Leonel y Gerardo llevaban once años como pareja y tres de casados en el extranjero, en espera de que Costa Rica resolviera la discusión política y jurídica que podría darles reconocimiento como familia en suelo tico; finalmente, tuvieron que programar su boda con solo una semana de antelación.
Desamparados. (Foto: Katya Alvarado)
Parece una contradicción, pero es una señal de los vaivenes y la incertidumbre en el proceso del reconocimiento estatal al derecho a formar una familia para la población no heterosexual, como es posible desde este martes 26 de mayo en Costa Rica.
Solo se atrevieron a ponerle fecha después de ver derrotado el último intento de un grupo de diputados, con la moción que pretendía posponer el matrimonio igual para volverlo a usar como arma en una campaña electoral.
Entonces sí, en una semana acordaron con el notario Andrés Corrales una ceremonia que finalmente se celebró en la noche de este martes, 18 horas después de que la historia de los derechos humanos costarricenses dio un nuevo paso adelante.
La pandemia de COVID-19 lo hizo quizás más fácil. No tuvieron que encargar comida para decenas de invitados ni contratar un hotel o un grupo de música en vivo. La boda se celebró con lo más básico porque, además, nada es más importante que materializar el derecho que ya tiene la mayoría y asumirse como lo que son desde hace mucho tiempo: esposos. Para celebrar está el resto de la vida, dicen.
Otras parejas también corrieron a casarse. Llevarán en su recuerdo que lo hicieron el 26 de mayo del 2020, el día en que Costa Rica se convirtió en el país 29 en el mundo en validar el matrimonio igualitario.
Lo logran año y medio después del fallo de la Sala Constitucional que daba ese plazo para que los diputados hicieran enmiendas relacionadas con el matrimonio igualitario, aunque nada de eso se lograría en un Congreso en que uno de cada cinco legisladores llegó a serlo en buena medida por la polarización electoral del 2018 en torno a ese tema.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Gia Miranda, Movimiento Matrimonio Civil Igualitario” icon_quote=”no”]
“Hoy podemos recordar a todos los que lucharon y sentirnos bien de que no fue en vano. Ahora viene lo cultural, que esas parejas puedan pasar por la calle en paz o que en los trabajos no sean etiquetados”.
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Lo logran dos años y cuatro meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos contestó como lo pretendía el Gobierno de Costa Rica 2014-2018, cuando la vicepresidenta Ana Helena Chacón y su asesor Diego González vieron posible ese camino para alcanzar algo que jamás se había logrado en la Asamblea Legislativa ni en la Sala Constitucional.
Lo logran 15 años después del primer proyecto de ley que, aunque tímido, abría la posibilidad de que el Estado reconociera para las parejas no heterosexuales derechos al menos similares a los que siempre han tenido los matrimonios entre hombre y mujer.
Lo logran casi 20 años después de que alguien lo preguntara en un debate entre candidatos presidenciales en Costa Rica, cuando apenas Holanda lo formalizaba en abril del 2001 y rompía un paradigma mundial.
Derecho a celebrar
Leonel y Gerardo lo logran después de once años de relación y tres desde que se casaron en Nueva York, sin tener idea de cuánto podía tardar el reconocimiento en Costa Rica. Han visto avances y retrocesos, noticias positivas y desilusiones mientras ellos seguían forjando la idea de una familia, como lo dice la calcomanía en su carro sobre un fondo de arcoiris.
“Todavía me tiembla la voz cuando tengo que referirme a él como mi esposo, porque diay, uno sabe lo que eso significa aquí. Seguro que en adelante no me va a temblar la voz”, dijo Gerardo, quien siempre al llenar documentos se preguntaba si decirse casado o soltero.
“Costó, claro. Todavía hace dos semanas veíamos la discusión muy caprichosa y no estaba uno seguro. Después fue cuando le dijimos al abogado (Andrés Corrales), y de una vez”, agregó Leonel, quien pudo sacar permiso en su trabajo como cualquier persona heterosexual para casarse.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Marco Castillo, abogado, activista y recién casado” icon_quote=”no”]
“Ya somos el país 29 en el matrimonio igualitario, pero esto no es el final ni la meta. La meta tiene ver con la equidad social para todas las personas vulnerabilizadas”.
