La advertencia que días atrás hicieron representantes de varios sindicatos hacia el Gobierno fue clara: una huelga nacional paralizaría el país a partir de este lunes 10 de setiembre. El anuncio pronosticaba bloqueo de vías, suspensión de los servicios de educación, salud, transporte y hasta el desabastecimiento de combustibles; todo esto para mostrar su completo rechazo hacia el proyecto de reforma fiscal que se tramita actualmente –y ahora con más fuerza– en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, 72 horas después de iniciada la protesta, el impacto de la huelga nacional ha sido –si acaso–tibio, al menos hasta ahora. Los servicios de transporte público como buses y trenes, los aeropuertos, las gasolineras, los servicios de electricidad, telecomunicaciones y agua, y en general la mayoría de oficinas públicas operaron con normalidad.
Mientras, contrario a lo esperado por los sindicatos, las manifestaciones parecen convertirse en un aliciente para los legisladores que recientemente inyectaron fuerzas en el trámite del plan fiscal.
Si bien la huelga ocasionó problemas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en el Ministerio de Educación Pública (MEP), no se trató de un estancamiento completo en esas instituciones y, más bien, este martes muchos empleados públicos que se habían ausentado regresaron a sus labores.
En la CCSS, el ausentismo fue de un 26%, según la información brindada ayer por esa institución. El mayor impacto se dio en las salas de cirugías, pues los hospitales del país cancelaron el lunes más de 320 operaciones de un total de 410 programadas para el lunes 10 de setiembre, principalmente en las regiones Huetar Norte y Brunca.
No obstante, los centros médicos llevaron a cabo el 68,4% de las consultas generales que estaban asignadas.
En el sector de educación, el MEP había ordenado que las escuelas y colegios reportaran las ausencias injustificadas mediante una herramienta digital; sin embargo, solo el 15% (809 centros educativos) atendieron ese llamado el lunes.
En esa muestra, 54,4% funcionarios fueron registrados como presentes y laborando, 38,8% estaban ausentes sin justificación y el restante 6,8% estaba en incapacidad o no debían presentarse ese día.
La huelga también ocasionó unos bloqueos de vías, pero estos no se extendieron por largo tiempo. El primero de ellos fue el lunes por la mañana, cuando en los alrededores de la Municipalidad de San José unos empleados de ese municipio impidieron el paso del tren que viajaba hacia Belén de Heredia, pero las autoridades del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) lo resolvieron de forma rápida con el trasbordo de los pasajeros.
Este martes al mediodía, la Policía de Tránsito reportó en conferencia de prensa que hubo bloqueos en la ruta que lleva a la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, y cierres parciales de carreteras cerca del aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.
También se dieron incidentes en Puntarenas,Pérez Zeledón, Guanacaste, Heredia y en los alrededores de la Asamblea Legislativa, en San José. No obstante, la mayoría se trató de cierres durante lapsos cortos, comentó el director de esa Policía, German Marín.
Tanto el lunes como el martes se presentaron manifestaciones en varios puntos del país, principalmente en San José, donde los fuertes aguaceros ahuyentaron a los participantes.
En general, ayer 40 instituciones trabajaban con normalidad y entre estas algunas que en ningún momento se sumaron a la manifestación, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
También ministerios como el mismo Mideplan, la Cancillería, el Ministerio de Trabajo, el de Justicia y el Ministerio de Hacienda.
En otras entidadesla participación fue de menos del 6%, con excepción del MEP y la CCSS, que sí registraron porcentajes superiores de ausencias de trabajadores; mientras que a nivel cantonal solo 20% de las municipalidades se unieron al movimiento de protesta.
La antelación con la cual se anunció esta huelga le permitió al Gobierno preparar durante el fin de semana planes de contingencia adecuados que lograron impedirque el país se detuviera por completo, al menos por el momento.
Al contrario de la problemática esperada, el Poder Ejecutivo se envalentonó y 27 de sus instituciones ya presentaron procesos judiciales para que se declare ilegal la huelga por afectar servicios esenciales. De lograrlo, se podrían aplicar sanciones a aquellos funcionarios que hayan abandonado sus labores en estos días.
Aunque los sindicatos afirman que este movimiento se realiza de manera indefinida, este martes muchos empleados públicos regresaron a su trabajo, según comunicaron distintas entidades.
Hasta ayer, en este pulso iba ganando el Gobierno, pues, mientras algunos empleados públicos seguían llamando a permanecer en las calles, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que tramita el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas le dio un impulso grande y lo dejó listo para pasarlo al plenario.
Las jugadas previas de Zapote
¿Cómo logró el Poder Ejecutivo prevenir y contrarrestar los efectos anunciados con la huelga nacional? Utilizando el tiempo a su favor.
El Gobierno recibió desde hace un par de semanas las advertencias sobre la huelga indefinida por parte de sindicatos como laUnión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca),la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y otras organizaciones que rechazaron los ofrecimientos de diálogo que hizo el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Entonces, los representantes del Ejecutivo planearon otras medidas que se aplicaron desde el fin de semana.
El domingo, la Fuerza Pública tomó el control de entidades como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), lo cual permitió que siguieran funcionando con normalidad las gasolineras y los puertos, a pesar de algunos bloqueos esporádicos.
La Policía de Tránsito, por su parte, desplegó 850 oficiales por distintas rutas nacionales para garantizar el flujo vehicular.
La CCSS hizo una declaratoria de emergencia y así pudo acceder a un fondo especial de ¢30.000 millones para realizar contrataciones administrativas y compensar la falta de profesionales en los centros médicos que se sumaron a la huelga.
El MEP ya había ordenado que se reportaran las ausencias injustificadas y este lunes habilitó la línea gratuita 1311 para que los padres de familia denuncien a los directores que se rehúsen a habilitar las lecciones.
También el Incofer se preparó para poder evadir los bloqueos de los manifestantes y los trenes operaron con normalidad.
Sin embargo, los sindicatos siguen llamando a mantener la protesta en pie e incluso anunciaron para hoy una gran manifestación que reuniría en la capital a funcionarios de todo el país.
De lograr una amplia convocatoria, podría darse alguna reacción del Gobierno o del Poder Legislativo, pero, hasta ayer, el termómetro político indicaba hipotermia en lugar de calentura y–a pesar de la huelga y su amenaza de paralización– en menos de un mes podría estar votada la reforma fiscal.
Colaboraron con esta información: Rita Valverde, Luis Fernando Cascante, Monserrat Cordero.