Según informó Casa Presidencial ante una consulta de UNIVERSIDAD, el equipo de análisis de datos de la Presidencia realizó 35 proyectos con base en datos que obtuvo de instituciones públicas. De estos, únicamente en cinco casos medió un convenio interinstitucional; en el resto la gestión de la información se hizo mediante una solicitud de correo electrónico.
Uno de los convenios fue realizado con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y los otros cuatro con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Se solicitó también copia de los convenios y los períodos que abarcó cada proyecto; pero la Dirección de Comunicación de Casa Presidencial indicó que no contaban con la información solicitada y que no podían brindar detalles debido al decomiso de documentos por parte de la Fiscalía.
También recordaron que el Código Procesal Penal impide a las personas vinculadas o investigadas con el proceso referirse a los temas, con el objetivo de proteger el procedimiento del Ministerio Público.
El pasado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República allanó la Casa Presidencial, en Zapote, así como oficinas del Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación, en relación con la la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Posteriormente, el 10 de marzo se allanó el centro de datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ubicado en Guatuso de Cartago.
Las instituciones que proveyeron información estadística solicitada por el equipo que trabajaba en Casa Presidencial incluyen los Ministerios de Hacienda, de Economía, Industria y Comercio, de Justicia y Paz, de Obras Públicas y Transportes, de Educación Pública, de Seguridad, de Vivienda y de Planificación.
Asimismo, facilitaron acceso a datos la Contraloría General de la República, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Caja Costarricense del Seguro Social, el IMAS, el INEC, el ICE, la Dirección General del Servicio Civil, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Registro de la Propiedad.
El equipo de Casa Presidencial usó información estadística -a la que tuvo acceso vía web- del Banco Central de Costa Rica, el Proyecto Estado de la Nación, la firma de auditoría Deloitte y la firma global de abogados Ernst & Young. En el caso de Deloitte, Presidencia obtuvo la información de la página de Internet de la firma, sobre impuestos de ventas por país.
¿CUÁL ERA EL OBJETIVO?
La Viceministra de la Presidencia Silvia Lara indicó en una reunión con periodistas —cuando recién se hizo público el trabajo de la unidad— que el análisis de datos se hizo con el fin de ayudar a la toma de decisiones más precisas de política pública.
La utilidad de esta herramienta es ayudar a que las decisiones de política pública se tomen con base en evidencia, con base en datos, para que no puedan ser rebatidas o traídas abajo por criterios personales de los jerarcas o gobiernos de turno, explicó Lara.
“La posibilidad que tenemos de convertir mucho de lo que hacemos en verdadera política de Estado pasa por el uso de los datos”, destacó Lara, quien desde el 4 de marzo quedó a cargo del Ministerio de la Presidencia, después de que renunciara Víctor Morales.
Los objetivos de los proyectos que realizó este equipo incluyen —según la información provista por Casa Presidencial— estimar los niveles de endeudamiento de los hogares, cuantificar el impacto del aumento salarial en los presupuestos públicos, y caracterizar la crisis migratoria de Nicaragua en Costa Rica, entre otros.
Las cuatro instituciones que dieron más información fueron el Ministerio de Hacienda, el INEC, el MEP y la Contraloría.
CONTRALORÍA GENERAL
En el caso de la Contraloría, quien solicitó la información fue directamente el presidente Carlos Alvarado, el 10 de julio de 2018, según consta en una carta enviada a este medio por la oficina de prensa de dicha institución. En ese documento Alvarado resaltó: “Hay un interés en estudiar la información sobre compras públicas de todas las instituciones del Estado y salarios del sector público. Cualquier información que sea considerada muy sensible, puede ser anonimizada, dado que no interesa conocer identidades; el estudio es meramente estadístico”.
Después de este pedido la Contraloría coordinó con los asesores Diego Fernández y Alejandro Madrigal y les dio acceso a las bases de datos públicas completas y en formato exportable del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), del Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) y del Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).
Los productos de esto habrían sido un análisis de la eficiencia del presupuesto público, un análisis de las compras públicas del Estado para buscar eficiencias y el seguimiento a los indicadores de empleo público.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
En el caso del MEP, la iniciativa de dar información estadística a Casa Presidencial surgió del mismo Ministerio y no a raíz de una solicitud. El MEP solo pudo informar de las gestiones a partir de la entrada de Guiselle Cruz en julio de 2019. No se tiene registro de lo ocurrido durante la gestión del exministro Édgar Mora.
“Se debe aclarar que los envíos estuvieron enmarcados desde la iniciativa del MEP, en el interés de la Administración Educativa de sistematizar y visualizar información para la toma de decisiones, y que las bases de datos fueron anonimizadas; es decir, expresadas en cantidades y porcentajes, sin referencias a identidades personales”, señaló la Dirección de Prensa del MEP.
El Viceministerio Académico envió información de los Colegios Técnicos Profesionales (cantidad de estudiantes y ubicación geográfica), para generar un mapeo georeferencial y hacer proyecciones sobre el bono demográfico. El Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional envió información para generar un índice de carencias educativas, que ha usado el MEP para la selección de centros educativos. Por su parte, la Dirección de Programas de Equidad del Viceministerio Administrativo envió datos de las rutas de transporte estudiantil, población beneficiada, recorridos existentes, empresas concesionadas y monto de los contratos y del presupuesto de los programas de equidad (transporte, comedores, cocineras) por centro educativo, para elaborar el presupuesto 2020, según se informó.
MINISTERIO DE HACIENDA
En el caso del Ministerio de Hacienda, las solicitudes de los asesores en Casa Presidencial empezaron en febrero de 2019.
La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación envió datos sobre la ejecución presupuestaria de los ministerios. Esto fue autorizado por el Comité Técnico Funcional del Sistema General de Administración Financiera (Sigaf), que determinó que era información pública.
La Dirección General de Crédito Pública envió la base de datos de títulos valores vigentes, eliminando los beneficiarios de los mismos. Se les indicó que el objetivo era realizar análisis para la toma de decisiones del Despacho del señor Presidente.
La Dirección General de Hacienda envió insumos disponibles para una metodología para construir la Canasta Básica Tributaria (información pública), y una base de datos con todas las cifras de ingresos captados por el Estado durante los últimos seis años, a nivel mensual, en todos los tipos de ingreso (información pública).
Por su parte, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria envió informaciones de plazas vacantes y de creación de plazas.
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el caso suspendió este lunes temporalmente las sesiones, por las directrices tomadas en plenario ante la situación causada por el coronavirus. Se indicó que durante este período los diputados podrán recibir y examinar la prueba documental solicitada a diversas instituciones y que aún está en trámite.
