En su recorrido laboral como juez, magistrado suplente y académico, el reconocido abogado Walter Antillón Montealegre ha examinado de cerca el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. El jurista, de 86 años, presenta las conclusiones de su reflexión en un libro titulado: El Poder Judicial, crónica de una debacle, de la editorial Investigaciones Jurídicas, en el cual despliega algunas ideas que previamente había aportado a un proyecto de ley del partido Frente Amplio.
La presentación de su libro se envolvió en polémica en días recientes luego de que Antillón hiciera pública una carta dirigida al presidente del Colegio de Abogados, Juan Luis León Blanco, en la que lamentaba que se le negara la posibilidad de realizar una mesa redonda en esa entidad. La misiva fue difundida por abogados de distintos ámbitos en redes sociales.
No obstante, León respondió por escrito a esa carta haciéndole saber que la junta directiva del Colegio no había tomado ningún acuerdo en ese sentido y que, más bien, le instaba a programar una fecha para la actividad.
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Esa forma burda de resolver el tema de cómo se nombran los magistrados y cómo se maneja la Corte es un tema que en Europa fue resuelto de manera estupenda, hace más de 50 años”.
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UNIVERSIDAD conversó con el experimentado abogado sobre las preocupaciones que manifiesta en su libro y la propuesta de despolitización del Poder Judicial.
El título del libro señala una “debacle” en el Poder Judicial. ¿Dónde y por qué inicia esa debacle, según su análisis?
-En Costa Rica, en el siglo XIX no había ninguna cultura judicial. El nivel de conocimiento y de profundización de las instituciones de parte de nuestros intelectuales era muy pequeño.
Entonces las constituciones adoptaron la solución de que a los magistrados los nombrara la Asamblea Legislativa y a los jueces los nombraran magistrados. Ese sistema dura hasta el año 1948 y es retomado en nuestra Constitución vigente. Eso ya era a simple vista muy inconveniente y en el año 1907, hace más de 100 años. Un señor cubano que vivía en Costa Rica y era una especie de padre espiritual de nuestros intelectuales, que se llamó Antonio Zambrana, dijo: “En Costa Rica puede haber jueces doctos, pero una justicia independiente, imposible, porque no puede ser independiente una justicia en donde los magistrados son nombrados por el poder político, el poder político acaba politizando a los magistrados”.
Lo que dijo probablemente se ha cumplido siempre en estos 100 años, pero de una manera más velada, más tranquila, más manejable. Liberación Nacional y los calderonistas ponían gente amiga pero de mucha categoría, que no se prestarían para complacencias (…) Todo esto culmina con el desastre de Celso Gamboa y Carlos Chinchilla, es un grupo de personas que ha tomado por asalto al Poder Judicial. Esa gente tenía un lobby en la Asamblea Legislativa que presionaba para el nombramiento de otros magistrados, con el objeto de que ir sumando gente de su bando.
Todo eso es la negación de la justicia, porque el resultado es que liberan a aquellos diputados (se refiere a los exlegisladores Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, quienes estaban siendo investigados en el caso conocido como “cementazo” y, en el 2017, la Fiscalía pidió desestimar la causa con base en prueba falseada, lo cual fue acogido por la Sala Tercera), de modo que producen una gran cantidad de interferencias a la justicia y una verdadera crisis institucional.
¿Ese es el momento que usted califica de “debacle”?
-Claro. Es una debacle que se viene preparando por esta práctica de poner a la gente afín, que de pronto empieza a producir resultados negativos.
Si durante más de un siglo se ha mantenido el mismo sistema de elección de magistrados, ¿por qué cree que se llegó a esa crisis?
-Es una especie de erosión de una cultura. Había en Costa Rica una cultura democrática republicana respetuosa de la ley. Entonces, aunque los diputados tenían poder, se fijaban muy bien en qué magistrado iba porque tenían respeto por la magistratura, pero ahora la cúpula política no tiene respeto por nada.
