuevo en el expediente. Además, en otras circunstancias tampoco se ha podido cumplir el 100% de los destinos legales porque ha sido imposible, y hablamos de una buena parte de las veces”.

Impacto de las medidas sobre las tasas de interés para el país. “No podría hacer una estimación correcta en este momento, pero ya Costa Rica ha tenido la experiencia en el pasado de lograr hasta 200 puntos base con una reforma. Para un nivel de endeudamiento del 50% del PIB, si uno lograra hipotéticamente 200, bajaría un punto en el endeudamiento”.

¿Cerca de una crisis? “Yo creo que lo que estamos más cerca es de evitarla, porque ya el Ejecutivo dio muestras de trabajo y se está hablando de la aprobación de la moción para reactivar la discusión del plan fiscal, y cada una de esas fases nos van alejando de ese fantasma. Por supuesto que lo contrario si nos acercará a ese fantasma”.

Mejorar la recaudación. “En este momento hay que buscar todas las medidas posibles, una es mejorar la eficiencia en el sistema recaudatorio. Para mí, las leyes recientes que se han aprobado dan muchísimas herramientas a Hacienda y hay que ponerlas a trabajar. El IVA también va a ser, posiblemente, una de las mejores herramientas. Cuando la gente sabe que hay un riesgo de incumplir está más cerca de cumplir que cuando no pasa nada”.

Medidas contra la evasión. “La primera y más importante es el IVA. Usted sin IVA puede invertir una cantidad importante de recursos para luchar contra la evasión, pero la relación costo beneficio va a ser más alta. La propuesta número dos es utilizar las herramientas que tiene el Ministerio, ya sea porque son nuevas o porque son desarrollos informáticos que se están apenas poniendo en operación, por ejemplo la obligatoriedad  de utilizar ExoNet en las exoneraciones o el proyecto Colmena, preventivo de ciertas actividades donde se puedan observar brechas tributarias. En eso vamos a seguir trabajando, porque los niveles de incumplimiento que nosotros tenemos son niveles importantes, con evasión, elusión y morosidad. Todos estamos trabajando en eso, sobre todo para generar eso que llamo «riesgo de incumplimiento»”.

Mejorar la eficiencia. “Todos los días vamos a tener que ser más eficientes, incluso las mismas instituciones no van a recibir el crecimiento inercial al cual están acostumbradas, por lo que van a tener que volverse hacia adentro y definir prioridades. Como digo yo, de las crisis también hay oportunidades que se deben aprovechar”.

Reformas estructurales. “Aquí el gran reto es continuar con el proceso de reformas y presentar en junio próximo una nueva Ley de Empleo Público al Congreso. Posteriormente, también habría que presentar una sola o un conjunto de leyes para el reordenamiento institucional. Nadie conoce un Estado de este tamaño ni en kilómetros cuadrados, ni en cantidad de instituciones per cápita. La buena noticia que entonces hay muchas oportunidades donde recortar y ser más eficientes”.

¿Y la regla fiscal constitucional? “Si bien en la Constitución existe la norma de un equilibrio presupuestario entre ingresos corrientes y gastos corrientes, la interpretación de la Sala Constitucional habla de que haya  un equilibrio, incluso vía deuda. La Ley de la Administración Financiera también tiene una regla sobre eso, pero lo cierto es que la hemos incumplido por muchísimos años.

La regla fiscal, lo que viene, es después de todo este proceso de curación del paciente, a evitar que nos portemos mal a futuro. Es devolver a la Constitución algo que el constituyente previó, pero que por decisiones de la Sala Constitucional no ha permitido que se cumpla con ese equilibrio.

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