Centroamérica se ha convertido en un epicentro del COVID-19. Es una región donde se conjugan difíciles condiciones socioeconómicas, cuestionamientos por corrupción en el ámbito gubernamental, desorden en la inversión pública, altos índices de pobreza y una enorme desigualdad que ha sido caldo de cultivo para el incremento de la curva de contagios.
Ese ascenso de casos, que ha sido muy difícil de contener, se ha traído abajo los planes de los Gobiernos centroamericanos por hacer una desescalada de las medidas de confinamiento y la apertura de las economías.
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Hilos de corrupción y falta de inversión se tensan en región
Casi al mismo tiempo, los países centroamericanos implementaron medidas de confinamiento para la población (a excepción de Nicaragua) en marzo pasado Lo que buscaban era la contención del virus y lograr el menor impacto posible.
Sin embargo, a la fecha varias naciones del istmo han batido récords, tanto de contagios diarios como de fallecimientos por COVID-19 y, al parecer, los planes establecidos para reabrir las economías están pendiendo de un hilo.
De acuerdo con los datos al 30 de junio, en la región centroamericana hay un total de 81.079 contagios por COVID-19 y han fallecido 2.115 personas.
Desde mediados de junio todos los países experimentaron una explosión de casos, justo cuando hacían intentos de reabrir gradualmente sus muy golpeadas economías.
Lo peor de esta situación es que los datos son inciertos, pues en muchos países se denuncian malas prácticas de testeos, falta de inversión en pruebas, insuficientes recursos para hacer el conteo de casos, manejos irregulares de fondos y falta de equipos de protección personal para los trabajadores de la salud.
Ante la realidad de que Centroamérica se ha convertido en un epicentro del COVID-19, al igual que Sudamérica, el criterio de Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es que países como Panamá o El Salvador tienen programas de testeo excelentes, por ello presentan más casos.
“Seguimos preocupados por la situación de Nicaragua, porque no sabemos el número de testeo que están realizando; por su parte, Guatemala y Honduras deben acelerar este proceso para conocer la magnitud real del contagio”, señaló.
Asimismo, Espinal indicó que si los países de la región deciden reabrir las economías deberán mantener las medidas de distanciamiento social, la priorización de equipos de protección para trabajadores de la salud y enfermos, así como el uso de mascarillas y otros implementos en la población. “No es tiempo de olvidarnos y desacelerar en las medidas”, indicó.
Coincidente con este criterio, Carissa Etienne, directora de la OPS recordó que en los próximos tres meses la región seguirá viendo más casos y muertes por COVID-19, y alcanzar los picos máximos variaría en cada nación centroamericana. Por ejemplo, es posible que en Panamá y El Salvador se alcancen en agosto, mientras que en Costa Rica podría darse en octubre.
Frente a esta realidad, dijo Etienne, será necesario tener datos más detallados y que los Gobiernos tomen decisiones valorando los factores socioeconómicos, estableciendo la flexibilidad para modificar las medidas de salud y los esfuerzos de protección social para reducir al máximo el contagio en comunidades que dependen en gran medida de la economía informal.
Panamá inicia reaperturas con disparo de casos
La mayor subida de casos la ha mostrado Panamá, país que tuvo el primero tres días después de que Costa Rica —en marzo pasado— y en las últimas semanas ha tenido récords de contagios por COVID-19. Por ejemplo, el sábado 13 de junio se detectaron 848 casos en solo 24 horas y esa misma semana tuvo más de 600 casos en tres días distintos.
Ante este incremento, las autoridades sanitarias del país vincularon la escalada de casos a las dos primeras fases de reapertura económica (de seis planeadas), que se pusieron en marcha el 13 de mayo y el 1 de junio, además de que incrementaron el número de pruebas en focos detectados en la capital y en Panamá oeste.
Durante dos meses de confinamiento se estableció el cierre de aeropuertos, playas, escuelas y colegios, y la paralización de construcciones, actividades comerciales, industriales y de servicios —excepto los vinculados al suministro de alimentos— así como un horario de solamente dos horas para salir a hacer compras, unos días para hombres y otros para mujeres.
A mediados de mayo pasado se dio el primer bloque de apertura que consistió en abrir locales de comercio electrónico o ventas en líneas, talleres mecánicos, pesca artesanal, acuicultura industrial, servicios técnicos como plomeros, electricistas, mantenimiento de aires acondicionados, ascensores y mantenimiento de piscina.
