Luego de un período de negociación entre el Gobierno y las universidades públicas, el pasado 25 de agosto se firmó el presupuesto del 2017 del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual será de ₡478.570 millones.
Aunque este monto significa en términos reales un aumento de unos ₡38.000 millones con respecto al del 2016, el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene en un 1,423%.
La diferencia real del FEES entre un año y otro responde a un cambio en la metodología que llevó a cabo el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para calcular el PIB, en la cual se incluyeron nuevos rubros como el de Servicios, pero el porcentaje ligado a este indicador para las universidades se mantiene exactamente igual al del 2016.
Según Carlos Araya, rector a.i de la Universidad de Costa Rica explicó que el cambio de la metodología de cálculo del PIB fue el que influyó en que se diera un incremento cercano a los ₡38.000 millones del FEES, pero el porcentaje del PIB sigue siendo el mismo del año pasado, por lo tanto, constitucionalmente no podían bajarlo.
Históricamente, el FEES se ha negociado en períodos de cinco años, pero en 2015 se tomó el acuerdo de definirlo únicamente por un año y para esta ocasión se extendió el convenio para poder establecerlo solo por el presupuesto del 2017.
De acuerdo con Alberto Salom, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional, dada la situación fiscal del país se tomó la decisión de negociar un año de FEES, porque una definición presupuestaria por cuatro años (hasta el 2020) obligaba al Gobierno a hacerlo sujeto a los impuestos, situación que no podían aceptar.
“No era auspicioso negociar los cuatro años, dada la crisis fiscal, entonces los rectores propusimos que negociáramos un solo año y el Gobierno estuvo de acuerdo, para dotar a las universidades del mínimo que establece la Constitución Política”, explicó Salom.
Este acuerdo garantiza el cumplimiento de la disposición transitoria al artículo 78 de la Constitución Política, que establece que en ningún caso el porcentaje del PIB destinado a la educación podría ser más bajo que el del año precedente, respetando adicionalmente los acuerdos logrados en la Comisión de Enlace, para mantener el equilibrio entre los componentes del sector educación.
En el año 2010, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional en la que se estableció que el Estado tendrá que invertir el 8% en Educación y que de ese monto de inversión las universidades recibirán un 1,5%.
Para la Ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora, aun en medio de la compleja situación fiscal y económica del país, se evidencia un gran compromiso con la educación.
“Las universidades públicas son un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país. Este acuerdo reafirma los logros alcanzados para la educación universitaria, lo cual reviste una enorme importancia para Costa Rica”, indicó la jerarca.
Lucha por el FEES
Desde ya se sabe que en la Asamblea Legislativa existe oposición de mantener los recursos crecientes para las universidades estatales, aunque el monto porcentual del PIB sea el mismo al del año pasado, lo cierto es que se dio un incremento, por la revaluación que hizo el Banco Central, así que en términos reales sí se otorgará más dinero.
Aquí empieza una defensa por parte de las universidades, las cuales sostienen que harán todo lo que esté a su alcance para hacer entender a los diputados la importancia constitucional de aprobar el FEES, tal cual fue acordado por el gobierno y los centros de formación superior.
Carlos Araya consideró que en la Asamblea Legislativa no tendrían por qué darse problemas a la hora de aprobar el presupuesto para las universidades, pues ya se han llevado a cabo gran cantidad de reuniones con los diputados para explicarles el tema y se continuarán los esfuerzos para que se respete lo acordado.
Para Alberto Salom, los diputados no pueden reacomodar el presupuesto del FEES en otras áreas del presupuesto nacional, su labor es aceptar o no lo acordado entre el Gobierno y las universidades, pero los recursos no pueden ser movidos de un rubro a otro.
Desde su punto de vista, los diputados podrían argumentar dos razones para oponerse: una es que no se haya dado un acuerdo entre el Estado y las universidades, lo cual no es el caso, o que consideren que el presupuesto está elevado, pero tomando en cuenta que están recibiendo el mismo porcentaje del PIB del año pasado, si se colocan un punto por abajo estarían incumpliendo la Constitución.
