Greivin Villegas, presidente ejecutivo de Japdeva

Un puerto en la incertidumbre

Japdeva aún no define cuáles serán los proyectos de desarrollo regional en los que invertirá 7,5% de los ingresos brutos de APM Terminals.

A solo tres meses de que se inaugure la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y luego de un proceso que inició hace ya siete años (cuando se dio la adjudicación a APM Terminals), el futuro de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico (Japdeva) todavía parece incierto.

¿Con cuántos empleados se quedará Japdeva? ¿En qué proyectos invertirá la Junta el canon que debe entregarle cada año APM Terminals? ¿Cuánta carga manejará ahora? ¿Cuántos de sus empleados pasarán a la nueva terminal privada o a otras instituciones públicas? ¿De qué manera aportará al desarrollo de Limón?

La respuesta de Greivin Villegas, máximo jerarca de ese puerto, a todos estos interrogantes es: “todavía no se sabe”.

A inicios de este año, Japdeva contaba con una planilla de 1.233 personas, pero en los últimos meses esa nómina comenzó a adelgazar. Con la proximidad de la entrada en operación del nuevo megapuerto, 135 empleados mostraron su disposición de participar en un traslado horizontal a otros entes públicos como el AyA, ICE, Inder y otros.

Esta medida consiste en que los funcionarios que acepten el traslado realizarán funciones similares a las que hacían originalmente en la Junta de Administración Portuaria.

Además, otros 96 empleados acordaron tomar una cesantía voluntaria, por lo que Japdeva desembolsó ¢2.807 millones para cubrir esas prestaciones.

Ahora la Junta mantiene alrededor de 1.000 empleados, aunque sus autoridades aún no pueden estimar, a ciencia cierta, cuál es el número de funcionarios que necesitan en la planilla para continuar sus operaciones a partir de febrero del 2019 cuando se dé el funcionamiento total de la primera fase de la TCM.

El contrato de concesión de obra pública indica que APM Terminals deberá pagar a Japdeva un canon equivalente al 7,5% de sus ingresos brutos. Según estimaciones de la firma holandesa, el producto de esa cláusula representa unos $20 millones anuales que, de acuerdo a los fines originales de Japdeva, deberían destinarse a proyectos de desarrollo regional.

Por su parte, las autoridades de Japdeva aseguran que ese dato es falso y que solo recibirán  unos $11 millones al año.  La diferencia entre ambas estimaciones radica en cuál será finalmente el volumen real de carga que maneje la nueva megaterminal.

Independientemente de si los cálculos optimistas de APM Terminals o los conservadores de Japdeva son los correctos, la institución a estas alturas no tiene claro ningún proyecto concreto para invertir el producto de esos nuevos ingresos y señala que apenas está haciendo valoraciones.

Falta definir proyectos pero las necesidades apuntan a que, según datos de la Distribución relativa de los hogares por Línea de Pobreza, según región de planificación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el 28,2% de las personas que habitan la Región Huetar Caribe viven en condiciones de pobreza; de ellos, 8,3% viven bajo pobreza extrema.

Enseguida un extracto de la entrevista brindada por el presidente de Japdeva, Greivin Villegas, a UNIVERSIDAD.

Con los traslados horizontales, ¿qué han percibido de parte de los trabajadores? Hay cuatro frentes, la población adulta mayor que no está dispuesta a salir, la gente joven que sí se quiere trasladar, los que se creen imprescindibles para Japdeva y otros que no se quieren ir a APM Terminals.

–Esa es la radiografía. Esos cuatro grupos están porque nosotros, me incluyo, tenemos mucho tiempo de estar en esta institución de actividad portuaria que nos da muchos beneficios, porque somos la autoridad portuaria del Caribe. Cuando ya empieza toda esta temática de APM y de la privatización, pues, habrá empleados de edad avanzada que no creen que sea de verdad que se van a trasladar sin perder beneficios. Lógicamente los de Japdeva los seguirán teniendo pero deben adoptar los convencionales de otra institución. Están los jóvenes que no tienen arraigo y que quieren explorar. A ellos se les hace más fácil pero estamos trabajando para convencerlos, que tengan la confianza de que este es un proceso fluido. El sindicato está totalmente de acuerdo con el proceso y convencido.

¿Cuáles son las instituciones involucradas en esos traslados horizontales?

–Recope, AyA, CCSS, ICE y eI Inder. Eso le da mucha seguridad a los trabajadores, poder trabajar con la gente de Recursos Humanos de cada una de las instituciones.

APM Terminals se acercó a los trabajadores de Japdeva ofreciendo oportunidades; sin embargo, nadie quiere irse a trabajar a la megaterminal. ¿Por qué?

