En tiempos de una crisis sin precedentes, Fernando Cruz es el juez escogido para liderar las transformaciones en el Poder Judicial y orientar un barco que perdió su norte en los últimos años. No es tarea menor cuando se trata de apagar el incendio en una de las columnas que sostienen el edificio democrático del país.
Este magistrado de la Sala Constitucional fue electo como presidente de la Corte en sustitución del polémico Carlos Chinchilla, quien se jubiló el mismo día en que la Corte tomaba la decisión de suspenderlo por una falta grave en la desestimación del “cementazo”.
Por este caso, que salpicó a varios funcionarios del Poder Judicial, el magistrado Cruz afirma que es urgente poner en marcha una serie de reformas, algunas desde el seno judicial, otras desde el Congreso, para evitar que una situación como estas se repita.
Habla de implementar una carrera fiscal, de cambiar la forma en que se eligen magistrados y de poner sobre la mesa la conveniencia de que los miembros de los supremos poderes sean juzgados por tribunales ordinarios y no por los magistrados de la Sala III.
El nuevo presidente de la Corte también se refirió a la situación fiscal, el impacto en los salarios públicos y la precarización laboral. Además respondió los señalamientos sobre “filtraciones religiosas” en la Sala Constitucional.
Este es un extracto de la entrevista de Cruz con UNIVERSIDAD.
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Paso a paso tenemos que dar muestras de la corrección de estas situaciones. Algunas cosas no se pueden resolver fácilmente, porque requieren reformas legales. En el telón de fondo hay un problema que es difícil por sus raíces políticas: el sistema de elección de magistrados y magistradas”.
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¿Se ve a usted mismo como un presidente de transición o de transformación?
–Me veo como un presidente de transición. Puedo ser una persona que permita direccionar y darle causa a las reformas urgentes que tiene el Poder Judicial para mejorar su función.
Usted ha sido insistente con la independencia de jueces, ¿es ese el tema medular que impulsará como presidente de la Corte?
–Es uno de los temas, pero también es importante fortalecer una mayor comprensión a la población de lo que hacemos. Se debe darle mucha atención a un tema muy recurrente pero hay que ver cómo se aborda. Puedo decir en general que hay una queja sobre la tardanza de la justicia. No es fácil de resolver. Ese es otro de los temas centrales, porque no es fácil. Quien actúa en un proceso como defensor o como una de las partes tiene interés en que el proceso se prolongue por un plazo indeterminado para que las pruebas se malogren o para que no haya un fallo definitivo. Eso es parte del juego. A veces al abogado se le contrata, no solo para que busque la justicia sino para que evite las consecuencias más graves en el proceso.
A la luz de lo sucedido en los últimos meses, ¿cómo se pueden impulsar cambios concretos en la ética de los jueces y fiscales?
–Pese a los problemas que han venido en los últimos ocho meses, no puedo ignorar que hay una cantidad importante de funcionarios y funcionarias honorables, que hacen su trabajo con mucha corrección. Eso hay que destacarlo. Claro, la espectacularidad y gravedad de los hechos de los últimos meses hace que todo esto se ignore.
Paso a paso tenemos que dar muestras de la corrección de estas situaciones. Algunas cosas no se pueden resolver fácilmente, porque requieren reformas legales. En el telón de fondo hay un problema que es difícil por sus raíces políticas: el sistema de elección de magistrados y magistradas.
Mucha gente ha criticado ese sistema, ¿es ingenuo pensar que se puede despolitizar sus nombramientos?
–Puede ser que uno piense o se plantee que eso pueda ser una ingenuidad. Lo que uno no puede dejar de hacer es de señalar la raíz y la importancia que tiene ese factor y que incide en todo el Poder Judicial. Aunque, como usted bien lo dice, puede sonar ingenuo. El origen de todas sus cosas hay que verlo integralmente en todas sus dimensiones.
Usted no quedó convencido con los cambios que implementaron los diputados de la comisión de nombramientos para las elecciones de magistrados. ¿Qué se hizo mal?