“Nosotros vamos a luchar por defender lo que la Constitución manda, no podemos permitir que a las universidades públicas se les vea disminuido su presupuesto, no pueden rechazar el mínimo que estamos pidiendo. En Costa Rica hemos apostado toda la vida por la educación pública y así es como hemos sabido salir adelante”, argumentó Salom.
Recursos versus inversión
El rector a.i. de la UCR, Carlos Araya, señaló que el FEES les permite a las universidades estatales mantener su misión de brindar oportunidades educativas a la población costarricense, de apoyar a través de su acción social y de generar conocimiento a través de la investigación.
En el caso de la Universidad de Costa Rica, con los recursos asignados en el FEES se atienden los costos e inversiones que se realizan para seguir incrementando la atención de la población universitaria.
“Por ejemplo, hemos pasado de ₡8.500 millones destinados a becas en el año 2012 a ₡23.000 millones en 2016; esto nos ha permitido incrementar la atención de una población que requiere de apoyo para llevar a cabo sus estudios”, detalló Araya.
Otros rubros que evidentemente son cubiertos con los recursos del FEES son los salarios de los trabajadores, el programa de inversiones, que estará muy enfocado en el equipamiento de los nuevos edificios que está desarrollando la UCR, sobre todo en las sedes regionales, ampliando las oportunidades para los jóvenes de distintos puntos del país.
“Hemos apostado por generar las condiciones de infraestructura y espacio físico para admitir a nuevos estudiantes, asimismo, incrementamos el cupo de la admisión diferida, que implica aceptar a estudiantes de colegios públicos que tienen un bajo nivel de ingreso en la UCR. Este tipo de políticas de equidad requieren de recursos”, añadió.
FEES enfrentará oposición en Congreso
María José Núñez Chacón
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No es novedad que en la Asamblea Legislativa hay un grupo de diputados que han cuestionado el presupuesto de las universidades públicas, muchos que consideran que no es el momento de incrementar los recursos y que lo que urge es la reducción del gasto de los centros de formación superior. Y la aprobación del FEES 2017 no se verá exenta de esta posición.
De acuerdo con el diputado de la bancada oficialista Ottón Solís, aún tiene que estudiar el alcance del acuerdo tomado entre el Gobierno y las universidades estatales, pero considera que si en términos reales el FEES se incrementó es algo que no se puede aprobar.
Según Solís, los presupuestos de las universidades no deberían aumentarse más que la tasa de inflación, para evitar caídas en las finanzas, no estamos para un período de expansión.
“El hecho de hacer una revaluación del PIB no significa que el Gobierno tenga más ingresos, por eso no debería mantenerse el porcentaje para las universidades pues representan un incremento real de los recursos que se les deben asignar, esto crea un desequilibrio mayor en las finanzas, hay que proteger la inflación y mantener el poder adquisitivo. Habrá que estudiar a fondo este tema”, indicó el diputado del Partido Acción Ciudadana.
Mucho más enfático fue el diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario, quien advirtió que para el próximo año el Gobierno está partiendo de una inflación del 3%, por lo que desde su punto de vista no se justifica incrementar el gasto público para las universidades.
“Cuando se revisa el acuerdo entre el Gobierno con el Conare y las universidades, argumentó Guevara, el aumento para el FEES está por encima del 3% de la inflación, sigue el Gobierno entregando el dinero del país a las universidades, cuando tenemos otras prioridades, como invertir en seguridad ciudadana”, indicó Guevara.
“Además, no hemos visto esfuerzos por parte de las universidades, especialmente de la Universidad de Costa Rica, de reducir los disparadores del gasto, que incluye pluses salariales, como el 5,5% de anualidades; mientras no recorten los privilegios no se hacen merecedores de que se les entreguen más dineros de forma tan dadivosa”, indicó el diputado libertario.
Entre las acciones que está valorando Guevara a la hora de revisar el FEES en el Plenario Legislativo es presentar mociones para redireccionar recursos del presupuesto a otras áreas del gobierno, como el reforzamiento de la seguridad ciudadana.
Aunado a esto instó al Gobierno a establecer una reforma al Conare, pues considera que las decisiones de dicho órgano deben darse por mayoría y no por unanimidad.