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Como ellos dos, otras decenas de parejas esperaban la llegada de esta fecha. El Registro Civil tiene 55 solicitudes de inscripción haciendo fila, la gran mayoría de personas que también se casaron en Estados Unidos, México, España, Colombia o alguno de los países donde esa era ya una realidad.
Ahora es el turno de Costa Rica, a pesar del rechazo de siempre de la Iglesia Católica y de años recientes del movimiento cristiano neopentecostal, metido directamente a la política.
Solo un tercio de la población apoyaba este derecho para parejas del mismo sexo, según una encuesta de Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, en enero de 2018, en pleno ascenso de Fabricio Alvarado como candidato presidencial, abanderado de que nada cambiara inmediatamente después del fallo de la Corte IDH.
El triunfo electoral de Carlos Alvarado, quien desde un principio se manifestó a favor del matrimonio igualitario, llegó en abril y parecía inclinar la balanza, aunque la palabra la tenían los magistrados constitucionales. Nada estaba seguro.
Después vino el fallo de la Sala Constitucional en agosto del 2018, pero los colectivos pro derechos LGTBI tampoco pudieron celebrar. Los magistrados votaron por acoger el criterio de la Corte Interamericana y eso era bueno para esa población, pero daban un plazo de año y medio para que la Asamblea Legislativa reformara las leyes necesarias, y eso abría el margen para cualquier cosa.
El panorama, sin embargo, parecía claro. En el 2020 se concretaría el matrimonio igualitario sí o sí. Decenas de negocios y parejas hicieron planes con el objetivo de aprovechar el momento, como se evidenció en la marcha conmemorativa del 2019, aunque la experiencia les ha enseñado a no confiarse nunca.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Laura Flórez-Estrada, casada con Jazmín Elizondo en 2015 gracias a un error registral” icon_quote=”no”]
“La experiencia nuestra muestra lo difícil que era poder acceder a un derecho. Por eso nos alegra ver materializado el matrimonio igualitario, aunque los antecedentes hayan estado llenos de persecución, de frustraciones. Tuvimos miedo de que no pasara”.
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El último intento ocurrió este mes de mayo en la Asamblea Legislativa, aprovechando el momento de emergencia nacional por COVID-19. Un grupo de diputados maniobró para postergarla y, aunque no lo lograron, sí llevaron la zozobra hasta el límite.
Coincidió el momento con la presidencia legislativa de Eduardo Cruickshank, miembro de las fuerzas políticas confesionales opuestas a cualquier derecho para parejas del mismo sexo. Tras ocupar ese puesto con los votos del PAC y PLN el 1 de mayo, actuó de manera que ese último intento no fructificara; su discurso siguió siendo el que cala en la población más conservadora, pero ahora ve desde Cuesta de Moras un cambio que resultará histórico, guste o no.
El proceso
Atrás quedan los proyectos de ley con nombres como “unión civil” o “sociedades de convivencia” en sus distintas versiones, además del intento de llevar el tema a referendo nacional, como gestionaron en 2008 los ahora exdiputados Víctor Emilio Granados y Alexandra Loría Beeche, con el apoyo de la Iglesia Católica que ofreció sus misas para recoger firmas.
La posibilidad de referendo, sin embargo, se cayó con el voto de cinco de los siete magistrados de la Sala Constitucional, que en agosto de 2010 acogieron un recurso de amparo del abogado Esteban Quirós. “Son un grupo en desventaja y objeto de discriminación que precisa del apoyo de los poderes públicos para el reconocimiento de sus derechos constitucionales”, decía el fallo, pero faltaba mucho para concretarse.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Gerardo Ugalde, casado con Leonel Morales en 2016 en Nueva York y este 26 de mayo en Costa Rica” icon_quote=”no”]
“Todavía me tiembla la voz cuando tengo que referirme a él como mi esposo, porque diay, uno sabe lo que eso significa aquí. Seguro que en adelante no me va a temblar la voz”.
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Meses atrás había acabado el gobierno de Óscar Arias, quien solo al final de su mandato dio su opinión clara en favor del matrimonio de parejas del mismo sexo, aunque ya sin márgenes de acción y sin prioridad alguna.
