Retirar el plan de reforma fiscal: Un pedido sindical que llegó a oídos sordos

Mientras los grupos sindicales exigen retirar el proyecto fiscal de la corriente legislativa, el Gobierno evitó corte en servicios públicos y los diputados apuntan a discutir la reforma en los próximos 30 días.

Trabajadores y grupos sindicales se levantaron en huelga desde este lunes para exigir al Gobierno y a los diputados retirar el plan de reforma fiscal de la corriente legislativa, una petición muy ambiciosa que, sin embargo, llegó a oídos sordos.

Por un lado, el Gobierno más bien optó por solicitar a los tribunales la ilegalidad de la huelga, mientras que el Legislativo —principal encargado del trámite de la reforma— terminó de afinarla para su próxima discusión en el Plenario.

El plan fiscal fue entonces inmune al paro y a las manifestaciones, en parte también porque la mayoría de las fuerzas de oposición del Congreso ni siquiera respaldaron el movimiento.

Por el contrario, los diputados de la Comisión Especial que tramita el proyecto terminaron este lunes sus labores y enviarán el proyecto esta misma semana al Directorio legislativo, donde lo recibirán antes de que los 57 diputados lo discutan y lo voten en primer debate, trámite para el que se estima un lapso de entre tres y cuatro semanas.

En ese periodo, se abrirán dos sesiones para presentar reiteraciones de posibles cambios al proyecto, a las que seguirán otras seis sesiones para la discusión de las mismas y finalmente la discusión en primer debate, en la que cada diputado podrá intervenir por diez minutos para hablar a favor o en contra del documento.

El plan fiscal no se detuvo con la huelga ni con grupos de gente en las calles. Siguió avanzando en medio de un ambiente político en el que parece cada vez más encaminado.

Factor oposición

El respaldo a la huelga desde las fracciones legislativas a cargo de la oposición fue mínimo, ese factor explica en buena medida por qué las repercusiones políticas de la protesta fueron pocas en el Congreso.

Destacó principalmente la posición del Partido Liberación Nacional (PLN), mayoritaria en el Plenario con 17 de los 57 diputados y cuyo jefe de fracción, Carlos Ricardo Benavides, fue enfático desde el fin de semana, cuando dijo que “no respaldarían la huelga”.

Según Benavides, la postura de su partido buscó mantenerse lejos de las que asumió el Partido Acción Ciudadana (PAC) cuando fue oposición a los intentos de reforma que realizó la expresidenta Laura Chinchilla, un hecho que recuerdan pero ante el que no quieren tomar represalias por “responsabilidad” fiscal con el país.

“Seríamos irresponsables si asumiéramos un comportamiento de venganza contra el PAC si eso lo que hace es dañar a la ciudadanía. Es decir, nosotros nunca vamos a olvidar todas las afrentas de parte del PAC, del Frente Amplio (FA) y del Movimiento Libertario (ML) cuando fuimos gobierno, pero eso no quiere decir que el partido vaya a sacarse el clavo haciéndole un daño a las finanzas públicas del país y, por ende, un daño a las personas que menos tienen, que serían los primeros afectados si se viene una crisis”, comentó.

Tampoco respaldaron la huelga la segunda y la tercera bancadas más grandes de oposición, Restauración Nacional (PRN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC); quienes suman 50 de los 57 legisladores en Cuesta de Moras junto con los diputados del PLN y del bloque oficialista.

Por un lado, el PRN afirmó que no se sumaría aunque compartían diferencias con el texto, especialmente por gravámenes muy específicos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica (1%), los servicios de salud privados y los medicamentos (2%); mientras que el PUSC, en palabras de su diputado Pedro Muñoz, se limitó a decir que “vivimos en un país libre en el que todo el mundo se puede manifestar, con responsabilidad y respeto”, aunque reconocieran las diferencias de criterios.

