La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) colaboró para identificar quiénes fueron los docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) que salieron del país durante la huelga contra la reforma fiscal, a finales del 2018.
Esa fue una de las tareas que desarrolló dicha unidad asesora del presidente Carlos Alvarado, aun cuando para esa época no se conocía públicamente de su funcionamiento, según confirmó a este medio Diego Fernández Montero, coordinador de la UPAD.
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El cruce de información concluyó que al menos 550 docentes salieron del país y, con base en en ello, el MEP inició procesos disciplinarios, que concluyeron en al menos 22 despidos.
En aquel momento, Migración solo dio el registro de las entradas y salidas; pero no indicó el detalle de las horas de ingreso y egreso del país, aduciendo que son datos confidenciales de las personas y que para eso se requiere el consentimiento informado, según informó entonces el departamento de Gestión Disciplinaria del MEP.
Esto impidió al MEP abrir procesos contra unas 40 personas, informó dicho ministerio.
El decreto que recientemente emitió el Gobierno para crear la UPAD –y que rápidamente derogó– establecía la posibilidad de acceder también a información “confidencial” como la que entonces negó Migración, a pesar de las prohibiciones establecidas en la ley.
Las leyes tienen un rango superior a los decretos del Poder Ejecutivo, por lo que estos últimos no pueden contradecir la legislación.
En una entrevista con UNIVERSIDAD, realizada el lunes en Casa Presidencial, Fernández relató que a su equipo le pidieron monitorear el impacto de la huelga. “Aquí recibimos información que era la que después salía pública, de tantos centros (escolares) cerrados, tantos centros de salud que están trabajando a tal porcentaje. Entonces sí, recibimos estadísticas agregadas de cuánto era eso”.
Al consultarle si a su equipo le solicitaron información sobre los maestros que salieron del país durante la huelga, respondió: “Sí, efectivamente, nosotros apoyamos en formar parte de ese trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación en ese momento y con la Dirección General de Migración y Extranjería”.
Fernández detalló que la demanda de ese tipo de información vino del entonces ministro de Educación, Édgar Mora Altamirano.
“Tenía la inquietud (Mora), si no me equivoco a partir de una nota, que planteaba que había unos maestros que habían salido del país y eso planteaba la inquietud de cuántos más. Fue ahí donde se nos consultó si podíamos trabajar esto de manera conjunta entre el MEP y la Dirección de Migración. Nosotros participamos con un apoyo técnico, lo lideró propiamente Alejandro Madrigal con un trabajo técnico de colaboración”, indicó Fernández.
UNIVERSIDAD consultó a Édgar Mora, quien respondió: “Una vez que confirmamos las salidas del país de unos pocos casos que fueron denunciados por ciudadanos asombrados por el fenómeno, la inquietud sobre el número real de huelguistas viajeros surgió de mi despacho. La idea de utilizar la capacidad instalada en Casa Presidencial para cruzar la información de docentes del MEP en huelga con la de registros de Migración surgió en el equipo de asesores de Casa Presidencial. Ellos eran los que tenían claridad sobre las posibilidades técnicas de las herramientas de análisis estadístico que operaban”.
“Creo que la información a Migración la pedimos nosotros en el MEP, porque recuerdo que en algún momento llamé a Migración para darle seguimiento al trámite”, agregó.
El abogado especialista en tecnologías de la información, Andrés Corrales, explicó a este medio que la información laboral en la función pública y la migratoria no tienen el carácter confidencial, pero sí de “uso restringido”, para esto se requiere una solicitud y debe existir una justificación para obtener la información.
Corrales explicó que, para la transferencia de datos de una institución a otra, la Ley de Protección de Datos, en el artículo 14, prevé un mecanismo que incluye “el consentimiento informado del usuario”.
Para el abogado, el término “confidencial” que se emplea en el decreto es el equivalente a la categoría de “datos sensibles” que la misma ley define como “la relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros”. Por eso, él considera que con el decreto el Gobierno “se excedió en su función vigilante”.
