Calificar como “complejo” el panorama que la administración Solís Rivera heredó en cuanto a los pueblos indígenas es un eufemismo.
Al inicio de la gestión del Gobierno que está por terminar, el enojo indígena ante la bofetada que fue el fracasado trámite del proyecto de ley de Autonomía Indígena se había destilado en una agravante situación de violencia ante la histórica injusticia respecto a la tenencia de la tierra en los 24 territorios.
Así, un mérito inicial del presidente Solís fue disponer que el tema se manejara directamente desde Casa Presidencial. Ello se condujo a través de Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.
Esa disposición permitió adelantos en diversos aspectos que inciden en calidad de vida y satisfacción de derechos humanos para esa población.
El principal logro que destaca el Gobierno actual es la construcción de un proceso general de consulta a pueblos indígenas, que servirá para que esas comunidades decidan sobre la realización de diversos tipos de proyectos. Ello está unido a otras obras como la reciente construcción de la denominada ruta Maleku, unos 23 kilómetros asfaltados entre Guatuso, Upala y Los Chiles, en la zona Norte.
Sin embargo, lo cierto es que el más complejo y álgido tema del saneamiento territorial está aún lejos de resolverse. Desde hace años, diversas instancias y estudios han sostenido que, a nivel nacional, entre el 75% y el 85% de los territorios indígenas están en manos de personas ajenas a esas comunidades.
La falta de respuesta estatal a este problema derivó en un proceso de recuperación de esas tierras. Durante la década que corre, la violencia generada en este contexto se ha manifestado en agresiones físicas, patrimoniales y culturales contras las personas indígenas.
Concretamente, de manera recurrente hay personas agredidas, heridas de bala o arma blanca, quema de casas y ranchos, y, en febrero de 2016 –ya en la administración actual–, en el territorio de Cabagra se dio la quema del Usure, un importante centro ceremonial para la cultura bribri.
SANEAMIENTO VERSUS CONSULTA
Felipe Figueroa es indígena bribri del territorio de Salitre, en la Zona Sur del país. Se trata de una de las comunidades donde más violencia se ha visto a causa de los problemas de tenencia de la tierra y de los consecuentes procesos de recuperación de territorio.
Figueroa forma parte del Consejo Territorial de la comunidad, una instancia creada precisamente para hacer frente a ese tema. En Salitre, la tensión alrededor de este problema fue tal que el gobierno alejó de la gestión con esta comunidad a la viceministra Zúñiga y, en su lugar, delegó las relaciones con las poblaciones indígenas a la ministra de Justicia Cecilia Sánchez, quien renunció a ese cargo a finales del año pasado.
El activista indígena se refirió en primer lugar a la construcción del mecanismo de consulta popular y subrayó que, desde la visita al país del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas -en el 2011-, “hemos tenido la misma posición; se le hizo el planteamiento al Gobierno para que, de una vez por todas, haga el saneamiento territorial primeramente, para luego hacer la consulta dentro del territorio. Esto no fue cumplido”.
Criticó al Gobierno porque, en lo que respecta a ese proceso de saneamiento territorial, “ha sido un atraso en todo el sentido de la palabra. Se pusieron trabas, los desalojos administrativos que se pusieron dentro del territorio los detuvo el Gobierno para que no se ejecutaran. La gestión fue mala en ese sentido”.
Además, criticó al Gobierno local del cantón de Buenos Aires, pues “ha ido en contra de nuestra condición y saneamiento territorial”.
Al volver a referirse a la administración Solís, Figueroa aseveró que “ha faltado al deber del Estado hacia nuestros territorios”. Asimismo, criticó que primero la interlocutora fue la viceministra Zúñiga, para que luego fuera la Ministra de Justicia, quien “renunció sin darnos cuenta. En este momento no tenemos ninguna resolución del Estado y el Gobierno sobre en qué quedó toda la parte administrativa dentro del territorio”.
Tras apuntar que no tiene esperanza de que en la próxima administración se solucione el problema, aseveró que “sí estoy seguro de que nuestra lucha va a seguir; ha iniciado hace muchos años, desde que llegaron los colonizadores, y desde entonces el Estado costarricense nunca ha podido resolver la situación territorial de los pueblos indígenas”.
Añadió que “de parte del gobierno no va a haber mucho cambio realmente o interés por el territorio”, pues aseguró que al Estado costarricense “le interesan nuestros territorios para venderlos a instancias internacionales para que exploten nuestros recursos”.
La organización Ditsö ofrece acompañamiento a algunas instancias autónomas indígenas, distintas a las asociaciones de desarrollo, ya que en algunos territorios los pueblos originarios consideran que esas asociaciones son una figura impuesta por el Estado.
Gustavo Oreamuno, miembro de esa organización, tras aclarar que no pretenden hablar por los indígenas, se refirió a los procesos de saneamiento territorial y criticó al Gobierno porque “fue totalmente ineficiente y no cumplió con lo que se había comprometido a hacer en algunos de estos territorios”.
Por ejemplo, mencionó que en el caso de Salitre, desde el 2014, se establecieron siete fincas prioritarias para desalojar, pues existe para ellas la resolución de desalojo administrativo, pero “el Gobierno no ha querido ejecutarlas. ¿Por qué razones? No lo sabemos, no sabemos dónde está la traba”.
Igualmente, recordó que desde el territorio de Cabagra se presentó un protocolo sobre “la integridad física y territorial del pueblo”, en el cual se establecieron 13 fincas prioritarias “usurpadas por no indígenas”, además de que establecía un mecanismo para recuperación y seguridad comunal.