“Como está redactada la ley permite que la UCR tenga derecho de veto para cambiar los porcentajes que se otorgan a cada universidad y esto no va precisamente de la mano con la pertinencia de la oferta educativa. El país está necesitando más profesionales en ingenierías y áreas tecnológicas que no es el fuerte de la UCR, pero sí del Instituto Tecnológico, al que se le deberían entregar más recursos para que amplíe su matrícula, pero la Universidad de Costa Rica se lleva el 59% del FEES y no está dispuesta a que esto se reestructure”, acusó Guevara.
Estudiantes y Sindeu presentes en lucha por FEES
María José Núñez Chacón [email protected]
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, Sofía Álvarez, considera que el acuerdo entre el Gobierno y las universidades públicas sobre el FEES del 2017 representa un avance, pero considera que no se pueden achacar las dificultades fiscales para no negociar el FEES quinquenal.
“Por ello, seguiremos en la lucha por garantizar la sostenibilidad y planificación presupuestaria para la educación superior, por las reformas que garanticen un presupuesto dirigido a nuestras necesidades estudiantiles”, detalló la dirigente estudiantil.
La Feucr considera que la discusión del FEES se dio en un marco de problemática interna, donde el rector se vio involucrado en cuestionamientos, lo que le preocupa a la organización, pues lo mantuvo ausente de los espacios de diálogos sobre la negociación.
En este contexto, los dirigentes estudiantiles plantearon la convocatoria al diálogo para informar y discutir sobre la coyuntura en materia de presupuesto, exigir al Gobierno espacios de información para conocer la propuesta que llevarán para alcanzar el 1,5% del PIB para la educación superior y exigirán una rendición de cuentas al rector de la UCR por su ausencia en las negociaciones en las últimas semanas.
Por su parte, la dirigencia de Sindicato de Trabajadores de la UCR (Sindeu) aseguró que negociación del FEES no satisface las expectativas de la comunidad universitaria, pues una vez más se rezaga la meta mínima de asignar el 8% del PIB a la educación y la extiende hasta el 2021.
“Engañosamente el Gobierno y Conare quieren hacer creer que el incremento nominal de ₡38.000 millones (8,58%) será suficiente para el correcto funcionamiento de las universidades, cuando las necesidades reales dictan un crecimiento real cercano al 12%”, señaló Rosemary Gómez, secretaria general del Sindeu.
“Es una actitud entreguista, que excusa el despojo a la clase trabajadora para solventar el déficit fiscal con inútiles políticas de austeridad, estancamiento de salarios, precarización del trabajo e impuestos regresivos, pero no atacan la enorme evasión, elusión y exoneraciones tributarias de las grandes corporaciones”, añadió Gómez.
En este sentido, la líder sindical aseguró que exigirán la participación de sectores estudiantiles y de trabajadores en las negociaciones del presupuesto, además que en las siguientes se acuerden por períodos quinquenales y se abandone la negociación anual.
Cronología de negociación
El FEES es el aporte económico que el Estado entrega a las universidades públicas en cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Política. “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia”.
La Constitución dicta que se debe destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública –aunque este porcentaje aún no ha sido alcanzado- y el 1,5% de este a las universidades públicas. El FEES, actualmente, es del 1,43% del PIB destinado a la educación.
Se negocia cada 5 años y en el proceso participan el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Gobierno de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Así lo establece el artículo 85 de la Constitución Política y así se realizó hasta su quinto convenio que establecía el presupuesto con corte al 2015.
Para el presupuesto del 2016 se acordó establecer un FEES solamente por un año, debido a que se dio un atraso en el Plan Nacional de Educación Estatal, el cual no estuvo listo al momento de la negociación.
En ese ese momento se estableció una fijación presupuestaria del 1,423%, lo que significó unos ₡440.773 millones, recursos con los que están en funcionamiento este año las universidades estatales.
Meses atrás se inició la negociación entre las universidades y el Gobierno para establecer el FEES de los siguientes cuatro años (2017-2020); no obstante, ante la situación fiscal del país, ambas partes acordaron que lo ideal era extender el acuerdo y negociar únicamente los recursos para el 2017.
Con el FEES acordado se financiará la actividad de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Con respecto a la Universidad Técnica Nacional (UTN), la institución recibirá un aumento equivalente al de las otras universidades, alcanzando una suma de ¢32.645 millones, monto que no está incluido en el FEES 2017.
