Desde la muerte, en el 2013, del reconocido jurista Luis Paulino Mora Mora (quien dirigió el Poder Judicial por 14 años), hubo ya dos elecciones para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.En ninguna de ellas,el nombre de Fernando Cruz Castro siquiera se escuchó en los pasillos judiciales como posible candidato a ocupar esa silla.
El rol del magistrado Cruz dentro del tablero judicial no ha sido precisamente el de una figura conciliadora ni recaudadora de votos. Más bien, podría decirse todo lo contrario: es un juez que responde con determinación a sus convicciones, aun si resulta incómodo para otros.
Su oposición a la explotación minera en Crucitas y al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos fueron dos votos salvados dentro de resoluciones judiciales de alto impacto nacional, que permitieron a Cruz mostrarse como un elemento contrariador.
Su apego a ese tipo de posturas ideológicas incomodó a un grupo político que, en noviembre del 2012, intentó destituir a Fernando Cruz y enviar así una “llamada de atención a la Corte”.
Así admitió el entonces jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Fabio Molina, quien, al justificar su falta de apoyo a renovar el nombramiento de Cruz como magistrado, advirtió que la Sala Constitucional se había “excedido” en sus competencias y que se debía “restaurar el equilibrio entre poderes”.
Esa fue una de las pocas veces que el nombre de Fernando Cruz estuvo ligado a unificación de masas, pues una estampida de empleados judiciales, encabezados por Luis Paulino Mora y otros magistrados, se lanzaron a las calles a protestar contra la presión del poder político que se inmiscuyó en la independencia del juez y Cruz fue restituido por la misma Sala Constitucional a la que pertenece.
Quizá nadie pudo pronosticar en aquel momento que, transcurridos seis años y dos presidencias impopulares en el Poder Judicial, la Corte Plena le entregaría el timón a su magistrado más autónomo.
Pero ahora, con una imagen resquebrajada y la credibilidad salpicada por el escandaloso caso conocido como el “cementazo”, que ocasionó la salida del expresidente de Corte, Carlos Chinchilla; del fiscal general, Jorge Chavarría; y de casi todos los otros magistrados de la Sala Tercera (con excepción de Jesús Ramírez, quien se aferra al puesto como un náufrago a su salvavidas), una mayoría de magistrados procura dar señales claras de que sí habrá un cambio real en la institución.
Y en eso Fernando Cruz lleva la delantera dentro de la política judicial: marca diferencia.
“Si la crisis se origina en buena parte por temas de poca independencia y violación a los principios de imparcialidad y objetividad, el que se haya elegido a un magistrado que representa lo contrario, al punto que ha sido destituido por ese ejercicio independiente de su criterio jurídico –al margen de que uno comparta o no todas sus posiciones–, es una garantía de fortalecimiento de esa independencia, que es uno de los pilares de la institución”, remarcó la jueza de Apelación, Rosaura Chinchilla, una de las voces críticas dentro del mismo Poder Judicial.
El exmagistrado José Manuel Arroyo, quien conoce muy de cerca los vaivenes de la cúpula judicial, coincide con esta visión.
“Es una persona honrada, íntegra; es un juez independiente y eso no es poca cosa. Ha sido el juez más crítico del Poder Judicial por muchos años y estando ya en la Corte sigue siendo una persona crítica que no se acomoda fácilmente a las circunstancias.Fernando está significando una apuesta por las antípodas, en una posición absolutamente contraria a lo que ha estado en cuestión, que es la subordinación de los jueces a intereses no legítimos”, apuntó Arroyo.
“Fernando es el que ha hecho mejor la función de contrapoder que le corresponde a los jueces para enfrentar los abusos del Gobierno, y por esa razón trataron de sacarlo por la ventana hace unos años. Yo creo que de otro modo (si no estuviese golpeada la imagen de la institución), la elección de él hubiese sido muy difícil porque él en la Corte ha sido un proscrito, sobre todo en la Sala Cuarta, una sala muy sometida al poder en los últimos años”, agregó el exjuez y académico, Wálter Antillón.
Cruz hubiese sido años atrás el último en quien sus compañeros habrían pensado para encomendarle la espinosa tarea de rescatar la honorabilidad de la institución, coincide el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Alfredo Chirino.