DECRETO POLÉMICO
La existencia de la UPAD trascendió el viernes anterior, cuando el medio CRHoy.com dio cuenta de que el decreto fue publicado el lunes. Esto a pesar de que los asesores realizaban esa labor desde mediados del 2018.
El equipo está conformado por Diego Fernández Montero, estadístico, graduado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y máster en Ciencias Políticas; Alejandro Madrigal Rivas, economista y analista de datos; y Andrés Villalobos Villalobos, estudiante de Derecho de la UCR.
Tras varios cuestionamientos, el mismo viernes, el presidente Carlos Alvarado dejó sin efecto el decreto.
El punto más controversial de dicho documento fue el artículo 7, que establecía la obligatoriedad de que todas las instituciones entreguen información, excepto aquella considerada secreto de Estado.
En la forma en que se redactó la normativa, se le permitiría a la unidad asesora del presidente obtener incluso datos sensibles de la ciudadanía, a pesar de que esta tiene una protección especial de rango constitucional, por el derecho a la intimidad y por la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N.° 8968), emitida en el 2011.
Esa es la razón por la que juristas consultados por este medio, como el abogado Francisco Barahona, especializado en Derechos Humanos, consideran que el decreto era inconstitucional.
El fugaz decreto indicaba que basaba su artículo 7 en el cumplimiento del artículo 8 de la Ley de Protección de Datos, que establece excepciones a la autodeterminación informativa de las personas para casos de “adecuada prestación de servicios públicos” y “la eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales”.
Los abogados explicaron que la Ley 8968 hace esas salvedades más bien para proteger el uso que se le da a esos datos y no para permitir un acceso ilimitado a la administración (Ver “¿Para qué acceso a información confidencial?”).
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, argumentó en medio de la polémica que el artículo 7 del decreto, el cual plantea el acceso a datos confidenciales, tiene una redacción que “no es feliz”.
La divulgación sobre la existencia de la UPAD ya generó tres denuncias en la Fiscalía en las que se mencionan aparentes delitos de violación a datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
La Fiscalía General comunicó ayer que abrió una causa penal, en la cual se tramitan esas denuncias y un informe remitido por la Defensoría de los Habitantes, mientras que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se presentó en estos procesos en calidad de víctima.
La Defensoría de los Habitantes inició su propia investigación sobre lo ocurrido y la Sala Constitucional admitió para estudio dos recursos de amparos sobre la UPAD.
También en la Asamblea Legislativa 49 legisladores aprobaron realizar una indagación sobre la unidad.
PARA ‘POLÍTICAS PÚBLICAS’
En medio de la polémica, en Casa Presidencial insisten en que el propósito de este equipo es hacer “inteligencia de datos”, apoyándose en datos de calidad que puedan procesarse adecuadamente para hacer buena política pública.
Silvia Lara Povedano, viceministra de la Presidencia a quien encomendaron recoger todas las dudas sobre este tema, declaró que el propósito de la Unidad es “hacer mejor política pública en un contexto de desigualdad” mediante una herramienta que permite alcanzar altos niveles de precisión.
La ministra de Comunicación, Nancy Marín, indicó que la Unidad provee datos que sirven para toma de decisiones con respecto a carreteras, centros educativos y atención a la pobreza. Y puso como ejemplo que la Unidad identificó que la radial a Desamparados era fundamental y no estaba contemplada en el plan de inversión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en lo que cual se trabaja actualmente.
Sin embargo, los ejemplos brindados por Casa Presidencial no se refieren a información confidencial.
El coordinador de la UPAD, Diego Fernández, afirmó que la gran mayoría de información que han usado es de uso público; sin embargo, aclaró que hay otra información que es de acceso restringido, solo para uso dentro de la administración pública mediante convenios con ministerios e instituciones. UNIVERSIDAD solicitó a Presidencia la lista de convenios suscritos; pero no fue posible obtenerla antes de la hora de cierre.
El acceso a información privada ha generado polémica en otras latitudes, como el conocido caso de Cambridge Analytica, empresa de minería de datos acusada de obtener y usar indebidamente información de 97 millones de usuarios de Facebook (Ver Recuadro “Cambridge Analytica: el ejemplo a evitar”, página 6).