Falta sintonía

Otro punto que frenó cualquier atención del Congreso a las peticiones sindicales es la ya conocida falta de sintonía entre el bloque sindical y los diputados, que en su gran mayoría se desligaron de sus acciones.

Especialmente fue notorio en el caso del PAC, que incluso organizó una conferencia de prensa desde el mediodía del lunes para acusar a las representaciones “encabezadas por Albino Vargas” de utilizar “mentiras y desinformación” para atacar un proyecto que limita algunos de sus privilegios.

Esas palabras las emplearon los diputados oficialistas Enrique Sánchez y Laura Guido, quien añadió que “tenían la certeza de que la huelga fue manipulada con mentiras y desinformación para que la gente piense que su realidad está en riesgo cuando la realidad es que no aprobar el proyecto fiscal pondría en riesgo las finanzas del Estado y dificultaría su capacidad de cumplir con los compromisos que tiene”.

También fue claro el disgusto de los liberacionistas, como dejó claro la congresista Yorleny León, una de las tres diputadas de su fracción en la comisión fiscal, quien también acusó a los representantes sindicales de actuar basados en intereses totalmente particulares.

Según León, el proyecto “regula una serie de abusos que por muchísimos años los sindicatos le han impuesto a este país”, a través de topes a las cesantías, reducciones en incentivos como los pagos de prohibición y de dedicación exclusiva, mayores cargas para los salarios superiores a los ¢2,1 millones y el congelamiento de algunas retribuciones, medidas que disgustan en esos grupos.

Más fuerte aún con los sindicatos fue el liberacionista Benavides, quien afirmó que “la huelga es un instrumento recogido por la ley, siempre y cuando cumpla con los requisitos que el Código Procesal establece para que se desarrolle”, pero que “los bloqueos en carretera no son solo un delito, sino la forma más retorcida que han encontrado los sindicatos para disimular la debilidad de sus actos”.

Además del PLN y del PAC, representantes del PRN y del PUSC también recriminaron que se realizara una huelga y la posibilidad de que se atentara contra ciertos derechos del resto de la población con ella, tanto la libertad de tránsito como la oferta de los servicios esenciales.

Las excepciones

Los apoyos a la huelga fueron reducidos entre las fuerzas políticas nacionales; sin embargo, algunos diputados de fracciones minoritarias mantiene su oposición al proyecto.

Entre ellos, se han manifestado abiertamente en contra de la redacción actual del proyecto el integracionista Walter Muñoz, en nombre de su bancada de tres diputados; el frenteamplista José María Villalta, único de su fracción; y el republicano socialcristiano Dragos Dolanescu.

Sin embargo, el más activo de ellos, junto con los grupos que se manifestaron a las afueras de la Asamblea Legislativa en los últimos días, fue Villalta, quien este lunes incluso reiteró su total disgusto con el proyecto en un discurso que brindó sobre la tarima de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) ubicada en el sitio.

Desde que inició sus funciones, Villalta ya visualizaba que la oposición a la reforma fiscal que se impulsaba desde el gobierno anterior sería complicada por la correlación de fuerzas en el Plenario; sin embargo, advertía que sería importante convocar fuerzas que estaban fuera del Congreso para emparejar la situación, tomando en cuenta que muchas no estaban representadas.

“Son muchos factores y el gran reto que tenemos es convencer a otras fuerzas políticas de nuestras tesis y lograr que se movilicen otros sectores de la sociedad que no se sienten representados en esta Asamblea, con los que podamos mejorar la correlación de fuerzas”, había comentado desde mediados de abril, antes de iniciar sus funciones.

“Este gobierno Piza-Alvarado cree que (la huelga) va a ser flor de un día, pero le hemos dicho que se equivocan, este movimiento va para largo (…) Aquí en la Asamblea, aunque solo sea un diputado, va a estar representada su voz y vamos a dar la lucha, desde adentro y con ustedes en las calles”, advirtió desde la tarima este lunes, aunque no evitó recordar los números en el Congreso.


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