En mayo de 2010 comenzó el gobierno de Laura Chinchilla cuando ya se hablaba abiertamente del tema, pero la entonces presidenta tampoco le dio prioridad y gobernó más cerca de los obispos de la Iglesia Católica. “El debate deberá darse de manera madura donde tiene que darse, que es en el seno del Parlamento”, contestó el 3 de mayo de 2013, en una rueda de prensa junto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Este 12 de mayo, siete años después, la exmandataria se posicionó diferente: “Siempre creí que temas como el reconocimiento del matrimonio gay debían seguir en Costa Rica la misma ruta que habían seguido en muchas otras democracias del mundo y ser resueltos en la vía jurisdiccional y constitucional, como finalmente ocurrió”.
Fue con el gobierno de Luis Guillermo Solís cuando se izó por primera vez la bandera multicolor “del orgullo” en la Casa Presidencial y quedaba clara la posición desde Zapote. Vino después la opción a través de la Corte Interamericana y el desenlace que ya se conoce.
“Ha sido una lucha política y legal que lleva casi dos décadas, pero claro que viene de mucho más atrás”, resume José Daniel Clarke, activista y vicepresidente del Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), quien además ha documentado la historia de la causa.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Enrique Sánchez, diputado pro derechos LGBTI” icon_quote=”no”]
“No es una victoria de unos frente a otros. Es un triunfo colectivo porque es un reconocimiento de que todas las personas, a pesar de nuestras diferencias, somos iguales ante la ley”.
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Algunos activistas del siglo XX ya no están. Murieron sin ver el fruto de su trabajo o al menos una pequeña recompensa a la persecución, sin poder descontar una parte del precio que pagaron por hablar públicamente contra la discriminación en tiempos de total invisibilización.
Uno de ellos fue Abelardo Araya, dirigente del Movimiento Diversidad. Falleció en enero de 2012 y la voz de la organización quedó en manos del abogado Marco Castillo, otro de los activistas reconocidos.
Castillo fue el notario que en 2015 casó a Laura Florez-Estrada y a Jazmín Elizondo, gracias a que esta aparecía con sexo masculino por error en el Registro Civil. Ese portillo les permitió constituirse como la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio, aunque en los cinco años posteriores abundaron las acciones legales en su contra, hasta lograr anularlo.
El caso de ellas depende ahora de un recurso de amparo, de una denuncia por prevaricato contra el juez que ordenó la desinscripción y de una queja en su contra en la Inspección Judicial, pero la pelea continúa por todos los flancos posibles.
Histórico
El abogado Castillo también contrajo matrimonio este martes 26 de mayo con su pareja, Rodrigo Campos. Lo hizo directamente ante un Juzgado de Familia de Desamparados, como una afirmación de lo que debe cambiar en adelante.
“Por la autoridad que me confiere el ordenamiento jurídico costarricense, en virtud de que a partir del día de hoy rige la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, los declaro unidos en matrimonio civil”, pronunció la jueza.
La pareja, rodeados de la prensa, aceptó el compromiso sin dejar de mencionar frases de reivindicación contra la discriminación. “Este anillo significa lo que vamos a vivir en adelante, que no se diferencia mucho de lo que hemos vivido, pero ahora respaldados por el Estado”.
Rodrigo le contestó: “Este anillo es símbolo del derecho que hoy tenemos de ser ciudadanos de primera categoría. Y te amo”.
Horas antes, el presidente Alvarado auguró que este cambio legal “provocará una transformación social y cultural del país”, más allá de las nuevas garantías que las parejas del mismo sexo podrán tener en herencias, patrimonio, seguros y condiciones laborales, entre otros ámbitos.
Clarke explicó que este paso arrastra toda una discusión que incluyó también ideologías políticas y que fue cambiando conforme pasaron los años, hasta que en tiempos recientes se sumaron a la causa voces que no siempre estuvieron ahí. Ahora, con la inminencia de la apertura al matrimonio igualitario, más aún.
“Hay gente que se sube a la carroza ahora y está bien, pero tampoco podemos aceptar que se niegue ahora la manera como hubo que pelear eso. No podemos negar la historia al calor del momento o de la celebración. Hay una memoria”, destacó.
El abogado y activista Marco Castillo se casó con su pareja Rodrigo Campos ante una jueza de familia en Desamparados. (Foto: Katya Alvarado)
