Universitarios se sienten “honrados” por figurar en libro de Industrias Infinito

La mina Crucitas se cerró por orden del Tribunal Contencioso administrativo desde el 2010. (Foto: Kioscos Ambientales UCR)La Universidad de Costa Rica (UCR) fue

La mina Crucitas se cerró por orden del Tribunal Contencioso administrativo desde el 2010. (Foto: Kioscos Ambientales UCR)

La Universidad de Costa Rica (UCR) fue un actor clave en la discusión generada alrededor de la mina a cielo abierto Las Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos, y de la cual la empresa Industrias Infinito pretendía extraer al menos 800.000 onzas de oro.

En tres capítulos que se extienden por espacio de 528 páginas, la empresa Industrias Infinito −subsidiaria de la canadiense Infinito Gold− presenta en un libro, su versión de la historia sobre los hechos que depararon la anulación de los permisos de operación por parte del Tribunal Contencioso Administrativo; por ello ahora la empresa amenaza al país con una posible demanda por más de $1.000 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

“La verdad a Cielo Abierto: Más de 20 años de historia de la Mina Crucitas”, es el nombre del material dado a conocer a la prensa la semana anterior en su versión digital. En la cual se plantea entre otros temas, críticas a los sectores opuestos al desarrollo del proyecto minero. La autora del libro es la vocera de Industrias Infinito, Yokebec Soto.

La empresa achaca a la UCR −entre otras cosas− realizar informes parciales, documentales de “mal gusto”, falta de espacios para contar su versión de los hechos, e inversión de fondos públicos sin rendir cuentas.

 

DEL ORO DE LOS TONTOS Y OTRAS CRÍTICAS

“La utilización de lenguaje despectivo y poca seriedad en la investigación generaron la burla de los representantes de la empresa”, señala el libro de la minera, sobre la producción audiovisual producida por la Unidad de Producción de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, denominado “El oro de los tontos”, realizada por el productor Pablo Ortega.

“Creo que la queja de la empresa, de que la Universidad se metiera en el tema, resulta injusta a partir de que ellos aceptaron que el proyecto se declarara de interés público”, opinó Ortega, para quien “el tema de fondo del documental es si se dice la verdad o no, y la empresa no ha refutado ninguno de los argumentos expuestos ahí”.

De la misma manera en que la empresa critica el documental de la UCR, ambientalistas señalan que el lenguaje utilizado en el libro de la transnacional es corriente, y careció de una revisión de estilo, para que −en opinión del abogado Álvaro Sagot− se asemeje más a un material didáctico, y no a un “panfletillo publicitario”.

La minera criticó fuertemente el informe realizado al respecto −en el 2008− por la comisión creada por el Consejo Universitario de la UCR; la empresa señala que “en su momento cuestionó a la Universidad el uso de su credibilidad, con el propósito de interferir en el proceso legal efectuado en la Sala Constitucional”.

“Creo que la comisión hizo un trabajo objetivo, pero no neutral; se equivocan cuando dicen lo contrario; este informe tiene una perspectiva ética distinta a la de ellos”, aseveró el coordinador de dicha comisión, Alberto Cortés.

Según el libro de la empresa, aún continúan esperando la respuesta de la casa de enseñanza sobre los recursos destinados para las diferentes labores relacionadas con el tema de la mina Crucitas, solicitud planteada desde el 2011, y que no ha sido respondida.

 


Minera arremete contra diputados y ambientalistas

Posibles nuevas demandas y críticas por la actuación de abogados ambientalistas, así como diputados, son parte de las revelaciones dadas a conocer por la vocera de Industrias Infinito, Yokebec Soto, quien puntualizó que la información versa “sobre cabos sueltos y políticos mentirosos”.

La primera arremetida fue en contra del abogado ambientalista, e integrante de la organización Unión Norte por la Vida (Unovida), Edgardo Araya, a quien Soto le achacó el haber presionado a las autoridades regionales −en la zona norte− del Ministerio de Ambiente, para la aprobación del decreto ejecutivo que declaró “de interés público y conveniencia nacional” el proyecto de la transnacional; dicho mandato fue firmado por el expresidente Óscar Arias y su primo, el ministro de ambiente, Roberto Dobles.