Para el 1 de junio fue la segunda fase, en la cual se estableció la posibilidad de que la población saliera a la calle, pero con un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana y con posibilidades para que los niños salieran de 4 de la tarde a 7 de la noche. Todo con la obligatoriedad de usar mascarillas, gel alcoholado y continuar con el lavado de manos.
Además, se autorizó la operación del sector de construcción de infraestructura pública, minería no metálica, industrias, lugares de culto, parques, áreas deportivas y sociales con una capacidad del 25% y distanciamiento de dos metros.
A la semana de implementar esta fase las autoridades reimplantaron las restricciones de movilidad por género y número de identidad en la capital y Panamá oeste, debido al repunte de contagios, aunque se mantuvo la apertura de los sectores productivos.
Costa Rica…va y vuelve
Costa Rica, con su tinte de democracia, libre de ejército y un sistema de salud sobresaliente, logró contener la pandemia de manera exitosa con la recomendación de un confinamiento, restricción vehicular nocturna y los fines de semana por placas pares e impares, enviar a los empleados públicos a trabajar desde casa e instar a las empresas privadas a seguir el camino del teletrabajo.
Después de Semana Santa las cifras que manejaba el país de contagios llegaban a 11, 8 o 5 diarios, por lo que en mayo se empezó a trabajar en un plan de reapertura, dividido en cinco fases que se desarrollarían a partir del 16 de mayo y hasta el 2 de agosto.
La primera fase se dio entre el 16 y el 31 de mayo con la apertura de algunos parques nacionales a un 50%, playas entre semana de 5 am a 8 am, ciertos deportes recreativos sin contacto ni espectadores, flexibilización de la restricción vehicular, así como el funcionamiento de locales con permiso sanitario. Además, se permitió la apertura de hoteles de máximo 20 habitaciones con un 50% de su capacidad.
Una segunda fase contempló que del 3 de junio al 19 habilitarían el funcionamiento de hoteles, cabinas o establecimientos de alojamiento con un aforo de 50%, y apertura de restaurantes, sodas y cafeterías, plazas de comidas, gimnasios y escuelas de natación los fines de semana, con un aforo de 50%.
Para el 19 de junio iniciaría la tercera fase, pero un día antes las autoridades echaron atrás con la decisión debido al fuerte incremento de los casos, con un récord de 119 personas en esa jornada.
No obstante, tres días después, la presión de ciertos sectores pareció surtir efecto y, nuevamente, los jerarcas dijeron que se pondría en marcha la tercera fase, manteniendo las jornadas de teletrabajo y trasladando la apertura de aeropuertos hasta agosto próximo.
Junio ha sido un mes determinante en el crecimiento de la curva de contagios en el país, con reportes diarios que superan las 150 personas. Aunque los servicios de salud aún no muestran saturación, una tendencia de este tipo podría colapsar el sistema en algunas semanas.
¡Nicaragua: ni chicha, ni limonada!
Cuando se desató el COVID-19 por Centroamérica, las autoridades nicaragüenses se negaron a aceptar que el virus cruzaría sus fronteras. Desde entonces, abundan las denuncias de ciudadanos y activistas por redes sociales que aseguran que hay una gran cantidad de contagios y muertes por la pandemia; mientras que el gobierno afirmó durante semanas que solamente tenían notificaciones de una neumonía.
Incluso desde el Gobierno se instaba a la población a participar de eventos masivos, hasta que en mayo fue imposible seguir tapando el sol con un dedo y tuvieron que aceptar que ya había diseminación del virus entre la población, pero con la promesa de que la pandemia estaba bajo control.
El gobierno de Daniel Ortega ha rechazado hasta la fecha establecer medidas restrictivas extremas como cerrar negocios o paralizar el transporte público, por considerar que esto debilitaría la economía.
Dado que el Gobierno no ha emitido medidas para contener el contagio, diversas asociaciones médicas han instado a la población a iniciar una cuarentena de forma voluntaria y seguir medidas como lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social.