“Porque siempre ha representado un modelo de hacer de la justicia y de la magistratura muy crítico, siempre con un pensamiento judicial más acorde con una visión demócrata, muy adecuada a un quehacer judicial que no es administrativista ni corporativista, que es el tipo de gobierno judicial que se había instalado luego del nombramiento de Carlos Chinchilla y la llegada de ciertos magistrados”, señaló Chirino.
Sin embargo, Cruz tampoco fue designado en una votación sencilla ni por aclamación, como solía ocurrir en los procesos en que era reelecto Luis Paulino Mora. Tuvo que enfrentar como contrincantes a los magistrados Orlando Aguirre, Fernando Castillo y Luis Guillermo Rivas, y superar cuatro rondas de votación.
Cruz toma la independencia que los demás ven en élcon suma cautela. “En esos valores hay que sumar un balance. En transparencia excesiva se pierde independencia y viceversa”, dijo en su discurso antes de saberse ganador.
Un presidente solo no hace verano
Desde hace unas semanas, Fernando Cruz utiliza mucho más palabras como “consenso”, “apoyo” y hasta suaviza la magnitud de la crisis institucional a la que califica de “compleja” pero no “catastrófica”.
Habla mucho del apoyo que necesita de sus compañeros, y la mención no es gratuita.
Por sí solo, no podrá llevar a buen puerto las reformas que exige la coyuntura para la institución, relacionadas con transparentar las decisiones en temas de nombramientos, presupuestarios y disciplinarios, así como procurar disminuir las tareas administrativas que saturan a la Corte Plena con el fin de que este órgano pueda destinar más tiempo a las labores jurisdiccionales o aquellas decisiones estratégicas de trascendencia.
Sobre todo, esto se debe a Cruz llegó a la presidencia con una mayoría muy ajustada: 13 votos de 22.
“Un montón de magistrados que en realidad estaban contentísimos con el sistema de la complicidad, ahora sacan bandera de la pureza (…) El tema es que el presidente de la Corte no hace verano, como la golondrina. Fernando hará lo que pueda, pero la Corte misma para mí es un aparato dañino que tendría que desaparecer”, apuntó Walter Antillón.
Para que el cambio sea contundente, su excompañero y exvicepresidente del Poder Judicial, José Manuel Arroyo, va más allá y le aconseja a Cruz hacer un “borrón y cuenta nueva”.
“Esto significa que debe haber un equipo de Presidencia completamente renovado. Y lo segundo es que ahí tiene que haber disciplina espartana”, advirtió Arroyo.
Pero también será un reto para Cruz y para toda la institución porque la conformación y el pensamiento de la Corte podrían modificarse drásticamente cuando la Asamblea Legislativa finalmente nombre a magistrados propietarios en ocho plazas vacantes, un procedimiento que en el pasado se vio maleado por “padrinazgo político y cercanía partidaria personal o incluso la afinidad ideológica”, según criticó el exmagistrado Arroyo.
Para intentar evitarlo, los legisladores que conforman la Comisión de Nombramientos han acogido una serie de recomendaciones del Foro de Justicia y de otras organizaciones, incluso de los mismos magistrados, pero los cambios que se aplicarán son insuficientes, señalaron algunos expertos.
“Primero, hay todavía un 40% de entrevista (a los candidatos a magistrados) que no tiene ninguna regulación de su contenido y que es un porcentaje alto de subjetividad. Segundo, al margen del filtro que se haga, el plenario puede proponer siempre a cualquier persona. Tercero, estas reglas son para este concurso y no hay seguridad de su permanencia para el futuro”, opinó Chinchilla, quienes parte del Foro de Justicia.
Es una preocupación que existe en otros sectores debido a las prácticas acostumbradas en el pasado. “Lo que pasa es que usted está en la Comisión de Nombramientos examinando requisitos, pero los partidos están por debajo negociando cuál es el candidato que más les conviene”, reprochó por su parte Antillón.
“Que haya un equilibro entre su capacidad como abogados y por supuesto en su integridad como personas, para que la gente vuelva a sentir que hay completa independencia”, pidió el presidente del Colegio de Abogados, Juan Luis León, quien, además, consideró que se debe abrir más espacio a personas de reconocida trayectoria pero que no han tenido carrera judicial.
Las señales de cambio están dadas, pero de las palabras a los hechos queda un empinado trayecto para que el Poder Judicial recupere credibilidad. Esto lo saben los magistrados y lo sabe el nuevo presidente de la institución, quien, a pesar de los aplausos recibidos, recalca que él no es un “salvador”.