–Me parece que si la entrevista es de un 40% del valor total del puntaje final, eso deja un amplísimo espacio para la discrecionalidad en la evaluación. ¿La entrevista es para saber qué piensa el juez, cuál es su trayectoria o tiene otras connotaciones? La entrevista, si uno lo ve en el sistema norteamericano, se dirige a la ideología del juez o los actos en los que ha tenido objeciones. La entrevista debe tener un valor bastante reducido, excepto que uno pueda determinar la ideología de ese juez, cosa que los diputados deberían tener el derecho de determinarlo. Es necesario saber cuál es la orientación ideológica de ese juez, especialmente si es constitucionalista.
¿Deberíamos conocer con qué pie cojean, si son creyentes o no, si están en grupos religiosos o si son de ideología de izquierda o derecha?
–Eso sería para mí lo que justifica la entrevista. Inclusive en la carrera judicial, la entrevista tiene un valor bastante reducido porque tiene una alta subjetividad. Por supuesto que es determinante cuando voy a elegir a alguien que será mi subalterno. Esa es otra cosa, que yo quiero que refleje lo que pretendo de la institución. Esto es como caminar con arenas movedizas. ¿Cuál es el perfil del juez supremo que quiere el Parlamento? ¿Puede el diputado determinar el tipo de juez que quiere? Eso es algo filosófico y político.
¿Qué enseñanzas podemos tomar a partir de los casos concretos que sucedieron?
–Una de esas es la forma en la que se analizan las desestimaciones, eso es un tema que habría que abordar. El Ministerio Público requiere un fortalecimiento muy grande. En materia procesal, las desestimaciones deberían poderse hacer oralmente. Que sea en audiencia oral ante el tribunal, eso evitaría cualquier omisión en la que podría incurrirse. Otro tema es que los miembros de los supremos poderes deberían plantearse como idea ser juzgados por tribunales ordinarios. Cuando usted le levanta la inmunidad a un miembro de los supremos poderes lo juzga la sala penal, eso es un problema porque los magistrados son elegidos por la clase política. Debiera ser que, levantada la inmunidad, valorar si eso debiera ir a un tribunal ordinario y no a la cúspide penal. Lo planteo como una hipótesis, eso le resta presión a los magistrados de la sala penal.
Un diputado defendió su no reelección diciendo que había que enviar un mensaje a la Corte, por decisiones suyas que no gustaron a un sector. ¿Algo así le restaría presión a ustedes?
–Eso depende mucho. Aunque haya 38 votos negativos, no hay duda de que un juez a plazo es un juez débil. Los jueces de carrera que no son de la cúpula tienen una estabilidad constante, salvo que cometan una falta disciplinaria que amerite su destitución.
Parece que después de la crisis viene el aprendizaje y las correcciones. ¿Cuál es el mínimo común denominador, por así decirlo, en los casos de deshonestidad y falta de ética en el Poder Judicial ocurridos en el último año?
–El mínimo común de lo que veo es lo que nosotros podemos aprobar y conseguir del Parlamento en relación a una agenda de justicia. También podemos hacer reformas que no requieren cambiar leyes. Por los años que tengo estoy consciente de las limitaciones de los humanos. Uno no puede pensar en una institución perfecta, pero sí en una institución que reacciona y que va tomando medidas para impedir que las opacidades se conviertan en sospechas y deslegitimen a todo el sistema.
En tiempos de fuertes cuestionamientos a ustedes, ¿qué tan importante es tener buenos salarios en el Poder Judicial?
–Es muy importante, lo que pasa es que vivimos una era de la reducción del Estado, de lo público. No hay duda de que hay una estrategia para reducir lo público. Es cierto que puede haber algunos rubros de gastos que son insostenibles, inadecuados o desproporcionados, eso hay que evaluarlo. Pero, para construir un buen Poder Judicial hay que atraer talentos, eso requiere de salarios razonables, que reconozcan sus estudios y experiencia.
A veces se quiere poner una tabla rasa sobre todos los rubros de reconocimiento salarial y eso es erróneo.
¿Cómo valora el ascenso del discurso punitivista en las pasadas elecciones?
