Un tercio del Presupuesto para el 2016 pagará deuda pública

Pago de deuda supera inversión en educación y llega al 8% del PIB.

Por cada ¢100 que el Gobierno Central planea ejecutar en el 2016, casi una tercera parte (31,2%) irá destinado al pago de intereses y la amortización de la deuda, que es actualmente el programa más caro del presupuesto de la República.

Según el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, el presupuesto para el 2016 será de ₡8 billones (el equivalente a ¢8 millones de millones) y cerca de ¢2,5 billones se usarán para deuda pública.

Este monto equivale al 8% del Producto Interno Bruto para el 2016, explicó el ministro interino de Hacienda, José Francisco Pacheco, de los cuales cerca de 5% irá a pagar amortizaciones (el principal de la deuda) y 3% a los intereses generados por esos créditos.

“Con ese 3% del PIB que estamos invirtiendo en intereses, podríamos estar completando el 8% (del PIB, mandato constitucional) de la educación o invirtiendo el doble en infraestructura”, puntualizó Pacheco.

El presupuesto fue presentado en la Asamblea Legislativa la tarde del martes 1 de setiembre −tal como dicta la normativa nacional− por Pacheco, quien lidera de manera interina la cartera de Hacienda, tras una lesión del ministro Helio Fallas.

Desde el 2009, Costa Rica tiene una brecha fiscal entre los ingresos que recibe el Gobierno Central y los gastos que este tiene y que lleva años agudizándose por los aumentos de los egresos y el estancamiento de las entradas de efectivo.

En el presupuesto presentado por el Ejecutivo es evidente ese déficit: del total, solamente 54,4% es pagado con ingresos corrientes y el Gobierno debe recurrir a endeudarse mediante la colocación de títulos, para conseguir el restante 45,6%.

Cuanto más dinero necesita el país para pagar sus deudas (o incluso para pagar sus gastos corrientes), más aumenta el endeudamiento y, a su vez, el déficit fiscal, lo que impide concentrarse en otros programas.

Después del monto para pagar la deuda, el siguiente rubro más grande es el Ministerio de Educación Pública (MEP), que suma 29,5% del presupuesto nacional y creció 7,9% con respecto al 2015, seguido del Tribunal Supremo de Elecciones (que debe celebrar los comicios municipales en febrero de 2016) y del Ministerio de Ambiente y Energía (que creó una nueva Dirección de Aguas).

En grado de participación, les sigue el régimen de pensiones (con un 10,6% del presupuesto), el Poder Judicial (con 5,3%) y el limitaciones legales (con 5%).

En gran medida, el Gobierno enfrenta una serie de limitaciones legales y constitucionales que regulan cómo designa el presupuesto. Al tomar en cuenta estas disposiciones, el Ejecutivo solo tiene “margen de maniobra” en un 4% del presupuesto.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos −cuya comisión verá el proyecto a partir de ahora y hasta que llegue al Plenario−, reconoció que el Gobierno hizo esfuerzos importantes en la reducción del gasto, pero que todavía pueden hacerse más.

Ahora que fue presentado, el Presupuesto pasará a la Comisión de Hacendarios, que formará una subcomisión para su estudio. La diputada Ramos informó que durante setiembre y parte de octubre, la comisión recibirá a representantes de ministerios, de los Poderes de la República y sus órganos adscritos, para conocer de primera mano sus necesidades presupuestarias.

El presupuesto debe estar aprobado el 29 de noviembre, para entrar a regir el 1 de enero del 2016.

49,62% del PIB alcanzará la deuda pública del Gobierno Central a finales de 2016, según
el Ministerio de Hacienda.

PIB

 ¿Cuánto creció?

Este año, el Ejecutivo planteó el presupuesto enviado al Congreso como “el Presupuesto Nacional de menor crecimiento en los últimos diez años”, según expuso el mandatario Luis Guillermo Solís el domingo pasado en cadena nacional de medios.