–Yo diría que el problema viene desde la oferta, que no fueron lo suficientemente amplios para definir las condiciones con las que se iban a pasar. Se habló de 3% de los trabajadores de Japdeva que iban a contratar, pero nada más. Ahí hay mucho trabajo especializado y la gente no tiene certeza de que puedan tener acceso a ese tipo de trabajos.

La planilla de ustedes estaba compuesta por 1.200 personas, de las cuales eventualmente reubicaran a 135 personas en otras instituciones y otras 96 se acogieron a la cesantía en los pasados días. ¿Qué va a pasar con los otros 1.000 empleados?

–Apenas hemos hecho una reunión, vamos para la segunda reunión. Sería aventurarme a dar cifras o tomar decisiones desde ahora cuando apenas estamos valorando. Creo que la respuesta a esa pregunta se la debo porque todavía no tengo una respuesta clara. Confiamos en que la mayor cantidad de personas se puedan trasladar. Este tema hay que verlo con mucha responsabilidad porque está en juego el servicio portuario. A pesar de que entre APM Terminals, Japdeva sigue operando. Las exportaciones e importaciones continúan creciendo. Tenemos a cargo el turismo en Limón y estamos desarrollando proyectos que promuevan empleo y la reactivación de la economía. No estamos de brazos cruzados.

Usted dice que no han estado de brazos cruzados pero la entrada de APM Terminals no se firmó ayer, ¿los anteriores presidentes estuvieron de brazos cruzados?

–Yo creo que ya te lo respondiste. La verdad es que cuando se planifica un proyecto de esta naturaleza de interés nacional, lo primero que se debe de hacer es realizar estudios de costo-beneficio. Esto lo exigió la comunidad ante la Defensoría y esto no se hizo o por lo menos yo no lo conozco. Los puertos son un centro alrededor del cual gira la economía de una región, es el centro que activa la economía, entonces era previsible que el impacto fuera muy fuerte sobre  los empleados que trabajan en el puerto. Ahí se beneficia todo el mundo. Hasta el que vende helados se ve beneficiado. Creo que esto no fue lo suficientemente bien medido.

En la administración de Ann McKinley, se invirtió el dinero que iba a ser usado en el pago de liquidaciones en la compra de dos grúas pórticas que, luego de estrenarse, estuvieron varadas por varios meses. ¿Esas grúas están funcionando?

–En realidad las grúas no han dado problemas. Con el proyecto se realizó también la instalación eléctrica, ahí fue donde ocurrió el problema, un problema que hasta el momento no se ha detectado por qué ocurrió. Y más recientemente, una mala maniobra de un operador hizo que un componente de la grúa llamada spreader (componente que sostiene la grúa) colisionara contra la grúa y esto hizo que se dañara. Ya los técnicos están en el país solucionando el problema. Un spreader cuesta alrededor de $300 mil.

Otra cosa que ustedes no han respondido hasta ahora es en qué van a invertir el canon de $20 millones.

–¿20 millones?

Sí, $20 millones es lo que dice APM Terminals

-Son $10 millones, máximo $12 millones. Los $20 millones no son ciertos.

¿En qué invertirán?

–Nosotros hemos hecho una evaluación de todos los posibles proyectos en que se podría invertir. La administración pasada hizo un mapa de proyectos importantes en toda región y nosotros tenemos interés como institución que vela por el desarrollo de la región por proyectos de orden productivo que generen empleo, bienestar económico y social. Nos estamos ocupando no solo del canon sino de los proyectos que puede realizar la institución y de los que se pueden articular con instituciones del Estado.

Pero me está hablando de evaluaciones, ¿un proyecto en específico?

–Los proyectos se están evaluando. Tenemos varios pero se están analizando para determinar prioridades. Es más, estamos analizando el fideicomiso, la mejor forma que podemos tener para el fideicomiso que nos va a permitir desarrollarnos en el menor tiempo posible. Yo soy del criterio de que el canon se debe consultar a la ciudadanía, la gente tiene derecho de decir en qué le gustaría invertirlo sin necesidad de crear falsas expectativas.

Según APM Terminals, en el primer trimestre ustedes van a recibir un millón de dólares…

–Nosotros estimamos que podrían ser $360 mil más o menos.

¿Ya tienen destino?

–No los vamos a desperdiciar

Pero la gente quiere ver acciones concretas…

–Lo importante es tener formulado el fideicomiso que a la larga nos podría permitir utilizar fondos futuros y hacer proyectos de mayor impacto. No hay que desesperarse tanto ahora, estamos asegurándonos de que ese canon esté bien invertido. Nosotros vivimos en Limón y procuramos quitarle a la gente preocupaciones del pasado como “Limón ciudad puerto”, que hizo perder la confianza. A mí no me estresa que critiquen, nosotros estamos tratando de hacer las cosas y no nos interesa figurar en eso. Queremos enrumbar la institución y transformarla sin dejar de lado el compromiso que tenemos con toda la población.


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