La primera parte del interrogatorio del ministro de Presidencia y diputado, Víctor Morales, esclareció detalles sobre la ausencia de una jerarquía en la rendición de cuentas de la Unidad Presidencial de Ánalisis de Datos (UPAD). Según dijo Morales, antes de su formalización vía un decreto que terminó derogado, los asesores únicamente rendían cuentas al despacho del presidente Carlos Alvarado.
Morales dijo en el congreso que “es la directora de despacho del Presidente (Felly Salas Hernández) quien evalúa y coordina el trabajo de este grupo”.
La respuesta fue dada al diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien preguntó sobre la supervisión de los asesores Luis Salazar, Alejandro Madrigal y Diego Fernandez (señalados por la prensa como los trabajadores del equipo de datos).
“No hay la precisión que usted me está demandando. Es un equipo que trabaja mucho a solicitud de requerimientos particulares, de jerarcas e instituciones. Están integrados a la dinámica propia del equipo de asesores que operan para diferentes áreas y actividades”, dijo el ministro Morales a Abarca.
Ante la afirmación del diputado Abarca de que “Queda claro que el responsable de todo esto es el presidente Carlos Alvarado”, el ministro Morales urgió a decir que la responsabilidad es de la directora de despacho (es decir, Felly Salas).
En la primera parte se destacó el interrogatorio de la fracción de Liberación Nacional, liderada por Silvia Hernández, jefa de fracción y presidenta de la Comisión investigadora de la UPAD (que no ha sesionado aún).
De la fracción oficialista, la única que utilizó tiempo del cuestionario fue la diputada Carolina Hidalgo y lo hizo para reiterar los puntos expuestos por el ministro Morales, durante la primera parte de la comparecencia.
La segunda parte de preguntas continuará este lunes, a las 3 p. m., en el horario ordinario del congreso.
Morales omitió “lectura reposada” de decreto
Durante el cuestionario de la diputada, el ministro Morales admitió que no leyó con atención el decreto antes de firmarlo.
Morales se refirió específicamente a la redacción del artículo 7 del decreto ejecutivo, en el que se otorga acceso a la UPAD para procesar “datos confidenciales” (figura y término que no existen en la legislación costarricense).
“De mi parte, hubo una omisión de lectura reposada y reflexión de los alcances políticos del artículo 7 del decreto. Si lo hubiera hecho, obviamente, posiblemente, no estuviéramos en la discusión que estamos. Habría advertido las eventuales interpretaciones a las que se pudo haber llegado”, aseguró Morales.
“Yo firmé ese documento convencido de que era una herramienta ajustado a nuestro bloque de legalidad y totalmente ajustado al interés público. Por eso fue que lo firmé”, añadió el ministro de Presidencia.
Por otro lado, Morales también firmó porque el decreto ya llevaba la firma del Ministro a. i. de Planificación (Daniel Soto Castro).
“El decreto traía la firma del Ministro a.i. de Planificación. Punto. Traía la firma del Ministro, tenía el aval y respaldo legal del Grupo de Asesoría legal de la Presidencia, y yo procedí a firmarlo”, aseguró durante el cuestionario de la diputada liberacionista María José Corrales.
Decreto no pasó por Oficina de Leyes y Decretos
La diputada Hernández pidió aclaración a Morales sobre quién avaló jurídicamente la redacción del decreto.
Según Morales, en el proceso de redacción y aprobación del decreto para su publicación, “no participó” la Oficina de Leyes y Decretos (encargada, usualmente, de revisar los decretos del Presidente).
“La elaboración estuvo a cargo del grupo de asesoría legal de la Presidencia, en esto participó de manera particular el licenciado don Luis Salazar, como él mismo lo ha expresado y reconocido, pues incluso presentó su renuncia a su cargo en días pasados”, afirmó Morales.
Ministro cree que opiniones de Mideplan no eran “obligatorias”
La liberacionista Silvia Hernández, quien fue viceministra de Planificación entre el 2012 y el 2014, presionó a Morales para saber por qué firmó el decreto sin contar con el aval del Mideplan, aún cuando el decreto dice explícitamente que obtuvo el aval.
El ministro Morales hizo una separación entre lo que dictó la oficina técnica del Mideplan cuando evaluó el decreto y lo que decidió el Ministro a.i de Mideplan, al firmarlo.
“Se hicieron consultas a Mideplan y hubo opiniones presentando observaciones y reservas. Esas opiniones no eran de acatamiento obligatorio para efectos de su validez, por lo tanto lleva la firma del Ministro a.i. de Planificación”, dijo Morales.
Hernández informó que los “lineamientos de Mideplan para cualquier reorganización y reestructura son obligatorios”.
“¿Tiene un ministro la obligación legal de acatar el criterio técnico de una oficina de su ministerio? Yo no tengo la respuesta aquí, me habían dicho que no existe”, respondió Morales en la ronda de preguntas de la diputada Corrales.
Morales instó a que esa pregunta se resuelva durante la investigación legislativa del vértice político de Mideplan.
Ministro firmó contratos de confidencialidad para UPAD
Pese a que Morales nunca supervisó a la UPAD, o más bien, el grupo de asesores que tenían acceso a las bases de datos, el ministro de Presidencia sí firmó otros documentos vinculados a su operación, antes de firmar el decreto.
Morales explicó al liberacionista Roberto Thompson que firmó “unos contratos de confidencialidad” sobre el uso del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiario (Sinirube).
La firma de los contratos, de acuerdo con lo que dijo el Ministro, ocurrió después de contraer un convenio con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
“Me correspondió remitir al IMAS y firmar, en el marco de los protocolos, unos contratos de confidencialidad en relación con el uso de la información del Sinerube, en el marco del convenio existente. Aparte de la firma el decreto, y alguna solicitud de información general, algún formulario que se remitió al INEC, esos fueron los contactos formales que tuve con la iniciativa”, afirmó el ministro Morales.
Diputada acusa manipulación en presupuesto ordinario
La semana pasada, el diputado Enrique Sánchez aseguró en el plenario que el Ministro de Presidencia presentó la UPAD durante el proceso de defensa del presupuesto ordinario 2020.
Esta afirmación volvió a surgir en la comparecencia.
La diputada Ana Lucía Delgado —presidenta de la comisión que revisó y aprobó el Presupuesto Nacional— cuestionó si una partida de ¢70 millones correspondía a la creación de la UPAD porque, según un acta, Morales mencionó el equipo de datos mientras defendía esos millones.
Este lunes, en el plenario, Morales aseguró que era para “renovar equipos de cómputo y licencias (de programas de computadoras)”.
La afirmación de Sánchez volvió a ser cuestionada porque el diputado Heriberto Abarca reprodujo el audio de su afirmación. Sánchez contestó “que era para un equipo de personas que trabajaba en el análisis de datos”.
La diputada Delgado acusó al gobierno de manipular la exposición de motivos que Morales presentó a la Asamblea Legislativa. Según dijo, en la página de Hacienda se eliminaron los ¢70 millones del informe original.
Esta imagen, proporcionada por Delgado, presenta el expediente original (en rosado) y la presunta modificación.