Honduras: servicios saturados
Con un sistema de seguridad social que estuvo abandonado por años, poca inversión y mucha corrupción de por medio, Honduras se ha mantenido en alerta roja por más de 100 días. Esto implica el aislamiento social, la obligatoriedad de usar mascarillas, la prohibición de actividades que concentren más de 50 personas y la exigencia a empresas de garantizar la higiene de sus trabajadores.
El Gobierno planteó una implementación de medidas de apertura que arrancaría el 8 de julio y cada fase tendría dos semanas de vigencia para continuar con la siguiente. En resumen, lo que planteaban las autoridades era reincorporar inicialmente al 20% del personal a los trabajos, luego al 40%, después volvería el 60% de los empleados, seguidos por el 80%, hasta llegar el 100% de la planilla.
Pero solamente se logró llegar a la fase dos, pues al ver el incremento de casos tuvieron que retroceder, sobre todo en Tegucigalpa. Por lo tanto, no se logró ni siquiera la aprobación de libre circulación.
Según el periodista hondureño Arturo Nolasco, la situación en Honduras es compleja, pues no se ha invertido en instalaciones de salud nuevas, sino que dentro de los mismos hospitales se han ampliado las salas para dedicarlas a la atención del COVID-19. Además, el problema de la corrupción ha sido la tónica.
“Como sucede en la mayoría de los países con altos índices de pobreza, las zonas populares son las mayormente contagiadas, y nuestro sistema de salud no tiene la capacidad de dar un dato al menos cercano de la alta incidencia. Es un desastre, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hay una mayor incidencia las áreas de atención están al límite y se atienden pacientes en carpas y toldos en las afueras del hospital”, detalló Nolasco.
El Salvador: medidas represivas sin prevención
El Gobierno salvadoreño fue el primero de los que implementó medidas de cierre de fronteras, cierre de tramos de acceso a la población, cercos y toques de queda para evitar el contagio del COVID-19 entre sus pobladores, pero la movilización de la gente continuaba, por lo que al mes y medio emitió un decreto Ejecutivo en el cual planteaba el confinamiento.
De esta forma, cada vez que se vencía el decreto fue extendiéndolo por otras dos semanas, hasta sumar un total de 85 días. Hace una semana una parte de la actividad productiva retomó operaciones, como el sector construcción, manufactura, centros comerciales para ventas en línea o a domicilio, puertos marítimos, entre otros.
El objetivo del Gobierno es que en este período se mantuviera el confinamiento de la mayoría de la población, pero en una negociación que llevaba a cabo con la Asamblea Legislativa, la cual incluía la autorización para el endeudamiento con organismos internacionales y echar mano de algunos que ya habían sido aprobados para otros fines. Sin embargo, la condición de rendir cuentas fue el tema de discordia y no se logró aprobar.
Alfredo Carías contó que al pasar el tiempo se venció el decreto anterior de confinamiento y toda la gente salió a la calle, en medio de la desesperación, por el hambre y la necesidad de conseguir dinero.
Guatemala: en subida insostenible
En Guatemala se comenzaron a tomar medidas desde el 31 de enero, cuando se cerró el ingreso a ciudadanos chinos y reportó su primer caso el 5 de marzo. Ahí el gobierno estableció el estado de calamidad, que le permite atender la emergencia y contar con facultades como suspender el tránsito, establecer toque de queda y medidas de confinamiento.
Karin Slowin, salubrista y analista de política pública social, indicó que aunque las personas acataron las restricciones bien, al cierre de Semana Santa se relajaron las medidas con variaciones en el horario del toque de queda; además no se dio la asistencia económica prometida, por lo que las personas se vieron obligadas a salir a la calle.
“Muchas empresas nunca cerraron, sobre todo maquilas que no eran servicios esenciales, los mensajes eran confusos y las personas bajaron la guardia frente al acatamiento del distanciamiento social, hubo errores en acuerdos que limitaban el transporte de productos agrícolas, no así el de grandes empresas”, señaló Slowin.
Ahora hay un toque de queda de 5 de la tarde a las 6 de la mañana, se puede salir a trabajar y el domingo hay toque de queda. También hay restricción para ingresar a ciertas comunidades, los mercados pueden vender hasta el medio día y el transporte público está suspendido, lo que obliga a las personas pobres a caminar o compartir camiones, mientras la gente que puede saca su carro.
Mientras tanto, Guatemala se ha convertido en el cuarto país latinoamericano con mayor índice de letalidad por COVID-19.