Añadió que ese protocolo se entregó en julio de 2016 y que, justo un año después, ante una consulta de la Defensoría de los Habitantes, desde Casa Presidencial se indicó que “por un error administrativo” se traspapelaron los documentos y así el Poder Ejecutivo no había conocido la propuesta. “Eso indica que no hay definitivamente voluntad para entrarle al tema del saneamiento de los territorios”, aseveró.
Apuntó que es en la Zona Sur del país donde la situación de tenencia de tierra es más grave, aunque también mencionó los ejemplos de los territorios huetares Quitirrisí y Zapatón. “La situación cambia un poco en el Caribe, pero en la Zona Sur entre un 60% y 85% de las tierras legalmente establecidas como territorios indígenas están en manos de personas usurpadoras”.
Sobre el proceso de consulta, expresó que a nivel internacional “no es cierto, como se ha querido decir, que todas las experiencias han sido exitosas”. Detalló que en el caso de Guatemala “muchas comunidades se han rehusado a establecer un mecanismo nacional de consulta, porque consideran que hay intensión de aprobar este tipo de instrumentos para que después llegue una torrentada de mega proyectos hidroeléctricos, mineros o monocultivistas que esperan este tipo de herramientas para después llegar a tratarse de imponer en las comunidades”.
Población en crecimiento
Según datos del Censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y recopilados en un informe del 2015 por el Ministerio de Planificación, la población indígena creció casi un 40% entre el 2000 y el 2012, pues pasó de 63.876 personas a 104.143.
Con ello, las personas indígenas a nivel nacional pasaron de conformar un 1,7% de la población nacional a un 2,4%.
Sin embargo, es llamativo que, de todas las personas que se autoidentifican como indígenas, un 25% –poco menos de 30 mil personas– no se identifican como parte de ningún pueblo originario.
Otro dato preocupante es que, si bien la población indígena en el país supera la mencionada cifra de 104 mil personas, esa misma fuente apunta que solo 48.500 de ellas viven en los territorios indígenas. Con ello, las 12.557 personas no indígenas que sí viven dentro de esos territorios representan un 25% de la población total de los mismos.
Ana Gabriel Zúñiga:
Labor del gobierno fue “bastante exitosa”
Viceministra de Presidencia fue la encargada de temas indígenas en la administración Solís.
En efecto, hay que darle la razón a Ana Gabriel Zúñiga: en cuatro años no se resuelve medio siglo de inacción y cientos de años de racismo.
de la Ley Indígena en materia de tierras”.
Sin embargo, la Viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano considera que la gestión del Gobierno de los asuntos indígenas ha sido “bastante exitosa”, sin dejar de reconocer que “todavía quedan cosas pendientes y que siempre el tema de tierras es el más complejo y el que sigue adeudando mayor eficiencia del Estado”.
Zúñiga subrayó que se ha avanzado “de manera importante” y que se le ha dado “un lugar a los pueblos indígenas que siempre han tenido y que no les habían querido dar, y esto se convierte en acciones afirmativas en aras de garantizar los derechos humanos a estas poblaciones”.
Así, como mayor acierto destacó la construcción del mecanismo general de consulta para pueblos indígenas, el cual fue producto de un trabajo de dos años de visitar comunidades, hacer 120 procesos territoriales con más de cinco mil personas indígenas, dos encuentros nacionales y haber “cocreado el mecanismo con ellos y lograr tener líderes y lideresas que históricamente no se encontraban, pero que ahora se están articulando y empoderándose. Eso es suficiente acierto e, incluso, supero las expectativas que teníamos”.
“Es necesario entender que el mecanismo general de consulta no es un trámite de grandes proyectos de infraestructura, sean de impacto positivo o negativo; es una herramienta de diálogo intercultural, incluso para aquellas políticas que son de impacto positivo para los pueblos indígenas”, pues se han dado “gran cantidad de acciones que llevaban a cabo las instituciones del Poder Ejecutivo de manera vertical desde el escritorio en San José y no tomaban en cuenta la cosmovisión de los territorios”.
Sobre el saneamiento territorial, reconoció que “es un tema que no se terminó de resolver; eso hay que reconocerlo con madurez y transparencia, pero se avanzó más de lo que se había avanzado en los últimos 45 años”.
Aseveró al respecto que esta es “la primera administración de que de manera responsable hace frente a este tema. Si administraciones anteriores –desde la Ley Indígena– hubieran cumplido lo que esa ley establecía, no hubiéramos tenido que llegar a lo que tuvo que enfrentar la administración Solís Rivera”.
Al respecto, llamó la atención a que “así como hay territorios como Salitre y Térraba, donde el nivel de conflictividad trasciende el tema de tierras y está, incluso, más relacionado con gobernanza de las organizaciones representativas del territorio, tenemos otros territorios, como Maleku o Keköldi, que han identificado, en los procesos contencioso administrativos y en los procesos agrarios, la vía correcta para demandar el cumplimiento de la ley que el Estado históricamente ha ignorado”.
Añadió como otro acierto del Gobierno la política de tierras del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), pues, según dijo, “ninguna otra administración quiso asumir de manera ordenada la ejecución y cumplimiento de la Ley Indígena en materia de tierras”.
Como único desacierto, la funcionaria expresó que le hubiera gustado tener listo el mecanismo de consulta desde “mucho antes”.
