La Fiscalía General de la República maneja la hipótesis inicial de que el presidente Carlos Alvarado; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales; y el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, firmaron el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) “a sabiendas que era contrario a la ley, toda vez que el artículo 7 del citado decreto establecía la obligación de las instituciones públicas que resguardan información confidencial (especialmente tutelada dentro del derecho de intimidad de los ciudadanos) a entregarla sin orden jurisdiccional a esta unidad cuando fuera requerido”.
Ese es uno de los argumentos que expuso la Fiscalía General en la solicitud para realizar allanamientos, los cuales se llevaron a cabo el viernes, en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro casas. Estos operativos fueron avalados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
La solicitud de allanamiento, registro, secuestro y acceso a la información, de la cual UNIVERSIDAD tiene copia, detalla que se investiga a los asesores del equipo de análisis de datos de la Presidencia Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, por aparentemente “haber tenido acceso y gestionado la entrega de información sensible a instituciones estatales”.
También son investigados la directora del despacho del presidente, Felly Salas, y el asesor legal Luis Eduardo Salazar, quien renunció a su puesto el jueves.
La solicitud de allanamiento indica que Felly Salas Hernández y los asesores “ordenaron a distintas instituciones datos personales y sensibles y de acceso restringido de las personas ciudadanas, en perjuicio de éstas, sin mediar orden jurisdiccional o consentimiento del derechohabiente” y que dicha labor era de total conocimiento del presidente Carlos Alvarado.
Se señala que Luis Salazar y Diego Fernández “con el fin de revestir de legalidad la labor que venían realizando y justificar la obtención ilegal de datos personales y sensibles de los ciudadanos propusieron la idea de crear un decreto ejecutivo que diera sustento al trabajo que venían realizando”.
“Durante el periodo de mayo de 2018 a octubre de 2019, los investigados Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Diego Fernández Montero, desempeñándose como asesores de datos del despacho de la presidencia, conformaron una unidad gubernamental para la compilación y análisis de datos personales de las y los costarricenses con miras a la supuesta ejecución de políticas públicas; lo anterior sin ningún respaldo legal”, dice la solicitud de allanamiento.
En el expediente se investigan los supuestos delitos de prevaricato en perjuicio de los deberes de la función pública, abuso de autoridad y violación de datos personales.
La Fiscalía indicó que se desconoce “la finalidad que buscaba la UPAD al recopilar y almacenar información o los datos que esta unidad habría accedido”.
En el documento se citan las cuatro denuncias interpuestas por Juan Diego Castro el pasado 23 de febrero de 2020; por la abogada Gloria Navas Montero en representación del Movimiento CiudadanoCR; por el licenciado Yashin Castrillo Fernández y por el licenciado Francisco Dall’Anese Ruiz.
Los elementos de prueba que se ordenó recopilar durante los allanamientos fueron toda la documentación relacionada con la creación de la UPAD; los convenios suscritos entre la UPAD e instituciones públicas; bitácoras de entradas y salidas a Casa Presidencial y a MIDEPLAN en los días 21, 22 y 23 de febrero de 2020; solicitudes de información de la UPAD a instituciones requiriendo información pública o confidencial de los ciudadanos; e informes emitidos por la UPAD en los cuales se haya recopilado información de los costarricenses.