¿Cree que el nombramiento de magistrados se usa cada vez más como mercancía política?
-Vea, hay nombramientos de hace poco, en que la Corte decide validar una terna nombrada hace dos años. La desempolva y la pone. Entonces vienen las votaciones, en la primera no hay mayoría pero salen nombrados de la terna, en la segunda sale una de la terna y dos ajenas, en la tercera sale una persona que nunca estuvo en la terna ni en las votaciones. ¿Qué cree usted que es eso? Venía hecho.
¿Cuál es la propuesta ante esa situación?
-El libro tiene una tesis: esa forma burda de resolver el tema de cómo se nombran los magistrados y cómo se maneja la Corte es un tema que en Europa fue resuelto de manera estupenda, hace más de 50 años, después de la II Guerra Mundial, sobre todo en Italia, en Francia, después en España, en Portugal y ahora en media docena de países más. Se ha creado un sistema distinto, donde los magistrados no son superiores de los jueces ni los diputados nombran a los magistrados.
Consiste en la creación de un órgano que está por encima de todos los jueces, magistrados incluidos. El Consejo Superior de la Judicatura se compone de 11 jueces elegidos democráticamente por todos los jueces. Además, tres abogados litigantes con al menos diez años de experiencia y tres académicos.
¿Ese Consejo sería para realizar las labores administrativas que actualmente realiza la Corte Plena?
-Correcto. Ellos (refiriéndose a la Corte Plena) de unos años para acá se destaparon a tener montones de funciones, tienen más de 20 comisiones dentro de la Corte, haciendo un montón de cosas que no tienen que hacer. Ellos son jueces y deberían estar en la sala resolviendo los casos.
¿Y quién elegiría a los magistrados para la función judicial?
-Los elige ese Consejo, que está por encima de todos. El libro explica cómo países maduros resolvieron el problema y el problema quedó muy bien resuelto.
En Italia la prueba de fuego fue cuando los funcionarios judiciales, jueces y fiscales, decidieron acabar con la corrupción y empezaron a instaurar procesos contra ministros, contra banqueros, contra grandes industriales, contra militares, etcétera.
Hay personas que todavía defienden la superioridad de la magistratura y eso se nota en los salarios.
-Ellos se han puesto arriba, claro, pero ellos no están arriba para nada, eso es pura espuma. Un juez de casación es un juez que no tiene más dignidad que un juez de primera instancia; al contrario, el de primera instancia está en la trinchera, sirviendo a la gente. En los países civilizados hay una escala única de salarios. Los italianos tienen una regla en la Constitución que dice que los jueces solo se distinguen por las funciones que realizan, nada más, ningún juez es superior a otro y eso en el salario es igual, la base salarial es única.
¿Qué posibilidad le ve a un cambio de este tipo si para hacerlo se requiere del poder político (el proceso implica una reforma constitucional)?
-No, eso es impensable, ellos son adoradores del poder, no aflojan jamás, tiene que ser un movimiento cívico, un enorme movimiento que los sobrepase.
Hace unos 20 años todo el mundo estaba enojado con la Sala IV, porque la Sala había metido un montón de amparos en donde les majaba las manos a todos; entonces vino la idea: “Hagamos una reforma para cortarle las alas a la Sala IV”. Cuando empezó a trascender que había esa intención, empezó a haber un movimiento nacional, todo el mundo diciendo que no podía ser; hubo una especie de clamor y fueron corriendo y enterraron su proyecto.
Pero en esta coyuntura el Poder Judicial tiene una imagen desgastada, se les señala como funcionarios que quieren privilegios.
-Eso es consecuencia de lo mismo, el reparto de las prebendas, el aumento de los sueldos, etcétera, consecuencia de esos poderes excesivos que decidieron hace unos años que tenían un nivel gerencial y se subieron el salario a sumas que casi lo duplicaban. Una cosa de esas en un país civilizado es para llevar a la cárcel a las personas.