–El punitivismo o una visión estrictamente punitiva de la reacción penal tiene muchos adeptos porque es la cuestión más fácil, pero no hay duda que incide en la elección de los magistrados de la Sala III y en menor grado de los jueces de la Sala Constitucional, quienes definen el contenido de esas reglas. Creo que con el punitivismo no se va hacia ningún lado, salvo que haya, no dudo que debe ser, un Estado de derecho que impone las penas y se ejecuten de acuerdo con los principios constitucionales y de derechos humanos.
El magistrado Robleto denunció filtraciones religiosas en la Sala Constitucional, eso llamó mucho la atención. ¿Cuál es su opinión?
–Él está mencionando algo que está en la atmósfera de los jueces. El ideal sería que nuestros valores éticos y religiosos no tengan incidencia en la forma en que vemos los hechos de la vida terrena. Don Jaime está apuntando a eso, él tendrá sus razones. No hay duda de que el juez, a la hora de resolver, debe procurar que esas valoraciones religiosas no incidan en una sociedad con tantas visiones. Uno está para todos los ciudadanos y no para un sector. Es parte de un abecé filosófico de un juez. Mis valores no deben ser la única guía para mi decisión y no debo olvidar que hay muchas personas que no piensan respecto a cosas religiosas de manera igual que yo lo hago. Así como yo no puedo resolver conforme a lo que dice la opinión pública o un tribunal de la multitud, tampoco puedo resolver con una visión que ignore que hay una gran cantidad de personas con distintas ideologías, credos y visiones. Somos una sociedad pluralista. El juez no es el juez de un sector, es el juez de todos.
El candidato más crítico con el tema de presupuestos y salarios fue Fernando Castillo, quien parecía enfático en querer entrarle a este tema. Es usted más conservador en ese sentido, ¿o me equivoco?
–No, quizás ni una cosa ni la otra. Si se trata de revisar salarios, estímulos o pluses, se puede hacer. Me parece que hay muchos de los rubros, por ejemplo el reconocimiento gerencial, que está incluso cuestionado constitucionalmente. Hay que evaluarlo con mucho detenimiento porque tiene que ver con el reconocimiento de una condición profesional, de una experiencia, del conocimiento acumulado en años de estudio. Ni quiero decir que esto es inamovible pero tampoco puedo presumir, porque haya objeciones, que todo lo que se paga en el Poder Judicial obedece a criterios poco fundados en lo técnico.
¿Considera que está satanizado?
–Hay una visión de que todo lo que se gane en el sector público se obtiene por privilegios y gollerías. Si usted mezcla las convenciones colectivas con los pluses salariales y con la valoración de los estudios de esas personas, sus méritos, responsabilidades, al final es una mezcla tan grande que la opinión se inclina a pensar que en el sector público se paga muy bien. No se dice al revés: ¿no será que en el sector privado se paga mal?
¿Se ha debilitado el aprecio del costarricense por la institucionalidad y democracia y ha ganado terreno el discurso de derechas?
–No me atrevería a decir que un discurso conservador ha ganado. Sé que el déficit fiscal nos pone en una situación muy difícil y justifica una reducción de lo público. Si no se resuelve vendrá el FMI, nos dirá las soluciones y estas siempre serán en perjuicio de toda la población y del sector público, especialmente. Si no resolvemos el tema de la carga tributaria, es muy difícil que vayamos a sostener un Estado social como el que se ha tratado de construir.
¿Qué derechos puede garantizar un estado quebrado?
–Serán solo los individuales, relativamente. En el común de las personas, en su diario quehacer, solo importan los derechos individuales, pero los derechos sociales son fundamentales, aunque no venden. Uno de ellos es la tutela del ambiente. Es un derecho social que muchas veces sufre debilitamientos y embates.
Nuestra situación es tan difícil que no hay un paradigma para salarios justos y más prosperidad. Nuestra aspiración es que haya trabajo, sin importar si se paga bien o es digno. Ese no es un tema que se discuta actualmente. Si uno ve las aspiraciones de lo que se hizo en las reformas sociales de los cuarentas, muchas cosas siguen pendientes, como un sueño. El único paradigma de desarrollo que tienen los ciudadanos costarricenses es el capítulo de garantías sociales de la Constitución. Los partidos no tienen un paradigma claro de cómo debería ser una sociedad más justa y equitativa.