La propuesta para el 2016 apenas aumenta 0,5%. Sin embargo, la oposición planteó el tema en sus propios términos y sostiene que si bien es cierto que este presupuesto creció menos que otros en el pasado, esto ocurre porque el presupuesto 2015 aumentó cerca de un 18%.

Ramos fue una de esas personas escépticas sobre el significado real del ritmo del crecimiento y recordó que en el 2015 el aumento presupuestario fue muy alto. A pesar de esto, llamó “a guardar las banderas políticas” y tratar de manera objetiva la propuesta.

El diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Democrática Cristiana, reconoció también que hubo un esfuerzo de parte del Ejecutivo en ciertos rubros, pero también llamó a hacer mayores esfuerzos en materia de empleo público.

“Las herramientas (para mejorar las finanzas) las pudo haber propiciado el Ejecutivo hace rato, como el proyecto de ley de empleo público o las mismas directrices que pueden emitir para racionalizar pluses salariales”, apuntó Redondo.

Difícil balance

El balance que finalmente tenga el presupuesto para el 2016, tiene una importancia particular por el frágil estado de las finanzas públicas, que empeoran desde finales de la administración de Óscar Arias Sánchez.

En el 2015, el Gobierno tiene ingresos cercanos al 14,3% del Producto Interno Bruto y gastos por casi el 20,3%, lo que deja un agujero fiscal que las autoridades nacionales solventan con deuda pública.

Esa acumulación ha hecho que el Gobierno Central sume cada año nuevas deudas y debe afrontar tanto el pago del dinero que pidió prestado (amortización del principal) como los intereses que generan esos préstamos.

A junio del 2015, esta deuda pública representaba un 41% del PIB, mientras que sus ingresos llevan más de una década estancados cerca del 13,5% del PIB. El ministerio de Hacienda espera que a finales del 2016, ese porcentaje llegue al 49,6%.

Es decir, aun cuando dedicara todos sus ingresos a pagar la deuda, el Gobierno necesitaría más de tres años para cancelar el principal, sin contar el pago de intereses.

Por esto, en la formulación del Presupuesto Nacional es vital comprender cuánto espera el Gobierno recaudar y cuánto más necesita endeudarse para poder pagar sus gastos.

Para el presupuesto anterior, que rige para el 2015, la administración Solís Rivera propuso un aumento real del 18% comparado con el 2014. Según la Contraloría General, un 47% de ese aumento ocurre por la amortización del principal de la deuda pública del país.

El Ejecutivo apuesta a aumentar los ingresos para suplir este vacío fiscal por dos caminos: una serie de proyectos legislativos que reformarían aspectos puntuales de la normativa tributaria actual (como los proyectos contra el fraude) y una reforma para convertir el impuesto sobre venta en un impuesto sobre el valor agregado (IVA).

Por eso el pasado domingo 30 de agosto, el presidente Solís solicitó a los diputados aprobar las reformas fiscales que permitirían estos cambios y los enlistó como un elemento crucial para poder ajustar las finanzas del país.

El mismo mensaje llevó a los legisladores el ministro interino Pacheco, quien afirmó que si logran aprobar todas esas modificaciones, esperan balancear el porcentaje de la deuda con respecto al PIB en tres o cuatro años, de modo que empiece a descender.

Rafael Ortiz propone crear grupo para analizar presupuesto

El presidente de la Asamblea Legislativa, el socialcristiano Rafael Ortiz, propuso crear un grupo de ciudadanos costarricenses de todos los sectores sociales y económicos, que apoyen a los diputados en la revisión del proyecto de Presupuesto de la República para el 2016.

Antes de la presentación del presupuesto por parte del ministro interino de Hacienda, José Francisco Pacheco, el diputado invitó al Ejecutivo a conformar este equipo.

“Será necesario integrar a un grupo de costarricenses que puedan, como lo hemos planteado en otras oportunidades, analizar el presupuesto nacional y que representen a diferentes sectores económicos y sociales”, apuntó el diputado.


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