Soto sostiene tal afirmación, basándose en un supuesto correo electrónico de Edgardo Araya, en el cual se indica que se hará un cambio de estrategia para presionar a las autoridades del ministerio, con el fin de que tengan cuidado de las resoluciones que se firmen.

Araya no deja de sorprenderse ante tal criterio de la minera y piensa que sus palabras fueron sacadas de contexto. “En ningún momento provocamos un decreto, para luego atacarlo”, aclaró.

La minera también la emprendió contra la diputada del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña, a la cual la vocera de Industrias Infinito no descarta demandar, luego de que la legisladora denunciara que la empresa supuestamente habría financiado parte de la campaña publicitaria de un candidato para la alcaldía, en las elecciones de diciembre del 2010.

Acuña alega que su denuncia fue acogida por el Tribunal Supremo de Elecciones; “el Tribunal actúo oportunamente y pidió que la publicidad se retirara; creo que hice lo correcto, no me arrepiento, por lo que no me asusta”, agregó.

Por otra parte, la periodista Soto reprocha que “no existe un político tan irresponsable para hacer declaraciones sobre el proyecto como Claudio Monge”, legislador del PAC.

Monge hizo ver que espera que la Asamblea Legislativa concluya el proceso de levantamiento de inmunidad, para afrontar la demanda en su contra, momento en el que expondrá pruebas sobre las denuncias hechas en contra de esa empresa.

Industrias Infinito sumó a sus críticas al ministro de Ambiente, René Castro, a quien fustigó por supuestamente tener un doble discurso ambiental, ya que luego de conocer la resolución de la Sala Constitucional en la que se rechazaba la acción de inconstitucionalidad que pretendía dejar sin efecto la sentencia del Contencioso, felicitó a los magistrados.

Para Soto, las palabras del ministro carecen de coherencia, pues durante la administración de José María Figueres Olsen (1994-1998), él fungió como ministro de Ambiente y aprobó los permisos de exploración a la empresa Placer Dome, dueña de la concesión en Crucitas en esa época.

 


 

Las voces de la UCR en contra de la mina

Yokebec Soto, autora del libro y vocera de la empresa Industrias Infinito. (Foto: David Chavarría)

“Creo que si ellos lo notan es porque el documental cumplió con su objetivo; si a ellos los irritó es porque sintieron un impacto apreciable, por lo que me siento satisfecho”: Pablo Ortega, productor del documental “El oro de los tontos”.

“Me enorgullece el trabajo que se hizo; la comisión siempre se orientó a buscar lo mejor para el país; no hubo nunca intereses económicos para quienes dimos nuestro criterio, por lo que este fue académico, científico, técnico y ético”: Alberto Cortés, coordinador de la comisión que brindó el informe del Consejo Universitario de la UCR.

“Que la empresa me resalte está bien; si hubiera que hacerlo lo haría de la misma manera, no cambiaría nada de lo que yo hice, ya que pienso que fue lo correcto”: Álvaro Sagot, abogado ambientalista.

“Es un honor aparecer mencionado negativamente en un libro de esta empresa”: Claudio Monge, diputado del PAC.

“Con la conciencia muy tranquila, porque nunca primó otro interés más que la protección ambiental”: Gustavo Gutiérrez, director Escuela de Biología de la UCR.

“Por deferencia para las comunidades que tuvieron que lidiar con este proyecto por más de 18 años, y para los abogados costarricenses que también tuvieron que hacerlo ante la Sala IV, luego ante el TCA (Tribunal Contencioso Administrativo), y ante la Sala Primera, es injusto que me consideren uno de los principales opositores a este proyecto: Nicolás Boeglin, profesor de la UCR demandado por la minera.

“Realmente considero que ser mencionado en este documento de la empresa es una prueba del papel que como ciudadano y profesor universitario me tocó jugar en este proceso. En realidad el fracaso de esta mina se debe a su esencia misma: el pueblo costarricense y su comunidad académica”: Jorge Lobo, profesor de la UCR, demandado por la empresa.


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